Medios locales y testimonios recogidos en terreno han reportado un grave caso ocurrido en la zona de Al-Maghazi, en el centro de Gaza, donde un bebé palestino de un año fue retenido por fuerzas israelíes durante la detención e interrogatorio de su padre.
De acuerdo con la información difundida por la agencia Anadolu y replicada por medios regionales, el menor —identificado como Karim Abu Nassar— permaneció bajo custodia de soldados israelíes durante 10 horas, tiempo en el que testigos afirman que fue torturado con quemaduras de cigarrillos y heridas punzantes en ambas piernas para forzar una confesión de su padre.
El niño fue liberado y devuelto a su familia a través del Comité Internacional de la Cruz Roja. Su padre, en tanto, permanece detenido por fuerzas israelíes.
El episodio ocurre en un contexto más amplio de denuncias sobre el uso de tortura contra la población palestina. En su informe más reciente ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la relatora especial Francesca Albanese advierte que la tortura ha sido utilizada de manera sistemática por Israel desde octubre de 2023, tanto en contextos de detención como fuera de ellos.
El documento sostiene que estas prácticas incluyen la inflicción deliberada de dolor físico y psicológico con fines de coerción, intimidación o castigo colectivo, y que su uso generalizado contra la población palestina responde a un patrón estructural más que a hechos aislados.
Además, el informe aclara que estas prácticas se extienden a toda la población palestina, incluyendo niños, lo que incluye crear condiciones en Gaza y Cisjordania —como destrucción de viviendas, bloqueo de ayuda, ataques a personal médico y desplazamientos forzados— que buscan infligir sufrimiento físico y mental prolongado.
El reporte llama a la acción internacional, exigiendo que Israel cese la tortura y permita acceso a organismos internacionales. Adicionalmente solicita a los Estados y a la Corte Penal Internacional investigar y emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios como Ben-Gvir, Bezalel Smotrich e Israel Katz por crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Albanese concluye que cada retraso en la respuesta internacional profundiza el daño y consolida un sistema de violencia estructural que el derecho internacional está diseñado para prevenir, detener y sancionar.
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