Los ex Cancilleres abajo firmantes condenamos enérgicamente al gobierno de Benjamín Netanyahu y al Estado de Israel por su acción indiscriminada contra la población civil en Gaza, al margen del Derecho Internacional y, especialmente, del Derecho Humanitario.
Desde que Israel rompiera unilateralmente con el cese del fuego el 18 de marzo, cerca de 2.000 palestinos han muerto en Gaza, la inmensa mayoría civiles. A pesar de que la situación humanitaria en Gaza es insostenible, el 5 de mayo el gabinete israelí acordó intensificar las acciones militares, lo que ha significado más muertes y destrucción.
Es urgente que se acuerde el cese al fuego en todo el territorio de Gaza, que se permita el tránsito sin restricciones de la ayuda humanitaria y se restablezca el Derecho Internacional.
Nuestra condena se extiende, clara y categórica, contra la acción terrorista de la milicia Hamas contra la población civil en Israel, el 7 de octubre de 2023. Se trató de 1.200 víctimas fatales entre niños, mujeres y familias, y del secuestro de 250 personas, algunas de los cuales aún permanecen en cautiverio.
Demandamos la liberación inmediata de los rehenes restantes. Frente a ese ataque armado, le asistió a Israel el derecho a la legítima defensa, conforme al artículo 51, Capítulo VII, de la Carta de Naciones Unidas.
Eso no está ni puede estar en discusión. Sin embargo, hemos presenciado con estupor el ataque indiscriminado que han llevado a cabo el gobierno de Netanyahu contra la población civil en el territorio de Gaza, que ha costado la vida a 53.000 personas, entre ellos, niños, mujeres y familias enteras, decenas de miles de heridos y cientos de miles de damnificados y desplazados, además de la destrucción sistemática de buena parte de la infraestructura, incluyendo viviendas, barrios enteros, escuelas y hospitales.
Particularmente grave es la negativa a permitir la ayuda humanitaria sin restricciones que la población imperiosamente requiere, generando un peligro de hambruna generalizada.
Con el bloqueo total decretado por el gobierno de Netanyahu a la Franja de Gaza, más el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas desde el norte de Gaza hacia el sur, y los bombardeos contra barrios enteros, Israel está incumpliendo obligaciones que emanan de las normas del Derecho Internacional, incluyendo la proporcionalidad y la necesidad de distinguir entre combatientes y población civil, además de la obligación de tomar las medidas precautorias para evitar el daño a civiles.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha expedido, en noviembre de 2024, una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu y de su ex ministro de defensa Yoav Gallant, así como contra el comandante de Hamas Mohammed Deif (presuntamente muerto), por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y se encuentra investigando, en el caso de Israel, como su fiscal ha señalado pública y formalmente, la posible comisión del delito de genocidio.
Cabe tener presente que 124 estados miembros de Naciones Unidas (ONU) han adherido al Tratado de Roma que creó esta importante institución en 2002. Aunque el estado de Israel desconoce esa competencia, en 2021, la CPI resolvió que sus propias competencias se extienden a la Cisjordania y Gaza desde que la secretaría general de la ONU aceptó la adhesión de los palestinos al Estatuto de Roma.
Anteriormente, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una resolución conminando a Israel a cesar inmediatamente su ofensiva militar en la zona de Rafah de la Franja de Gaza, así como “toda acción que pudiese infligir en el grupo palestino en Gaza condiciones de vida que pudiesen significar su destrucción física total o parcial”.
La comunidad internacional debe presionar para la obtención de un cese al fuego que permita el ingreso y tránsito de la ayuda humanitaria internacional sin restricciones, bajo la supervigilancia de la ONU.
El informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados sostiene que la violencia que Israel ha desatado tiene como fin “provocar el desplazamiento forzado y la sustitución de los palestinos”, lo cual “podría causar un perjuicio irreparable a la propia existencia del pueblo palestino en Palestina”.
Finalmente, nos asiste la convicción de que no habrá paz verdadera entre judíos y palestinos mientras no se reconozca la existencia de dos estados, Israel y Palestina, coexistiendo uno al lado del otro, sobre la base de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas.
Que las palabras y el llamamiento a la paz del recientemente electo Papa León XIV no caigan en el vacío. Es un deber de la comunidad internacional, sus instituciones y Estados, contribuir a la paz y la seguridad en el Medio Oriente, poniendo fin a la guerra de Gaza.
Mariano Fernández Alejandro Foxley
José Miguel Insulza
Heraldo Muñoz Antonia Urrejola
Ignacio Walker
Ex Cancilleres de Chile
Santiago, 19 de mayo de 2025