México: Pueblos originarios asestan duro golpe a partidos políticos

Para 2018 los partidos políticos están obligados a incluir como candidatos a aspirantes de pueblos originarios en 13 distritos federales electorales de 28 que establece la normativa.

Por mauriciomorales

29/01/2018

Publicado en

México / Portada / Pueblos

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), otorgó la razón a la Red Nacional Indígena (RNI), y con ello asestó un duro revés a los partidos políticos. Además con este fallo enriqueció el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por el que se determinan los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral federal 2017-2018, buscando fortalecer las medidas en favor de la población indígena, al aumentar a 13 los distritos electorales donde se deberán postular únicamente a ciudadanos indígenas.

La RNI expresó su beneplácito por esta medida inicial pero es insuficiente para que los más de 20 millones de indígenas, según la Encuesta Intercensal del 2015 del INEGI, cuenten con representantes en el Congreso mexicano.

Marcos Matías Alonso, Carlos de Jesús Alejandro, Larisa Ortiz Quintero y Jerónimo López Marín, en representación de la Red Nacional Indígena, adelantaron que buscarán que esta Acción Afirmativa no sea exclusivamente para este proceso, sino que vaya más allá, “desde una regiduría hasta la presidencia de la República”, declararon, en referencia a la candidatura de la dirigente indigena María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy.

Para 2018, los partidos políticos están obligados, informaron, a incluir como candidatos a aspirantes de pueblos originarios en 13 Distritos Federales electorales de 28 que establece el Instituto Nacional Electoral, con lo que al menos cuatro millones de electores indígenas contarán con diputados federales. De éstos en 12 Distritos deben de ser seis mujeres y seis hombres.

A los partidos políticos les corresponde acatar la sentencia de los magistrados o caer en desacato.

La batalla en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no ha sido sencilla. Se presentaron 19 impugnaciones a favor y en contra de la intención de los representantes de los partidos políticos en el INE de anular el derecho de los pueblos indígenas a contar con legisladores o legisladoras federales.

La Red Nacional Indígena considera que esta resolución asegura que los representantes que sean electos formen parte de las comunidades y pueblos indígenas, en especial porque los y las aspirantes deben haber prestado servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales, participado en reuniones al interior de la comunidad o haber sido representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones, estipula el fallo del TEPJF.

En la contienda contra la oposición de los partidos políticos, sobresalieron los dirigentes de la Red Nacional Indígena (RNI) Jerónimo López Marí y Ñuu Savi de Oaxaca, Juan Gabriel Méndez López, Tzeltal de Chiapas, Fidencio Romero Tobón, Náhuatl de Puebla, y Mario de Jesús Pascual.

Pero esta contienda no concluye aún. Existen otras demandas como la creación de una Circunscripción Plurinominal para pueblos indígenas que fue bien recibida en distintos ámbitos y del Instituto Nacional Electoral.

Jerónimo López Marín, mixteco de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca, dio informó que el 15 de diciembre entregó un oficio dirigido a Lorenzo Córdova, Consejero presidente del INI, en el que le pide que la instancia recomiende a los Organismos Públicos Estatales Electorales (OPLES), emitan los lineamientos para garantizar la representación política de los pueblos y comunidades indígenas a través de la Acción Afirmativa correspondiente.

En el mismo sentido dirigió otro documento a Mario Velázquez, Consejero del INE de la Ciudad de México para el mismo efecto.

La lucha es larga, subrayaron, pero mantienen su expectativa en obtener mayores victorias, por contar con el acompañamiento de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, un organismo autónomo del Tribunal.

El tiempo dirá la última palabra y se conocerá si los partidos políticos acatan el resolutivo judicial o como mencioné anteriormente se hacen acreedores a una sanción desacatando su obligación.

Y la justicia tiene bastante trabajo. Está la simulación o contubernio de los gobiernos del estado de Chiapas, Guerrero, Oaxaca o Michoacán, que han permitido el aumento de hostilidades en municipios indígenas, donde los originarios, con sus sistemas normativos, están decidiendo ser gobernados a través de asambleas comunitarias y no por partidos políticos.

Así, en este escenario, las elecciones federales de 2018 se verán agitadas.

Por Genaro Bautista

Gentileza de IPS

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