Auditorías revelaron pagos no acreditados, gastos improcedentes y deficiencias de control en recursos usados tras la emergencia de 2024.
La Contraloría Regional de Valparaíso ha detectado un entramado de irregularidades, pagos sin acreditar y deficiencias de control en el uso de los recursos destinados a enfrentar la catástrofe del megaincendio de febrero de 2024.
A través de cinco informes de auditoría, el órgano fiscalizador expuso fallas sistémicas que involucran a municipalidades, la Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura, poniendo en tela de juicio la eficiencia y legalidad de las acciones emprendidas tras la tragedia que afectó a miles de personas. El monto total de recursos cuestionados supera los 1.800 millones de pesos.
La auditoría contenida en el Informe Final N°500/25, se centró específicamente en las demoliciones realizadas en el castigado sector de El Olivar y los hallazgos son lapidarios, ya que la Contraloría constató «pagos no acreditados por más de $782 millones» por estos trabajos.
El documento detalla que estas erogaciones carecen de respaldo documental adecuado y están marcadas por «irregularidades en la adjudicación, sobreprecios y deficiencias en los respaldos».
La magnitud de las fallas llevó a la CGR no solo a ordenar un sumario administrativo, sino también a solicitar el expediente de una investigación interna que llevaba la Fiscalía Nacional del Ministerio de Obras Públicas (MOP), para que sea la propia Contraloría quien asuma la tramitación integral del caso.
Las demoliciones realizadas por la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas presentan un patrón de problemas aún más amplio.
El Informe Final N°805/25 detectó un «pago indebido superior a $434 millones» por demoliciones que, según la auditoría, «no ejecutadas o parcialmente realizadas». A esto se sumaron «graves deficiencias en contratación y control interno», lo que llevó igualmente a la instrucción de un sumario administrativo
En conjunto, solo en el ítem de demoliciones de viviendas siniestradas, las irregularidades superan los $1.216 millones, una cifra que evidencia un manejo financiero y contractual altamente vulnerable en una de las tareas más críticas post-incendios.
Por su parte, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, organismo clave en la coordinación de la emergencia, también fue objeto de una auditoría. El Informe N°528/25 detectó «pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones» en adquisiciones realizadas durante la crisis.
La Contraloría advirtió sobre «posibles sobreprecios y uso injustificado del trato directo»,
Ante la gravedad de los hechos, el órgano instruyó un sumario administrativo y que se remitieran los antecedentes «al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones que correspondan», abriendo la puerta a responsabilidades penales y civiles.
A nivel municipal, en Viña del Mar el Informe N°503/25 evidenció «irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados» entre febrero de 2024 y abril de 2025. Se constataron «problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas».
Ante este escenario la Contraloría optó por iniciar un sumario administrativo y ordenar la regularización de todos los procesos observados.
Mientras, en Quilpué, el Informe N°535/25 reportó «gastos improcedentes», entre los que se cuentan desde la «compra de cocinillas sin certificación SEC» hasta el «extravío de bienes donados», además de «falencias en la entrega de ayudas y en la gestión de personal y proyectos». La respuesta de la CGR fue ordenar procedimientos disciplinarios y medidas correctivas inmediatas.
Frente a este panorama de múltiples fallas, la Contraloría General de la República reiteró «la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno, asegurar la correcta utilización de los recursos públicos y resguardar la legalidad y transparencia en contextos de emergencia».
Para ello, instruyó de manera generalizada «medidas disciplinarias, correctivas y acciones legales en los casos que corresponda».
