Mientras en el Senado de Argentina se discutía la cuestionada reforma laboral impulsada por Javier Milei, miles de trabajadores protestaron frente al Congreso. Sin embargo una vez más las fuerzas de seguridad dispersaron a la multitud con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. Los jubilados fueron los primeros en sufrir la represión, que dejó un saldo de más de 30 detenidos y cientos de heridos.
Miles de personas se convocaron frente al Congreso de Argentina para expresar su rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Lo que comenzó como una movilización pacífica y multitudinaria en defensa de las y los trabajadores terminó con una brutal represión de las fuerzas federales y la policía porteña. Pasadas las tres de la tarde, cuando el debate en el Senado se encontraba en pleno desarrollo, un grupo pequeño de personas encapuchadas comenzó a tirar piedras, proyectiles improvisados y cañitas voladoras por encima del vallado que tapaba todo el frente del Congreso y detrás del que se apostaron cientos de efectivos.
Como se ha hecho costumbre durante la administración del denominado «libertario», las fuerzas de seguridad respondieron de manera violenta. Según denunciaron dirigentes sociales y organismos de derechos humanos presentes en el lugar, la represión alcanzó primero a los jubilados que participaban pacíficamente de la manifestación.
Posteriormente, los gases lacrimógenos y los camiones hidrantes avanzaron sobre la multitud y la columna completa fue dispersada con balas de goma, gas pimienta y un despliegue terrestre que incluyó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
En la intersección de Sáenz Peña e Yrigoyen, al menos dos personas fueron detenidas, mientras que la Policía de la Ciudad bloqueó el paso de periodistas en Alsina y San José y los amenazó con atacar.
El cronista de Radio Gráfica Mario Sadras fue uno de los afectados: “Me apuntaron a la cabeza, me pegaron a centímetros del ojo”, declaró el periodista, dando cuenta del nivel de violencia con el que actuaron las fuerzas de seguridad.
Justificación del gobierno «libertario» a la represión
El operativo estuvo a cargo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien en un mensaje compartido en sus redes sociales indicó que las manifestaciones debían ser pacíficas y que cualquier hecho de violencia sería reprimido.
Según la secretaria de Estado se produjeron agresiones al personal de seguridad y algunos manifestantes estaban armados con morteros, molotovs y gomeras con tuercas, y afirmó que habían sido identificados.
«Son decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir a nuestro personal y generar caos. Las van a pagar. Quienes atacan a las Fuerzas enfrentarán todo el peso de la ley», indicó en un mensaje compartido en su cuenta en X.
El ministro del Interior, Diego Santilli, también se pronunció sobre las detenciones.
«Por más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale si o si. Se les acabó la joda», escribió en X.
Por su parte, la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, compartió un mensaje que retuiteó el propio Milei.
«El único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza. La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y «ganen» en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan», escribió Bullrich.
La Policía de la Ciudad emitió un comunicado en el que reconoció la existencia de personas detenidas a “disposición de la Unidad flagrancia Este donde la doctora Malena Mercuriari avaló las detenciones”. Asimismo, informó que les fueron imputados los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones e incendio, según el caso.
Cifras de la represión: detenidos, heridos y demorados
“El tándem Bullrich-Monteoliva desplegó toda su expertise dentro y fuera del Congreso para instaurar la reforma laboral libertaria”, señalaron en tanto los organismos de derechos humanos que monitorearon la marcha, quienes compararon el accionar estatal con el desplegado durante el tratamiento de la Ley Bases por la violencia institucional ejercida contra los manifestantes.
En conversación con Página/12, la abogada Carmen Verdú de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) confirmó que habían sido convalidadas por la fiscalía 20 detenciones y que existían, al menos, 30 personas demoradas por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, los relevamientos realizados por organizaciones sociales y de derechos humanos arrojaron números aún mayores.
Según los registros de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), al menos 31 personas fueron detenidas de manera arbitraria y otras 70 fueron demoradas en la calle Lima, entre México y Chile, donde permanecieron identificadas durante horas hasta que la mayoría fue liberada.
El director del Programa de Violencia Policial de la CPM, Rodrigo Pomares, cuestionó la legitimidad del operativo y señaló que “fue un despliegue represivo completamente injustificado porque la mayoría de la gente estaba concentrándose de manera totalmente pacífica. Incluso, algunos grupos ya estaban desconcentrando”, consignó Página/12.
Según el medio digital, alrededor de 562 manifestantes fueron asistidos por los equipos de las postas sanitarias en salud de los partidos de izquierda, el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y la propia CPM.
Miles resultaron afectados por gases lacrimógenos y gas pimienta, entre ellos integrantes de la CPM y del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, como su presidente Juan Manuel Irrazabal, mientras que otros manifestantes resultaron con heridas ocasionadas por postas de goma.
El referente del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA Argentina), Esteban Chala, describió la gravedad de las lesiones atendidas: “Tuvimos que pararle una hemorragia en la boca a un joven por el impacto de un perdigón en el labio. También mucha gente por intoxicación por los gases y por el spray de pimienta”, dijo en diálogo con Página/12.
Los socorristas confirmaron además que varios de los disparos fueron por arriba de la cintura, algo que está prohibido en los protocolos de uso de las armas llamadas “menos letales”, porque pueden causar heridas graves o la muerte.
“No dispararon para la parte baja solamente. Llegamos a ver que la posición de ataque de ellos era en 45 grados, pero hacia abajo”, le contó a este diario Juan Cardoso, integrante de la posta de Salud y Cuidado.
“Tuvimos heridos de bala de goma en la cara. Ninguno con compromiso ocular, pero sí cerca del ojo, en la zona de los pómulos, en la frente, en la zona del parietal y en la cabeza”, agregó.
Cardoso recordó cómo, en medio de la desesperación, rescataron personas que quedaban boyando en la calle sin visión por el gas lacrimógeno, mientras que “otras estaban malheridas o incluso conmocionadas”.
Infiltrados y denuncias de provocación
Según los manifestantes, los incidentes fueron protagonizados por un pequeño grupo de infiltrados encapuchados, que buscaban generar caos y dejaron en evidencia a quienes se movilizaban de manera pacífica.
Cuando parte del vallado fue derribado, los efectivos de infantería de la Gendarmería y los camiones hidrantes comenzaron a lanzar agua y gas pimienta hacia todas las personas que, casi en su totalidad, se manifestaban de manera no violenta.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron además un dato particularmente grave: “Utilizaron balas de goma, hidrantes, incluso las pistolas lanzagases que el gendarme Guerrero -hoy procesado- disparó hace casi un año contra Pablo Grillo”.
La comparación con aquel episodio, ocurrido el 12 de marzo de 2025 durante una marcha de los jubilados frente al Congreso, encendió las alarmas de los organismos de derechos humanos, que señalaron la reincidencia en el uso de armamento prohibido o mal empleado por parte de las fuerzas de seguridad.
La tensión se mantuvo durante toda la jornada. Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires indicó que tras el retiro de gran parte de la movilización, la Policía de Jorge Macri armó cordones en las calles aledañas con lo que impidió la evacuación hacia el Norte y el Sur.
“Ante el lanzamiento de las bombas de gas pimienta de largo alcance, el único camino posible era abandonar la plaza Congreso hacia 9 de Julio”, describieron.
La represión siguió con 15 motos y, detrás de ellas, alrededor de 100 efectivos de infantería disparando latones de gas y balas de goma.
Emboscada a trabajadores y diputados
Horas más tarde, los efectivos porteños reprimieron con gas pimienta a un grupo de diputados que se acercó hasta Lima y Chile, donde la Policía de la Ciudad tenía a 30 personas detenidas, la mayoría de ellos miembros de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Tras la intervención de los legisladores, 10 personas fueron liberadas, pero las 20 restantes fueron trasladadas a la Comisaría de Barracas, donde se convocó una manifestación para pedir su liberación.
El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos Nicolás Caropresi, que fue demorado y luego liberado, relató cómo fueron emboscados: “Nos detuvieron de una manera completamente perversa. Nos veníamos retirando por la vereda a esa altura, venían de atrás tirándonos balazos de goma. Adelante cruzaron la moto, nos hicieron un corralito de los dos lados. Nos tiraron al piso y nos tiraron gas cuando estábamos en el piso. Era gente que se estaba retirando tranquila, vinieron a buscar venganza”, explicó.
La UTEP denunció públicamente que diez personas continúan presas “sin causa” en la comisaría del barrio porteño de Barracas. Movimientos sociales y agrupaciones políticas pidieron la liberación inmediata de todos los detenidos y anunciaron que continuarán en estado de alerta y movilización.
Los detenidos y los cargos imputados
Con información proporcionada por fuentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, El Destape publicó la lista de 20 personas detenidas y los cargos que les imputan:
-Julian Catalano: atentado, resistencia y lesiones
-Masilla Francisco: atentado, resistencia y lesiones
-Tripolli: incendio
-Olvera Marcelo: incendio
-Nicolás Viña: atentado, resistencia y lesiones
-Adrián Jorge Montiel: atentado y resistencia a la autoridad
-Carlos Agusto Ruiz: atentado, resistencia a la autoridad y daños
-Juan Manuel Reichenbach: atentado y resistencia a la autoridad
-Maximiliano Javier Melgar: atentado y resistencia a la autoridad
-Gastón Ezequiel Reyes: atentado y resistencia a la autoridad
-Raúl Alberto Bande: atentado y resistencia a la autoridad
-Jorge Euclides Nieto: atentado y resistencia a la autoridad
-Lila Amanto: incendio
-Claudio Garro: incendio
-Ayelén Portale: incendio
-Sabina Neuman: incendio
-Leonidas Orquera: incendio
-Corina González: incendio y otros estragos
-Félix Américo Maldonado: incendio y otros estragos
-Agustín Sánchez Tomás: pedido de captura Ley de Drogas
Fuentes de la policía porteña confirmaron que los 20 detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y que la fiscal Malena Mercuriali de la Unidad Flagrancia Este ya “avaló las detenciones”. Desde las organizaciones de derechos humanos, en cambio, advierten que varias de estas aprehensiones fueron arbitrarias y que muchas personas fueron detenidas sin haber participado en acto violento alguno.
Un patrón de represión que se consolida
“Esta represión tuvo una magnitud más parecida al tratamiento de la Ley Bases, con un despliegue policial más grande y con una decisión represiva ya evidentemente tomada de antemano”, describió Rodrigo Pomares. El análisis del director del Programa de Violencia Policial de la CPM coincide con el de otras organizaciones que monitorearon el operativo: el gobierno nacional, en conjunto con el gobierno porteño, habría planificado una respuesta de alta intensidad para garantizar la aprobación de la reforma laboral, independientemente del desarrollo de la protesta.
En paralelo, sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones políticas se sumaron a la movilización, reafirmando su rechazo a la reforma laboral y llamando a continuar las protestas, incluso con un paro nacional. La jornada dejó un saldo de más de medio millar de asistencias sanitarias, decenas de detenidos, denuncias por violaciones a los protocolos de uso de la fuerza y una certeza compartida por los sectores movilizados: el gobierno de Javier Milei profundiza su modelo represivo como parte central de su estrategia política.
Mientras el Senado avanzaba con la cuestionada reforma laboral impulsada por la administración libertaria, en las calles aledañas al Congreso la huella de la represión quedó marcada en los afectados por el gas lacrimógeno, en las heridas de balas de goma que no respetaron los protocolos y en la memoria de una tarde en la que, una vez más, los primeros en recibir la violencia estatal fueron los jubilados.
Foto destacada: Kaloian Santos Cabrera/ El Destape.
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