“Todo se decidió a espaldas del territorio”: Junta de Caciques williche rechaza consulta y comisión por tierras de Boric

La Junta de Caciques de la Futahuillimapu, del Pueblo Mapuche Williche en la provincia de Osorno, declaró su contundente rechazo a la Consulta Indígena impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric sobre el «Nuevo Sistema de Tierras», calificando el proceso como «ilegítimo» y denunciando que fue diseñado «a espaldas de los territorios».

A través de una declaración pública, que contienen 10 puntos claves, y que fue firmada por los caciques Arturo Camiao Cumilef, apo ülmen del Cacicado Jurisdicción San Juan de la Costa; Luis Pailapichún Yefi, de la Jurisdicción Cuinco-Rahue; Juan Pailaelf Casín, de la Jurisdicción Riachuelo-Río Negro; y José Troquián Trunci, del Cacicado de la Jurisdicción Quilacahuín, la histórica institución mapuche acusó al gobierno de excluir sus voces y vulnerar sus derechos.

Ilegitimidad de la Comisión para la Paz y el Entendimiento

En el texto, la Junta de Caciques planteó que decidió «no participar en la Consulta Indígena pronta a iniciarse en torno al ‘Nuevo Sistema de Tierras’» propuesto por la cuestionada Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, creada en junio de 2023 con el objetivo de asesorar al presidente de la República en la construcción de las bases de una solución de largo plazo a la problemática territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, por considerar a esta instacia como un acuerdo entre partidos políticos.

«Desde un inicio esta Junta no participó en el acuerdo, diseño, ni implementación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento pues, como muchos sabrán, esta Comisión presidencial fue producto de un acuerdo entre los partidos políticos con representación parlamentaria, quienes fueron los encargados de proponer a sus 8 comisionados», indicaron los apo ülmen.

Plantearon que este mecanismo que intenta abordar las demandas históricas del pueblo mapuche, fue considerado como «ilegítimo» por esta Junta histórica,» tanto en su diseño, como en su composición e implementación», debido a que fue creada y desarrollada «a espaldas de los territorios, sin considerar el parecer ni la participación de nuestras instituciones propias, como debió ser y lo fue siempre en los parlamentos que sostuvimos con la Corona española y más tarde con la República en momentos en que se debieron tratar tema de interés general».

Recordaron que el malestar de las comunidades Mapuche Williche ya había sido comunicado al gobierno y al que fuera encargado de crear la Comisión y secretario ejecutivo de esta instancia, Víctor Ramos Muñoz, en un reunión que se llevó a cabo el 23 de enero de 2024 en la ciudad de Osorno, «momento desde el cual esta Junta tomó la determinación de no participar del proceso».

Desde abril de este año, Ramos se desempeña como subsecretario del Interior cuya labor está enfocada «en materias relativas a la seguridad y orden público, (y) al crimen organizado».

Las autoridades mapuche williche afirmaron que su negativa a formar parte de participar en la COnsuklta Indígena promovida desde La Moneda, está respaldada en la propia legislación nacional, «así como en la normativa internacional vigente, a saber: los artículos 60 y 61 de la Ley Indígena 19.253 que, desde el año 1993, reconoce para los territorios huilliches el sistema de representación tradicional de caciados; los artículos 2°, 4° y 5° del Convenio 169 de la OIT en relación al respeto que debe el Estado a las instituciones propias de los pueblos originarios al tomar medidas concernientes de afectarles, de modo de no atentar contra la integridad de los mismos».

Así como en el artículo 5° de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que contempla «el derecho que nos asiste de conservar y reforzar nuestras propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, de lo cual se deriva el deber del Estado de respetar y promover los derechos intrínsecos de estas estructuras, tal como lo establece el considerando 7° de la mencionada Declaración».

«Esta situación no solo se trató una vulneración de nuestros derechos colectivos, sino que, como era previsible, el Informe de la Comisión decantó en una serie de propuestas que transgreden los principios fundamentales que sostienen nuestra espiritualidad y principios filosóficos mediante los cuales entendemos la existencia, y constituyen el horizonte que ha guiado el trabajo de esta Junta por generaciones», acusaron en el texto.

Rechazo a las propuestas sobre tierras

Los caciques de San Juan de la Costa, Cuinco-Rahue, Riachuelo-Río Negro y Quilacahuín expresaron su rechazo a las recomendaciones de la Comisión en materia de tierras que formarán parte de la Consulta Indígenas, tras determinar que «se basan en considerar a esta como un mero instrumento mediante el cual beneficiarse económicamente».

«Así se desprende de sus diagnósticos en que concluyen que muchas de las tierras en manos de comunidades se encuentran “subutilizadas”, por lo que se hace necesario su arriendo o “explotación a través de terceros, como medieros o asociaciones productivas”, por lo que se propone liberar al mercado las llamadas “tierras indígenas” para su explotación», explicaron.

Plantearon que en este diagnóstico «se esconde una antigua intención de arrebatar las tierras mapunche por otros medios, y profundizar el proceso de desarraigo territorial a las nuevas generaciones, a cambio de un incentivo económico pasajero».

Al respecto, recordaron que hace 90 años la Junta General de Caciques manifestó esta oposición al entonces presidente Arturo Alessandri Palma, en el Memorial de 1936, cuyo numeral cuarto demandaba: “Que se mantengan en vigencia todas las disposiciones contempladas en leyes prohibitivas dictadas en la República de Chile de exenciones de contribuciones, remates por contribuciones fiscales y municipales, remates por particulares extranjeros y nacionales, ventas, hipotecas, arrendamiento y contrato sobre siembras a medias entre los indios-mapuches y descendientes con los particulares ya sean ellos extranjeros o criollos”.

«Tanto esta Junta como la de aquel entonces, preveían en manos de quiénes iban a terminar esos arriendos, los fines que los particulares perseguían y las consecuencias que medidas como esas traería a las generaciones futuras, ya que entre los propios mapunche no existe el capital para pagar esos arriendos, por lo que los destinatarios y principales beneficiados serían, en muchos casos, los mismos que arrebataron las tierras a nuestros antepasados», enfatizaron las autoridades ancestrales.

Advirtieron que en la actualidad, además de terminar las tierras de las comunidades Mapuche Williche en manos de latifundistas, también podrían caer en manos de «empresas de impacto negativo, como las de generación de energía eólica, y de todo tipo de otras industrias dedicadas al monocultivo que degradan los suelos, como lo ha venido haciendo el rubro forestal que tiene a nuestras comunidades sin agua».

Sobre este particular, cuestionaron el hecho de que la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento no contemple esta situación como un problema, sino que por el contrario proponga «un “nuevo marco de entendimiento, reparación y cooperación entre las comunidades mapuche y la industria forestal, que contribuya a una convivencia territorial más armónica».

La declaración pública también contiene la postura de los caciques sobre la recomendación de la Comisión que serán sometida a la Consulta Indígena respecto a las “formas de reparación alternativas a las tierras” a la que podrían optar las comunidades.

Señalaron que esta medida corresponde a un antiguo anhelo de sectores políticos y empresariales que tienen como objetivo «acabar con la demanda territorial valiéndose de la necesidad de nuestros hermanos y hermanas, ofreciendo dinero y otros incentivos de modo de no tocar los intereses forestales y del latifundio, bajo la premisa de que no existe tierra disponible para reparar la demanda».

«Esta medida pretende que renunciemos a nuestros derechos ancestrales mediante una perversa estrategia que busca corromper a las comunidades con la promesa del dinero, de modo que desistan de perseguir una vida digna que evite condenar a las generaciones futuras a ser empleados en las ciudades y a la pérdida total de nuestra identidad», advirtieron.

Exclusión territorial y críticas al gobierno

En otro punto del texto, manifestaron que a las Comunidades Mapuche Williche se les ha planteado que las medidas que pretende implementar el Gobierno y los partidos políticos a través de la Consulta no vienen a modificar la actual Ley Indígena 19.253, sino que se tratará de una ley especial. Sin embargo, alertaron que «al establecerse como una ley especial, esta nueva ley va a prevalecer sobre actual Ley Indígena bajo el principio de especialidad que rige el derecho nacional».

Por tal motivo, dejará sin efecto y modificará el actual marco jurídico que protege las tierras, en especial la protección legal vigente que establece que “las tierras cuyos titulares sean Comunidades Indígenas no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración”.

De acuerdo con los apo ülmen, a este conjunto de modificaciones, se suman otras orientadas a controlar la creación de nuevas comunidades y un límite al número de familias de estas, ya que, según el diagnóstico de la Comisión, “mientras no existan límites a la creación de comunidades ni al aumento de familias por comunidad, la demanda de tierras podrá seguir creciendo indefinidamente”.

«La opción que deja abierta la Comisión en relación a restituir tierras a comunidades sin títulos antiguos, se encuentra reducida a comunidades ubicadas exclusivamente en las provincias de Arauco y Malleco y, dentro de ellas, las comunas cuya superficie de títulos reconocidos por CONADI represente menos del 4% de la superficie comunal Bajo estos criterios, según la misma Comisión, solo 6 comunas de aquellas provincias son susceptibles de reparación por esta vía, y todas las demás quedan excluidas», criticaron.

En el texto, ratificaron que las recomendaciones de la Comisión en materia territorial que formarán parte del proceso de Consulta Indígena no representan la demanda de las tierras tradicionalmente revindicadas por la Junta de Caciques, «las que si bien encuentran parte de su sustento en los títulos de Comisario, Juez, Alcalde y Merced; también lo ha sido del resto de territorio basado en el Tratado de Paz de las Canoas de 1793. Territorio que, por los intereses y la corrupción de la época en que ocurrieron las diferentes olas de ocupación y colonización, no pudieron o no permitieron ser debidamente inscritos por nuestros antepasados, a lo que se sumaron los despojos y pérdida de documentación que le siguieron».

«Creemos que el problema de las tierras arrebatadas a nuestros antepasados no puede pretender encontrar solución mediante una Comisión reducida a intereses políticos y económicos de los herederos de la conquista y descendientes de la colonización responsables de los despojos, el inquilinaje, la pobreza y la migración de nuestra gente», afirmaron caciques de San Juan de la Costa, Cuinco-Rahue, Riachuelo-Río Negro y Quilacahuín

Plantearon que si el Gobierno espera abordar seriamente el tema de las tierras y el conflicto que ha generado, «debe hacerlo frente a un pueblo con todas sus estructuras sociales y de representación política; considerando al gran porcentaje de hermanos y hermanas que se encuentran fuera de las 4 regiones del sur y que fueron excluidos de los procesos de Comisión y Consulta y; todavía más, incluyendo a los demás pueblos originarios que tengan materias de tierra y territorio que tratar con el Estado».

Rechazo a la Consulta Indígena y responsabilidad histórica

Para cerrar, las autoridades ancestrales dejaron en claro que «la determinación de no participar y rechazar esta Consulta» la asumen «en consideración de la responsabilidad histórica que nos toca asumir, en coherencia con el legado de los chao apo ülmen de esta Junta que nos antecedieron, cuyo compromiso siempre estuvo con el bienestar general, la defensa de los valores humanos universales, y la convivencia con la naturaleza».

«Es por esto que nos negamos a ser cómplices de esta política que viene a concebir a la tierra como un simple objeto de explotación con la cual negociar con el Estado y corromper los principios fundamentales de nuestro pueblo», enfatizaron.

A continuación, la declaración pública completa de la Junta de Caciques williche :