“La Manada”, Parte 4: Sumario administrativo de Carabineros no investigó denuncia por agresiones sexuales ni acoso laboral hacia funcionarias

No obstante, la arista de las presuntas agresiones sexuales y el acoso laboral que habrían sufrido funcionarias de menor rango, no fue investigado ni mencionado en dicho sumario. Además, Esteban Infante ni las víctimas fueron citados a declarar, siendo archivado el caso en la institución sin responsables ni sanciones.

Por Josefa Barraza Díaz

El pasado 3 de mayo, El Ciudadano tuvo acceso exclusivo al sumario administrativo del caso “La Manada”, el que fue entregado vía Transparencia, y que como se mencionó anteriormente, fue la razón por la que la Cámara de Diputadas y Diputados ofició a Carabineros de Chile para aclarar el cierre de esta investigación interna. 

Según este documento, el sumario administrativo inició el 9 de agosto de 2021, siendo su oficial investigador el coronel Carlos Tapia Torres, y que las razones para la realización de esta investigación es debido una llamada anónima, en donde un oficial de Carabineros denunció una actividad de camaradería organizada por oficiales de la Prefectura “Santiago Oriente”, como despedida del coronel Raúl Sólis Rozas, cuya participación habría sido supuestamente de carácter obligatorio. 

Sin embargo, en los antecedentes emitidos por el Subdirección de Asuntos Internos a la Zona de Carabineros Santiago Este, no se mencionó lo relatado por el abogado Esteban Infante -el 5 de marzo de 2021-, en donde denunció que estos oficiales además de hacer fiestas clandestinas en pandemia, habrían agredido sexualmente a funcionarias subalternas, a cambio de beneficios institucionales; y en caso de no asistir a estas celebraciones, eran sancionadas con extensas jornadas laborales, traslado de recinto policial, entre otros. 

“De acuerdo a las indagaciones previas realizadas por personal del Departamento de Asuntos Internos, se logró establecer que efectivamente la actividad se habría realizado el día 2 de diciembre de 2020, en el citado centro de eventos -Jardín Botánico de Peñalolén-, la que consistió de un asado cuyo costo fue de $28.000 por persona”, se lee en dicho sumario, confirmando una de estas fiestas. 

Una de las primeras funcionarias en prestar declaración fue la teniente coronel Natalia Gutiérrez, quien aseguró que en diciembre del 2020, mientras se desempeñaba como subprefecto administrativo de la Prefectura Santiago Oriente, el comandante Rodrigo Soto Troncoso le comunicó la organización de una actividad protocolar por la despedida del prefecto Raúl Solís, la que se realizó durante un día hábil. 

Pero, al ser consultada por la existencia de un documento institucional que confirmara lo protocolar de esta actividad, la teniente coronel aseguró que no existía tal documento, desmintiendo a Soto Troncoso. 

“Mi participación consistía en administrar la totalidad del dinero reunido por Unidad y que fue depositado en la cuenta corriente de mi conductor, el cabo primero Matías Rojas, quien me facilitó su cuenta debido a que yo no poseo. El monto por persona asistente ascendía a $30.000, valor que cubría los gastos de almuerzo, arriendo del recinto y el regalo para el prefecto”, relató Gutiérrez. 

Incluso, en la declaración de la subteniente Katherine Hueichapan, revela que en noviembre de 2020, el mayor Miguel Álvarez la llamó por teléfono pidiéndole cobrar $30.000, a cada oficial de la unidad para costear un almuerzo de despedida, especificando que “quienes optaran por no concurrir a la actividad debían pagar $10.000”.

Debido a que el foco de este sumario fue de carácter económico, patrimonial y no por acoso laboral ni sexual, en sus 147 páginas se detallan los gastos de la despedida de Solís. Por ejemplo, que el dinero para la actividad se manejó entre distintas cuentas de funcionarios de la Prefectura Santiago Oriente, entre las que destacan las cuentas bancarias personales de Matías Rojas y Katherine Hueichapan, recibiendo depósitos de $250.000, $160.000, $412.660, entre otros. 

En su denuncia, el abogado Infante mencionó a los oficiales Rodrigo Soto Troncoso y Christian Bichett como integrantes de “La Manada”, sin embargo, en este sumario sus declaraciones se basaron en la fiesta del Jardín Botánico y cuánto dinero transfirieron, sin ser interrogados por las acusaciones de Infante. Incluso, Soto Troncoso fue investigado en la institución por el delito de abuso sexual en la 49° Comisaría de Lampa. 

Mientras que en esta investigación no se registra la declaración de Hernán Casas-Cordero, otro oficial involucrado en “La Manada”, quien además de haber participado en esta fiesta de despedida, ha sido sindicado por fuentes internas de la Prefectura Oriente como “acosador sexual”, como fue el caso de N.A, subalterna que lo denunció por acoso sexual, y que fue trasladada de unidad policial -en castigo-. 

No obstante, la información entregada a este medio -vía Transparencia-, referente a los servicios y turnos del 2 de diciembre de 2020 -en recintos policiales de la Zona Oriente-, se encuentran tachadas, por lo que se desconocen las actividades y novedades de estas unidades mientras se desarrollaba la fiesta. Incluso, lo anterior confirmaría la versión -de fuentes al interior de la Prefectura Oriente-,  respecto a que estos recintos no se encontraban con el personal suficiente aquella tarde.

Finalmente el 29 de diciembre de 2022, el coronel Gonzalo Araya -jefe de la Zona Santiago Este-, resolvió desestimar los hechos emitidos por la Subdirección de Asuntos Internos, que pudiesen constituir vulneración a la normativa legal y reglamentarias vigentes; a pesar de que la información entregada por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, a la senadora Fabiola Campillai, y los diputados Ana María Gazmuri y Hernán Palma, era de que dicho sumario seguía vigente, tal como se lo informó la institución. 

“Los medios probatorios incorporados al proceso administrativo, no logran formar convicción suficiente, esto es, más allá de toda duda razonable de la existencia de hechos susceptibles de reproche administrativo (…) Archívese la presente pieza administrativa”, concluyó la institución.

Para Esteban Infante, que el sumario administrativo se haya realizado solo por la fiesta, demuestra la intención “de bajarle el perfil para salvar a todos los oficiales que infringieron el reglamento sanitario” y que pidieron dinero a los subalternos lo que no está permitido en el reglamento interno. Además, le sorprende no haber sido citado a declarar, siendo el responsable del inicio de este procedimiento administrativo, el que no trató ni investigó los hechos de acoso laboral ni sexual. 

El Ciudadano contactó a una de las denunciantes de “La Manada”, quien confirmó no haber sido citada a declarar para este sumario, mostrándose sorprendida por su cierre. Lo comentado por esta funcionaria, corrobora lo dicho por Esteban Infante, quien aseguró que el General Director, Ricardo Yáñez, nunca citó a las denunciantes de “La Manada”, lo que además es corroborado a través de una conversación de WhatsApp entre la máxima autoridad policial e Infante. 

Por su parte, al abogado y coronel en retiro de Carabineros, Daniel Soto, le parece anómalo que, luego de que Asuntos Internos recibiera una denuncia bastante amplia de Infante, esta repartición hubiese omitido algunos de los problemas y diera cuenta a la jefatura sólo de los aspectos periféricos del reclamo y se centrara únicamente en la posibilidad de un cobro irregular a los asistentes a una fiesta:

La Subdirección de Asuntos Internos funciona de acuerdo con los criterios que imparte el alto mando de Carabineros. Es el general a cargo de la Contraloría General de Carabineros quien determina en qué aspectos concentrarse y cuáles desestimar. Este caso es particularmente llamativo porque existen infracciones severas a la disciplina que parecieran insignificantes a los ojos del gobierno corporativo de Carabineros. Infante denuncia espacios de trabajo inseguros, corrupción y abusos en contra de los subalternos cometidos por un oficial superior que contaba con la confianza de la Dirección General de Carabineros. Pero uno de los órganos de control interno más importantes omite esta información y la jefatura que luego tiene que investigar hace lo mismo. Cuestiones como estas podrían ser cuestionadas por las víctimas como constitutivas del delito de “prevaricación administrativa”-, dice Soto.

Actualmente, el caso «La Manada» se encuentra en etapa de diligencias en la Fiscalía Oriente; investigación liderada por la reconocida fiscal de Género María José Bowen. Hasta el cierre de este artículo, ya han prestado declaración denunciantes del caso, en tanto, los oficiales acusados siguen en funciones en la institución.

Sigue leyendo: