Las comunidades del norte de Chile denuncian serias irregularidades por el acuerdo entre Codelco y SQM por el litio en el Salar de Atacama.
En San Pedro de Atacama, en abril del 2025 se llevó a cabo la décima sesión de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, celebrada en pleno desierto nortino, donde representantes de comunidades atacameñas entregaron un demoledor testimonio respecto al acuerdo de asociación entre la estatal Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama.
Las voces de las comunidades no sólo denunciaron un proceso opaco y excluyente, sino también una serie de irregularidades, presiones indebidas, vulneraciones a derechos indígenas y graves falencias medioambientales.
“Esto no es una consulta, es una imposición maquillada”, sostuvo Lady Sandon Cheuquepil, presidenta de la Comunidad Atacameña de Coyo, quien relató en detalle lo que considera un “soborno disfrazado de relacionamiento comunitario”.
Por Bruno Sommer
Presiones, pagos y fragmentación social
Uno de los pasajes más impactantes de la sesión fue la acusación directa de Sandon contra operadores vinculados a SQM y sus fundaciones. Relató que en 2022 recibió un ofrecimiento explícito:
“¿Usted tiene doble voz? ¿Qué quiere? ¿Un auto? ¿Una parcela? ¿Un departamento?”, le dijeron —según afirma— en el contexto de su rol dirigencial. “Eso está grabado”, aseguró ante los diputados.
A su juicio, estas prácticas han generado un quiebre social:
“Existe una fractura social… Nos dicen Lucanantay por haber pedido transparencia. Y lo que algunos llaman aporte comunitario, no es otra cosa que compra de voluntades”, sentenció Sandon.
UNA CONSULTA VICIADA
El informe de la Comsion Especial Investigadora de la Cámara en relación al Acuerdo suscrito entre Codelco y SQM, el cual fue votado por 10 votos a favor y la única abstención de la diputada del Frente Amplio, Clara Sagardia, señala sobre la consulta indigena que “conforme las obligaciones establecidas para el Estado de Chile en el Convenio 169 de la OIT, tratados internaciones suscritos por Chile sobre derechos de pueblos originarios y conforme la normativa interna, se debe efectuar un proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, y en particular el pueblo atacameño, que se encuentren afectados por la explotación de litio en pertenencias del fisco ubicadas en del Salar de Atacama a partir del Acuerdo de Asociación suscrito entre CODELCO y SQM.”

En este sentido el informe es tajante en señalar que “se puede observar que la referida consulta no está cumpliendo con los parámetros señalado, en la medida que el proceso de consulta indígena ha sido parcial, ya que no se ha consultado el acuerdo de Asociación suscrito entre Codelco y SQM y sus anexos, sino solo dos borradores de contratos («arriendo» y «proyecto») que abarcan una fracción de las materias que pueden afectar a las comunidades y organizaciones indígenas ubicadas en el área en que se desarrollará la explotación proyectada. Además las condiciones materiales de la consulta impiden que las organizaciones cuenten con el tiempo suficiente para poder evaluar de forma real los antecedentes, de manera que puedan incidir de manera efectiva en aquello que se consulta. Sin información completa, oportuna y fidedigna, ni con apoyo y tiempo suficiente para analizarla, la consulta se transforma solo en un trámite que incumple los estándares establecidos por la legislación interna e internacional sobre esta materia.”
Uno de los asesores de las comunidades que han participado de la consulta, y que solicitó la reserva de su identidad por temor a represalias, señala que “este proceso está completamente viciado. Acá se pretende que las comunidades analicen y aprueben a la rápida, en tres meses, dos contratos complejos y sus anexos, los cuales van a definir el futuro del Salar de Atacama para los próximos 35 años. CORFO sólo ha entregado información parcial, ya que no están consultando el Acuerdo de Asociación para la explotación del Salar de Atacama hasta el 2060 que firmó Codelco con SQM en mayo del año 2024, sino solo algunas cláusulas de dos borradores de contrato, denominados “arriendo” y “proyectos”, que abarcan una mínima fracción de las materias que van a afectar a las comunidades. En este sentido lo más relevante es la conservación ambiental, ya que se pretende pasar desde una explotación de 160.000 toneladas anuales a 300.000 toneladas anuales a partir del 2031, pero no se entrega ningún antecedente técnico ambiental que permita mínimamente decir que con esto no se va a provocar un grave daño al ecosistema del Salar donde se emplazan las comunidades. La publicidad promesa sobre el uso de nuevas tecnologías limpias y de extracción directa que disminuyan sustantivamente el uso de agua en el proceso de explotación de litio es solo eso, ya que no se contempla ninguna obligación de implementarlas. Además Corfo oculta permanentemente los términos y condiciones de la explotación de potasio, que es un tremendo negocio del acuerdo para SQM, sobre lo cual no hay consulta.”
El profesional agrega que “es un escenario realmente grotesco , ya que en la práctica para SQM, que usa a Corfo y Codelco intermediario, todo se reduce a ofertones en dinero y la amenaza que si esto “no sale rápido” las comunidades y sus miembros se van a “quedar sin nada”, apostando a que lo único que al final les importaría realmente a los pueblos originarios del Salar es recibir la mayor cantidad de dinero lo antes posible, y que con eso van a pasar sin problema esta pseudo consulta express. Y en ese contexto además SQM busca obtener un tremendo beneficio económico, con aval de Corfo que en la práctica ha actuado como su abogado en la consulta, ya que proponen entregar a distintos organismos públicos y de la sociedad civil por una explotación anual de 300.000 toneladas de litio un monto máximo que es equivalente a lo mismo que hoy aporta Albemarle por 80.000 toneladas anuales de explotación de litio en el Salar.”
SQM: de las infracciones ambientales al “relato verde”
Las críticas no se limitaron a lo ético. Se expusieron serias falencias técnicas y medioambientales atribuidas a SQM. Según Lady Sandon, la empresa acumula al menos cinco infracciones graves, entre ellas: secar la laguna de Algarrobos, sobrepasar las cuotas de extracción de agua, y no activar planes de alerta temprana.
“Hoy dicen que están haciendo sus ‘mejores esfuerzos’. Pero sus planes de cumplimiento aún no se ejecutan plenamente”, denunció Sandon frente a la Comisión.
Otro punto crítico es el uso de agua dulce, considerada sagrada por las comunidades. Sandon pidió expresamente que se clausuren los pozos que la empresa utiliza:
“El agua no es solo un recurso, es un espíritu vivo para nosotros”, afirmó.
Recordemos que para la producción de una tonelada de carbonato de litio se necesitan entre 200.000 y 2 millones de litros de agua, dependiendo del método de extracción.
Falta de transparencia, letra chica y simulación de consulta
Las comunidades denunciaron que el convenio entre Codelco y SQM fue negociado “entre cuatro paredes”, sin participación real y con documentos ocultos o entregados tardíamente. “Nos hicieron firmar declaraciones de confidencialidad, y aún así nos enteramos por la prensa”, relató Lady Sandon.
Entre las anomalías señaladas destaca que :el contrato incluiría más de 40 cláusulas no socializadas, no existiría cláusula de quiebra ni garantías ambientales efectivas, el balance hídrico -clave en el ecosistema del salar- estaría ausente, y las fundaciones relacionadas a SQM habrían entregado bonos de $1.500.000 sin criterios claros ni equidad entre comunidades.
“La consulta indígena no fue tal. Acarrearon personas solo para votar. Dividir para gobernar, eso fue lo que hicieron”, dijo Sandon, visiblemente afectada.
Diputados denuncian posible corrupción y piden intervención del Ministerio Público
La gravedad de los testimonios provocó una fuerte reacción en la comisión. El diputado Miguel Ángel Calisto (Independiente – Demócratas) solicitó que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público por posible cohecho, corrupción y manipulación del proceso indígena.
“Lo que se ha señalado aquí es gravísimo. Hablamos de un contrato millonario firmado con vicios y presiones inaceptables”, señaló Calisto.
También intervinieron los diputados Cristián Tapia Ramos (IND – PPD) y Tomás De Rementería Venegas (PS), quienes valoraron el testimonio de Sandon y se comprometieron a solicitar acceso completo a los contratos firmados entre Codelco y SQM.
Más allá del litio: deuda histórica y futuro incierto
Más que litio, las comunidades piden restauración ecológica, justicia territorial y respeto a su cosmovisión.

“No estamos en contra del progreso, pero no de este modelo extractivista que pone en riesgo nuestras aguas, culturas y formas de vida”, declaró Lady Sandon.
Yermin Vásquez Mondaca, presidente de la comunidad de Toconao, expresó con firmeza su preocupación por el trato desigual y el impacto directo que sufre su comunidad:“Los pueblos que están en el territorio donde se explota la riqueza deben tener la defensa, el control y la participación de los resultados de esa riqueza. […] Hay una afectación diferenciada. Quienes están más cerca de donde se explota, obviamente sufren mayor afectación”.
Vásquez también criticó la improvisación del proceso y la falta de respeto a la lógica territorial, pidiendo a la comisión “probidad y objetividad” en su evaluación del contrato Codelco–SQM.
Mientras tanto, la Comisión ha concluido sus sesiones y decidió que la asociación debe ser declarada nula, tanto por las vulneraciones a las comunidades indígenas como por el daño al herario público que conlleva el acuerdo que fue llevado adelante de forma opaca como se ha podido constatar.
Pero en el fondo del Salar, donde un flamenco bebe agua de una laguna retirada, las preguntas persisten: ¿Es este el litio del futuro o el eco de una historia repetida?
Por Bruno Sommer
El Ciudadano