El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aclaró las nuevas exenciones de sanciones que permiten a las empresas occidentales operar en Venezuela, pero solo si los depósitos al gobierno o a la empresa petrolera estatal PDVSA se dirigen a un Fondo de Depósitos de Gobiernos Extranjeros. Si bien se extendieron las licencias para empresas como BP, Chevron y Repsol para impulsar la producción y las importaciones de insumos, Estados Unidos mantiene el control total sobre los ingresos por exportaciones, lo que garantiza la influencia de Washington para condicionar las políticas de Caracas.
El gobierno de Trump exige que los impuestos, regalías y dividendos derivados de la producción petrolera venezolana se depositen en cuentas administradas por Washington.
La orden refuerza el control de la Casa Blanca sobre las ganancias por la exportación de crudo venezolano tras los ataques militares y el secuestro del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero y el bloqueo marítimo impuesto en diciembre.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó su sección de preguntas frecuentes (FAQ section) el 18 de febrero para aclarar las condiciones de las exenciones de sanciones que permiten mayor participación de las empresas occidentales en el sector petrolero de Venezuela.
Con estas licencias, las autoridades venezolanas solo pueden realizar “pagos rutinarios de impuestos, permisos y tasas locales”.
El texto reza que “otros pagos, como regalías, tasas fijas por producción por barril, o impuestos federales a personas bloqueadas, como el gobierno venezolano o PDVSA (empresa petrolera estatal), deben realizarse en el Fondo de Depósitos de Gobiernos Extranjeros.”
La administración interina encabezada por Rodríguez no ha hecho declaraciones sobre estas nuevas restricciones.
Desde enero, Washington ha impuesto un control sobre la exportación de crudo venezolano, y las ganancias se depositan en una cuenta administrada por Estados Unidos en Qatar. El Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunció recientemente que los fondos ahora se depositarán directamente en la cuenta del Tesoro de Estados Unidos. Altos funcionarios afirmaron que el acuerdo le permite a la Casa Blanca condicionar las políticas del gobierno venezolano, mientras que el Secretario de Estado, Marco Rubio, estableció que Caracas debe presentar una “solicitud presupuestaria” para acceder a sus propios ingresos petroleros.
Los bancos en subastas de divisas extranjeras devolvieron y ofrecieron a Venezuela al menos 500 millones de dólares, de un acuerdo inicial estimado en 2000 millones de dólares. Las autoridades venezolanas también han informado la importación de medicamentos y equipamiento médico de fabricantes estadounidenses utilizando “fondos desbloqueados”.
El jueves, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) emitió la Licencia General 50A que permite a determinadas empresas realizar transacciones y operaciones relacionadas con proyectos de hidrocarburos con PDVSA o cualquier otra entidad pública venezolana. El documento refleja la Licencia General 50 emitida el 13 de febrero pero agregó a la firma francesa Maurel & Prom a la lista que incluye a BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell.
El proyecto principal de Maurel & Prom en la nación caribeña es una participación minoritaria en la empresa mixta Petroregional del Lago, que en la actualidad produce 21.000 barriles por día (bpd). Los ejecutivos de la empresa mantuvieron una reunión recientemente con la presidenta interina Delcy Rodríguez como parte de un esfuerzo de Caracas para atraer inversión extranjera.
En las últimas semanas, el gobierno de Trump ha expedido varias licencias para impulsar la participación estadounidense y europea en el sector energético venezolano, permitiendo ahora la importación de diluyentes, insumos y tecnología. La Licencia General 49, emitida el 13 de febrero, exige que las empresas soliciten una licencia especial antes de cerrar acuerdos de producción e inversión con Venezuela.
El Tesoro de Estados Unidos emitió exenciones de sanciones, al tiempo que mantuvo las medidas coercitivas existentes contra la industria petrolera venezolana, incluyendo sanciones financieras contra PDVSA. Las licencias también bloquean cualquier transacción con empresas de Cuba, China, Irán, Corea del Norte y Rusia.
La flexibilización selectiva de las sanciones se produjo tras la aprobación de una reforma favorable a las empresas de la Ley de Hidrocarburos del país, por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela. La reforma le otorga a las corporaciones privadas un mayor control sobre las operaciones y ventas y permite que las disputas se sometan a un arbitraje externo.
La reforma de la ley también permite al ejecutivo venezolano reducir arbitrariamente las regalías y el nuevo “impuesto integrado”, con un límite del 30 y 15 por ciento respectivamente. El ejecutivo también puede conceder reducciones al impuesto al ingreso del 50 por ciento establecido para la industria petrolera si lo considera necesario para que los proyectos sean “competitivos a nivel internacional”.
De acuerdo con las condiciones establecidas por Estados Unidos y la reforma de la ley, los socios minoritarios como Repsol se encuentran autorizados a vender crudo procedente de empresas conjuntas venezolanas antes de depositar los montos adeudados en concepto de impuestos y regalías, así como también los dividendos pertenecientes a PDVSA, en cuentas designadas por el Tesoro de Estados Unidos.
Como parte de un acuerdo impuesto por Trump, Vitol y Trafigura, comerciantes de materias primas, llevaron a cabo las primeras ventas de crudo, que levantaron cargamentos en los puertos venezolanos antes de revenderlos a clientes finales. Sin embargo, según Reuters, refinerías como Phillips66 y CITGO, con sede en Estados Unidos, buscan asegurar el crudo directamente desde Venezuela para maximizar sus ganancias.
CITGO, filial de PDVSA, está a punto de ser adquirida por el fondo buitre Elliot Management tras una subasta ordenada por el tribunal para satisfacer los reclamos de los acreedores contra el país sudamericano. La empresa ha sido administrada desde 2019 por juntas directivas designadas por la oposición venezolana respaldada por Estados Unidos.
*Artículo publicado originalmente por WIRE.
