La ofensiva de Jara contra Jorge Quiroz: el economista del Comando de Kast detrás de múltiples casos de colusión

Esta mañana, en el matinal de Canal 13, Jeannette Jara arremetió contra Jorge Quiroz, asesor económico de su contendor José Antonio Kast, acusándolo de haber jugado un rol clave en uno de los mayores casos de colusión del país.

“El principal asesor económico de Kast es el abogado que estuvo metido en toda la colusión de las farmacias, y nadie se los pregunta. Que la gente lo sepa: la colusión de los medicamentos la organizó el asesor económico de Kast”, afirmó la candidata.

Las críticas de Jara se sustentan en los antecedentes del Caso Farmacias (2009–2012), donde Quiroz actuó como perito y autor de informes en defensa de Salcobrand. En su declaración ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), sostuvo que “no existen indicios de colusión en este mercado” y que había “rivalidad de precios evidente”. Incluso elaboró nuevos análisis estadísticos para desacreditar las pruebas de coordinación.

Sin embargo, en 2012 los tribunales determinaron que sí hubo colusión entre Cruz Verde y Salcobrand, imponiendo multas cercanas a 20 mil UTA a cada cadena. El fallo contradijo directamente las conclusiones presentadas por Quiroz.

Desde organizaciones de consumidores, como CONADECUS, han cuestionado reiteradamente su rol. Su presidente, Hernán Calderón, ha señalado a Quiroz como uno de los economistas que más daño ha causado a los consumidores debido a peritajes que —según la entidad— tendían a minimizar o justificar conductas colusorias.

Pero el Caso Farmacias no es el único en el que aparece su nombre. También figura en el Caso Pollos, donde entre 1994 y 2010 las principales empresas avícolas coordinaron precios, cuotas y restricciones de mercado. En este proceso, el TDLC identificó a Quiroz como el autor del modelo de estimación de consumo utilizado por Agrosuper, Ariztía y Don Pollo para asignar cuotas de producción.

Correos de 2009 muestran a ejecutivos trabajando con su oficina para “introducir pequeños ajustes” al modelo, y ex trabajadores declararon que las cifras a producir se calculaban a partir de sus análisis. Además, aparece como asesor de la APA en reuniones donde se discutían acciones coordinadas.

El TDLC y la Corte Suprema confirmaron la existencia de una colusión sostenida por años, aplicando multas por 72.000 UTA. En ese contexto, Quiroz fue mencionado como el arquitecto técnico que permitió mantener el esquema operativo del cartel. Aunque él ha negado haber impulsado prácticas anticompetitivas, su trabajo fue citado como parte central del funcionamiento del acuerdo ilegal.

Por otro lado, Quiroz también estuvo ligado al Caso Metrogas, donde asesoró a Metrogas en temas regulatorios durante la creación de la estructura Metrogas–AGESA, que permitió a la empresa sobrepasar los topes de rentabilidad permitidos. Este mecanismo elevó las cuentas del gas entre un 12,7% y 20,2% para los hogares. Sus informes fueron clave para sostener que no había ganancias indebidas, lo que finalmente impidió compensaciones a los consumidores.

Quiroz también ha sido vinculado al Caso Navieras, donde elaboró un informe para Mitsui, matriz de MOL, una de las navieras acusadas de coordinar precios en el transporte marítimo de autos. Aunque la Corte Suprema aplicó multas por cerca de US$ 30 millones, la empresa logró alivios procesales debido a prescripciones. Su rol volvió a ponerlo en el centro de cuestionamientos por asesorar a compañías involucradas en casos de colusión.

Otro de los casos de Quiroz es el Caso Asfaltos. En esta ocasión, los informes técnicos de Quiroz fueron utilizados en la defensa de Asfaltos Chilenos, una de las firmas investigadas por reparto de mercado. Su trabajo apuntó a desestimar los indicios de coordinación entre las empresas, en un mercado donde la FNE había identificado acuerdos que distorsionaron la competencia. Una vez más, su participación resultó central en las estrategias defensivas de compañías investigadas.

A lo largo de su trayectoria, Quiroz ha asesorado a grandes grupos empresariales en energía, combustibles, litigios y libre competencia, influyendo en debates regulatorios relevantes. Sus detractores lo acusan de ser “pro colusión” y “anticonsumidores” por el tono de sus informes en casos polémicos. Sus partidarios, en cambio, lo defienden como un economista sólido y “pro competencia” que ha sido objeto de interpretaciones exageradas.