Lejos de casa: El drama de la vivienda entre los migrantes en Chile

Foto: Gerardo Anabalón Valenzuela

“Camas calientes”. Esa fue la imagen que le dio uno de los primeros empujones a Luis Guenel, actor y director de la compañía Teatro Niño Proletario, para decidir el año pasado llevar a las tablas Fulgor, una obra que se sumerge estremecedoramente en la discriminación y el abuso que deben enfrentar los inmigrantes cuando llegan a un país como Chile.

Fue en la búsqueda de insumos para la creación del montaje que Guenel terminó dentro de una casona subdividida en habitaciones en el Barrio Brasil en Santiago, observando una realidad que lo conmovió. Luego de cumplir con su jornada laboral, los migrantes que llegaban a las precarias piezas para descansar debían hacerlo en los colchones que hacía pocos minutos habían desocupado otros extranjeros que ahora partían a trabajar. Estaba frente a la ignorada práctica de las llamadas “camas calientes”.

“Lo más impactante es que en una de esas ‘camas calientes’ vivía una familia de peruanos que tenía una niñita de unos 5 ó 6 años. Entonces yo pensaba, claro, la niñita sale del jardín a las 3 de la tarde y tiene que esperar hasta las 8, 9, para que sea el ‘cambio de turno’ para ingresar a su pieza con sus papás”, reflexiona el director de Fulgor.

Luis recuerda que también le llamó poderosamente la atención que al lado de la mesa en donde la familia tomaba la once había un colchón apoyado en una muralla. “Entonces, creo yo, después levantaban la mesa y el lugar se convertía en pieza. Es decir, no podían acostarse si tenían la mesa abierta. Fue una imagen chocante”, recuerda.

Lo observado por Guenel es probablemente una de las manifestaciones más decidoras de la deshumanización en la que hoy viven muchos ciudadanos extranjeros que han llegado a nuestro país en busca, principalmente, de trabajo y, supuestamente, de una mejor calidad de vida, realidad en donde el hacinamiento y la negación del derecho a una vivienda digna es la tónica.

Foto: Daniel Labbé

BAJO EL TECHO DEL ABUSO

El pasado 19 de abril se llevó a cabo el Censo 2017. Durante la jornada, uno de los hechos que hizo noticia fue cómo la consulta dejó al descubierto justamente las condiciones de hacinamiento en que vive un sector de los migrantes. Uno de los casos fue el de una suerte de fábrica abandonada en Quilicura en donde viven aproximadamente 100 extranjeros, principalmente haitianos y ecuatorianos.

“Allí, deben pagar alrededor de $100 mil a $130 mil por una pieza de cerca de 5 metros cuadrados, donde deben compartir baño, cocina y lugares comunes. Esto último, dicen, les ha provocado varios problemas de higiene”, detalló aquel día Radio Bío Bío, agregando que censistas relataron a lo largo de ese miércoles que al encuestar algunas viviendas habitadas por inmigrantes se habían encontrado con hasta 9 familias dentro.

A partir de los datos de la Casen, el Centro de Estudios de Techo Chile realizó un cálculo para la Región Metropolitana respecto del hacinamiento, estableciendo que del total de extranjeros, 89.542 de ellos están en esa situación, es decir, un 28% de los migrantes. Santiago centro, Quilicura y Renca son comunas donde se exhibe principalmente esta realidad.

Magaly Hidalgo (37) sabe perfectamente de ello. Ha padecido este drama. Llegó desde Perú hace dos años junto a su esposo. Dejó a tres hijos allá para venir a buscar mejores ingresos. En su país se desempeñaba en el área informática y como diseñadora gráfica. Acá solo ha conseguido esporádicamente trabajo como asesora del hogar. No tiene visa temporaria. “Soy ilegal”, dice. También ha vendido jugos de naranja. “Pero no se puede, los carabineros me quitan todo, pierdo todo. Ahorita estoy atada de manos”, se lamenta. Solo su esposo ha conseguido un trabajo más estable y ella ha decidido dedicarse a cuidar a la bebé que tuvieron una vez que llegaron.

{destacado-1} Nos hace pasar a uno de los pasillos de la casa en donde viven en calle Loreto, en Recoleta. En total son 10 las piezas en ese lugar, una de las cuales comparte con su pareja y su hija. Son principalmente peruanos y hay dos venezolanos. Paga 95 mil pesos por una pequeña habitación -sin ventilación-, más agua y luz. En total, debe desembolsar mensualmente $135 mil. “Son 500 soles en Perú, con eso allá pago un departamento, pero la diferencia es que uno no gana lo que puede ganar acá”, explica.

Hay dos baños, una cocina y una lavadora para compartir entre todos. “Es difícil la convivencia, es duro vivir con gente a la que a veces no estás acostumbrado, porque todos tenemos diferentes maneras de vivir y diferentes costumbres. Seremos peruanos, pero uno es más limpio, otro es más cochino, otro más ordenado… Tienes que compartir con eso. Todos los días tienes que estar diciendo ‘oye limpia, te toca a ti’”, cuenta.

“Las instalaciones eléctricas son pésimas. Como usted puede ver, es una casa antigua, húmeda; las paredes son heladas, a veces el agua se filtra, la lluvia pasa y todo eso lo absorbe la pared y tú cuando duermes también lo absorbes”, comenta. El cité está particularmente frío y Magaly evidentemente resfriada. “Me he enfermado todos los inviernos”, apunta. No tienen agua caliente para ducharse, solo helada. Dice que le han pedido al arrendatario que instale un calefont, pero este simplemente ha ignorado la demanda.

A MERCED DEL “MERCADO”        

La realidad que describe Magaly la sintetiza de forma muy clara Miguel Yaksic, director nacional de Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), organización dedicada a promover y proteger la dignidad y los derechos de las personas que migran a Chile. “El arriendo para migrantes se ha convertido en un mercado desregulado, fundado en la desconfianza y donde abunda el aprovechamiento por parte del arrendador”, señala en su texto Migración y Vivienda en Chile.

Junto con ejemplificar que una pieza en un cité o en una casona antigua “puede costar fácilmente entre $120.000 y $180.000 mensuales”, Yaksic apunta a los dos escenarios que propician este abuso. “El propietario aprovecha la irregularidad migratoria de un migrante para arrendarle informalmente a precios altos en muy malas condiciones. O bien, dado que una persona migrante no tiene historia financiera en Chile, no cuenta con aval o no tiene cheques para dejar en garantía, no puede celebrar un contrato de arrendamiento en condiciones justas y se ve obligado a arrendar caro en circunstancias muy precarias”, detalla.

Rodolfo Noriega. Foto: revistasur.cl

Un diagnóstico que comparte con el abogado peruano Rodolfo Noriega, secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, quien señala que el problema del hacinamiento y de la precariedad en la que viven los inmigrantes en el país “es resultado de la discriminación institucional que los segrega de las oportunidades de poder acceder a atender esa necesidad básica fundamental”. “El mercado -dice- les cierra las puertas a un inmigrante que no tiene ni siquiera documentos de identidad del país para poder acceder a realizar un acto comercial común y corriente, como firmar un contrato de arriendo”.

Noriega menciona su propio caso para ejemplificar lo cuesta arriba que se vuelve para los extranjeros de países sudamericanos y centroamericanos que arriban a Chile, solucionar el tema de la habitabilidad. “Yo tengo 22 años en el país y no tengo vivienda, pago arriendo. Si para mí es complejo conseguir una casa en arriendo -por ser extranjero, porque hay todo un mercado que me cierra las puertas teniendo todos mis documentos al día- con mayor razón es para una persona que recién llega”, apunta.

Junto con ello, el abogado suma un elemento que permite comprender de mejor forma la decisión de un extranjero para someterse a una situación de evidente abuso. “Precisamente una de las razones de la migración es poder atender las necesidades de sustento de sus familiares en sus países de origen. Entonces, ellos para maximizar su ingreso tienen que recurrir a atender sus necesidades de vivienda de la manera más económica posible, y lo hacen colectivamente”, explica.

APROVECHAMIENTO CIEGO

En ese sentido, tanto Noriega como Magaly Hidalgo reparan en un hecho que probablemente les moleste tanto como les afecte emocionalmente. “El aprovechamiento no solamente es de nacionales (chilenos), sino que ocurre también dentro de la misma comunidad migrante. Generalmente personas inmigrantes que tienen una situación económica más estable en el país o que tienen documentación, son los que a veces arriendan viviendas para subarrendarlas a otros inmigrantes recién llegados”, señala el abogado.

La ciudadana peruana cuenta que tras arribar a Chile, en agosto de 2015 encontraron una habitación en el sector del Metro Cal y Canto, en un edificio ubicado en calle General Mackenna que años atrás había sido un hotel. Por una pieza pagaron un mes de arriendo y otro de garantía, en total 240 mil pesos. “A los tres días nos desalojaron. Perdí toda mi plata”, relata Magaly.

Luego de eso se trasladaron a la intersección de Maruri con Rivera, en Independencia, un sector en donde se concentran peruanos y colombianos. “También me hicieron pagar. Pagué mi arriendo y mi garantía, sin saber que la Municipalidad también estaba por cerrar esa casa porque no era habitable, no estaban las condiciones. Viví un mes, nos sacaron el 15 de diciembre. Ahí pagué 165 mil pesos porque las piezas eran más grandes. En total fueron $330 mil. Era lo último que nos quedaba”, recuerda la mujer.

Sobre la posibilidad de exigir la devolución del mes de arriendo fue mejor olvidarse. Para intervenir, la Municipalidad les pedía los documentos que acreditaran el pago. “Pero como era un peruano, no nos daba recibos, no nos daba nada, nosotros pagábamos por la necesidad de vivir ahí, y así abusan algunas personas peruanas, son muy abusivas con nosotros, nos hacen pagar sin saber que eso será desalojado; eso ocurre con la gente nueva que recién llega”, se lamenta Magaly.

{destacado-2} Una de las organizaciones que se ha preocupado -entre otras cosas- de monitorear el tema de los desalojos forzados es el Movimiento Acción Migrante (MAM). En su documento Situación de la vivienda en la comunidad migrante en Chile realizan una dura descripción de estos episodios, advirtiendo que “incurren en una serie de violaciones a los derechos humanos, afectando principalmente a mujeres, personas mayores, niños/as y adolescentes que residen en aquellos lugares, acentuando su situación de vulnerabilidad extrema, sin acceso a suministros básicos como agua, luz, ropa o comida”.

Junto con ello, sostienen que “en Santiago hemos visto niños/as durmiendo en colchones en la calle y personas que han tenido que cuidar por días sus enseres para evitar posibles robos y por tal razón han perdido sus empleos. Adicionalmente, se deben enfrentar a los riesgos de vivir en la calle, expuestos a temperaturas extremas, situaciones peligrosas, etc”.

LAPIDARIO DIAGNÓSTICO DESDE LA ONU

En el citado documento, el MAM realiza una crítica al rol de las autoridades frente a un grave problema como la negación del derecho a un lugar digno donde vivir. MAM señala que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo “carece de políticas específicas para migrantes en temas de acceso a la vivienda e incluso, en las actuales políticas, son pocas las cláusulas o beneficios que contemplan cómo garantizar el derecho a la vivienda para nuestras comunidades”. En ese sentido, apuntan a que, por ejemplo, el subsidio habitacional está garantizado solo para residentes definitivos, contemplando éste “una serie de requisitos que son complejos de cumplir”.

Es por eso mismo que el abogado Rodolfo Noriega desestima que el terminar con el requisito de 5 años de permanencia definitiva para poder postular a dicho subsidio resuelva el drama del acceso a la vivienda. “Los que tenemos permanencia definitiva no somos todos, la gente que está en peores condiciones de habitabilidad es gente que tiene una situación migratoria irregular”, advierte. En ese contexto es que sostiene que uno de los primeros pasos para enfrentar esta problemática tiene que ver con lograr “la regularización migratoria de los extranjeros en el país”.

Quien también cuestionó el rol asumido por las autoridades chilenas fue Leilani Farha, Relatora Especial sobre la vivienda adecuada de la ONU. En un duro informe del pasado 28 de abril manifestó sus impresiones luego de visitar nuestro país y una de sus primeras conclusiones es categórica: “Todos los aspectos del sistema de vivienda, incluso para los grupos de ingresos más bajos, parecen basarse en la ausencia del Estado excepto como financiador, con la vivienda vista sólo como un activo o mercancía. Esto deja como actores principales a las constructoras y promotoras inmobiliarias privadas, y convierte en consumidores a los titulares de derechos”.

Foto: Daniel Labbé

Farha dedica un apartado a la situación que en el ámbito de la vivienda experimentan los migrantes en este territorio. “La discriminación en el mercado del alquiler privado es desmesurada. He oído muchas historias de migrantes que se les niega alojamiento debido a su lugar de origen o que son explotados en el mercado de alquiler privado por los propietarios que realizan cobros excesivos. Dentro de los campamentos, los migrantes suelen experimentar violencia y hostilidad intercultural”, apuntó la representante de la ONU.

En ese sentido, la Relatora realiza una serie de recomendaciones para hacer frente a esta problemática, partiendo por establecer que “sólo cuando la vivienda se considere como un derecho humano, y no como una mercancía, la gente más vulnerable de Chile podrá disfrutar de una vivienda adecuada”. Para ello -añadió- un proceso de reforma constitucional debe incluir entre sus derechos aquel que garantice una vivienda.

Entre otras propuestas vinculadas al tema de los inmigrantes, Farha plantea -por una parte- una modernización “inmediata” de la legislación sobre migración con el objeto de proteger los derechos socioeconómicos de todos los migrantes, y -por otra- propone utilizar o poner a disposición tierras fiscales –“de forma gratuita o por debajo del valor de mercado”, apunta- para la “producción de viviendas sociales destinadas a las poblaciones prioritarias, como las personas sin hogar y los migrantes”.

*Este artículo fue publicado en la edición nº 212 de la revista El Ciudadano.