Las personas refugiadas en Egipto en peligro: afrontan un aumento de arrestos y deportaciones

A través de testimonios de personas refugiadas, defensores de derechos humanos y una fuente de seguridad, este artículo revela una política sistemática de arrestos masivos y deportaciones dirigida a personas sudanesas, de otros países africanos y sirias, sin tener en cuenta su documentación en Egipto.

Hace alrededor de una semana, el ciudadano sudanés Mubarak Qamar Eddin, de 67 años, falleció en la comisaría de Shorouk. La noticia de su fallecimiento la difundió la página de Facebook de la comunidad sudanesa en Egipto, que comparte novedades con decenas de miles de seguidores.

Según la publicación, la policía detuvo a Qamar Eddin cerca de su casa, cuando volvía de una pastelería cercana. Sufría de diabetes e insuficiencia renal. Su familia consiguió llevarle su medicación a la comisaría, y la Embajada de Sudán había empezado a tomar medidas para conseguir su liberación. Pero tras nueve días en prisión, falleció.

Qamar Eddin era un refugiado registrado y llevaba consigo una tarjeta de la ACNUR que acreditaba su condición, renovada en octubre. Sin embargo, no contaba con un permiso de residencia válido expedido por la Administración de Pasaportes, Emigración y Nacionalidad del Ministerio del Interior. En cambio, disponía de un recibo que mostraba su próxima cita para la renovación de su permiso de residencia, que estaba prevista para el 2 de septiembre de 2027.

Su caso es uno de los miles que involucran a personas refugiadas en Egipto que han sido objeto de arrestos, detenciones y deportaciones forzosas con una frecuencia cada vez mayor en los últimos meses, independientemente de su condición legal, según han declarado a Mada Masr personas refugiadas, defensores de derechos humanos y una fuente de seguridad.

“No podemos movernos”, dice Nasr Eddin, un refugiado sudanés de 50 años que llegó a Egipto en 2016. “Están arrestando a la gente, tenga papeles o no. Han detenido a mucha gente que conozco. Hay un ambiente general de terror. Algunos tienen miedo de dejar sus casas incluso para hacer la compra. Los furgones de la policía están constantemente patrullando las calles.”

Ahmed, un refugiado sudanés que anteriormente trabajaba en la atención a la comunidad con refugiados sudaneses en proyectos gestionados por el Centro de Servicios para el Desarrollo, describe un caso similar que terminó en deportación. Hace tres semanas, la policía arrestó a una persona refugiada sudanesa en su trabajo en el barrio Ard al-Lewa, en Giza, por no llevar consigo un documento de identidad. Rápidamente su familia le trajo su tarjeta válida del ACNUR y la confirmación de la cita programada para renovar su permiso de residencia. Para entonces, sin embargo, la comisaría ya había presentado una denuncia en la que se le acusaba de no llevar consigo un documento de identidad.

Estaba enfermo y sufrió durante las semanas que estuvo detenido. La comisaría citó en repetidas ocasiones a su familia para que le llevara la medicación antes de que se dictara la orden de expulsión, a pesar de que tenía una tarjeta válida del ACNUR.

Con su salud deteriorándose durante su detención, su familia recurrió a un intermediario que se encargó de agilizar los trámites necesarios en la embajada de Sudán y en la Administración de Pasaportes, Emigración y Nacionalidad, y le compró un billete para su regreso a Sudán, un proceso que le costó alrededor de 13.000 LE. Más tarde fue deportado. Las personas refugiadas etíopes describen casos similares a los documentados por Mada Masr. Nasr, líder comunitario entre las personas refugiadas etíopes en Egipto, se refiere al caso de una mujer etíope que se encuentra detenida en la comisaría de Dar al-Salam desde el 20 de enero, tras haber sido interceptada cuando se dirigía al trabajo. La policía alegó que su permiso de residencia como refugiada había caducado, a pesar de que llevaba consigo un documento que confirmaba una cita programada para su renovación, además de una tarjeta válida del ACNUR.

Su esposo envió una apelación urgente al ACNUR detallando las malas condiciones de su detención y solicitando garantías para evitar su deportación forzosa. La agencia respondió que llevaba siguiendo el caso desde el 22 de enero, pero ella sigue detenida. 

El mes pasado, tres personas refugiadas etíopes le dijeron a Mada Masr que eran conscientes de los casos en los que los refugiados etíopes fueron detenidos y deportados después de que sus permisos de residencia hubieran caducado, a pesar de estar en posesión de tarjetas «azules» del ACNUR que acreditan su condición oficial de refugiado. Algunos fueron obligados a firmar unos formularios de consentimiento de deportación que no entendían debido a las barreras lingüísticas y, posteriormente, fueron deportados a países terceros. 

La oficina de prensa del ACNUR le dijo a Mada Masr que había recibido recientemente “denuncias de algunas familias de las personas detenidas” y que sigue colaborando con las autoridades competentes a través de los canales oficiales, en el marco de su mandato de promover el respeto de las garantías procesales y velar por que se tengan en cuenta las consideraciones relativas a la protección internacional. La oficina destacó el énfasis que pone el ACNUR en «el respeto de los principios fundamentales pertinentes, incluido el principio de no devolución».

Karim Ennarah, director de investigación de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR), comenta a Mada Masr que, desde la segunda mitad del 2024, el gobierno egipcio ha puesto en marcha amplias campañas dirigidas contra personas refugiadas con arrestos, detenciones y deportaciones. Según él, en las últimas tres semanas, el ritmo de estas operaciones ha alcanzado un nivel sin precedentes, llevándose a cabo con el pretexto de realizar controles periódicos de residencia y un censo de migrantes en situación irregular.

De acuerdo con Ennarah, los grupos de protección recibieron denuncias sobre la detención de cerca de 5.000 personas refugiadas o migrantes —la mayoría sudaneses, pero también se incluían otras nacionalidades africanas y sirios — durante las dos últimas semanas de enero. Las campañas, añade, han supuesto una persecución generalizada contra refugiados y ciudadanos extranjeros, en particular sudaneses y, en términos más generales, ciudadanos de otros países africanos, así como sirios, independientemente de su situación legal o de sus documentos de residencia, ya que también se ha deportado a personas que poseían permisos de residencia válidos y tarjetas del ACNUR.

Cuando se detiene a personas refugiadas, normalmente sus familias intentan contactar con el ACNUR y así la agencia puede movilizar a sus organizaciones jurídicas asociadas para que intervengan. Pero Ennarah y Ahmed afirman que las prácticas policiales suelen obstaculizar el acceso a los detenidos, impidiendo que los representantes del ACNUR y los abogados puedan ponerse en contacto con ellos y privándoles, en la práctica, de representación legal.

“Estábamos hablando de una política sistemática, no de algo que solía pasar aleatoriamente en el pasado porque un oficial de policía no sabía qué era una tarjeta azul ni sabía nada sobre el ACNUR», afirma Ennarah.

Una fuente del Ministerio del Interior, que participó en las recientes campañas de arrestos contra refugiados, confirma este hecho. Según la fuente, la Administración de Pasaportes, Emigración y Nacionalidad emite periódicamente órdenes para llevar a cabo lo que internamente se denomina una «campaña de control de extranjeros». Estas operaciones suelen realizarse en zonas con una alta concentración de ciudadanos extranjeros, sobre todo en Giza y Nasr City.

Según la fuente, el calendario de las campañas lo fijan altos cargos de la administración. Pueden celebrarse una o dos veces al mes —a veces con mayor frecuencia— y se prolongan durante un tiempo antes de suspenderse «a discreción de la dirección». «Recibí instrucciones de participar en las tres últimas campañas», afirma la fuente. «Todo se lleva a cabo de acuerdo con las directrices de la dirección de la administración».La fuente añade que los agentes no tienen instrucciones de centrarse en una nacionalidad concreta. Más bien, cualquier persona identificada como extranjera puede ser interceptada y se le puede pedir que presente sus documentos. «Si los papeles están en orden, les dejamos marchar. Si no lo están, les detenemos».

A continuación, se interroga a los detenidos sobre el estado de la renovación de su residencia y se les exige el pago de la tasa de regularización de 1.000 dólares estadounidenses. Si no pueden pagar, se les pregunta si alguien más puede hacerlo en su nombre. Si pagan, quedan en libertad provisional. Pero si la residencia ha caducado desde hace tiempo, o si la persona entró en el país de forma irregular, se procede a la deportación.

En Egipto, una persona solicitante de asilo presenta primero su solicitud en la oficina del ACNUR en la Ciudad Seis de Octubre. Luego reciben un mensaje con la fecha de la cita para una entrevista. En dicha entrevista, a las personas solicitantes que presentan la documentación completa se les expide una tarjeta amarilla de solicitante de asilo, mientras que aquellos que carecen de una prueba de identidad reciben un certificado blanco. Tras someterse a entrevistas para la determinación de la condición de refugiado, a algunas personas se les concede una tarjeta azul que acredita su condición oficial de refugiado.La segunda parte del proceso incluye obtener el permiso de residencia de la Administración de Pasaportes, Emigración y Nacionalidad. Los titulares de tarjetas amarillas o azules pueden solicitar una cita y presentar una solicitud de residencia.

Estos documentos requieren una renovación: las tarjetas amarillas cada 18 meses, las azules cada tres años y los permisos de residencia cada año.

Sin embargo, en la práctica, el proceso de renovación se prolonga durante meses. Wagdy Abdel Aziz, director del Centro del Sur para los Derechos de los Refugiados, explica que, aunque los permisos de residencia deben renovarse cada año, a los solicitantes a menudo se les conceden citas meses después y, en algunos casos, se les dice que «vuelvan el año que viene». Durante estos periodos, las personas se quedan sin una condición legal válida y, por lo tanto, son vulnerables a ser detenidas. Abdel Aziz atribuye los retrasos principalmente a la grave falta de personal en la administración en relación con el volumen de solicitudes, lo que ha dado lugar a continuos aplazamientos.

Tras el estallido de la guerra en Sudán, se produjo un aumento de los desplazamientos hacia Egipto, y el Gobierno promulgó un decreto en septiembre de 2023 por el que se exigía a los extranjeros que regularizaran su situación si contaban con un anfitrión egipcio y podían abonar unas tasas equivalentes a 1.000 dólares. En 2024, Mada Masr informó de que estas tasas llevaron a muchos sudaneses recién llegados a solicitar asilo a través del ACNUR.

El aumento repentino de las llegadas ha supuesto una carga adicional para la ya limitada capacidad del ACNUR, lo que ha ralentizado tanto el proceso de registro como la renovación de documentos. En los últimos dos años, la agencia también se ha enfrentado a fuertes recortes presupuestarios que han afectado a muchos de los servicios que presta a los refugiados.Sin embargo, el retraso más importante se debe a la Administración de Pasaportes, Emigración y Nacionalidad. Hasta hace poco, la administración solo realizaba entrevistas para la expedición o renovación de permisos de residencia a unos 600 refugiados y solicitantes de asilo al día, en un momento en que el número de refugiados y solicitantes de asilo registrados había superado el millón, según las últimas cifras del ACNUR correspondientes a enero. Como resultado, dejaron a muchas personas refugiadas esperando entre dos y tres años para renovar el permiso de residencia, que solo era válido por un año, después de que el gobierno ampliara su vigencia de seis meses en abril de 2025.

A mediados de diciembre, la ACNUR anunció que la administración había aumentado el número de entrevistas diarias a 1.000, lo que redujo los tiempos de espera. Sin embargo, esta mejora no ha bastado para resolver el atraso acumulado.

Según Samy al-Baqir, portavoz del Comité de Docentes de Sudán con sede en Egipto, los plazos de espera para la renovación de la residencia todavía exceden el año y medio. Esto significa que muchas personas refugiadas continúan largos periodos a la espera de la renovación, en algunos casos más tiempo que el que dura la validez de sus tarjetas del ACNUR, y los nuevos permisos de residencia ya habían caducado en el momento en que se expiden.

Una fuente de la ONU confirma la duración del periodo de espera para la renovación del permiso de residencia, y añade que, anteriormente, la policía se había mostrado más indulgente con los titulares de tarjetas amarillas y azules del ACNUR cuyos permisos de residencia habían caducado mientras esperaban su renovación. Ahora, sin embargo, se enfrentan a un mayor acoso por parte de las fuerzas de seguridad, según ha informado la fuente a Mada Masr.

En opinión de Ennarah, lo que está ocurriendo refleja un cambio fundamental en el enfoque del Gobierno egipcio hacia los refugiados desde la segunda mitad de 2024, coincidiendo con la llegada de un gran número de sudaneses desplazados por la guerra. Según él, históricamente Egipto ha mantenido una postura relativamente abierta, ofreciendo un nivel mínimo de protección, incluidas garantías contra la deportación forzosa. Se produjeron deportaciones, pero fueron excepciones.

En los dos últimos años, argumenta que la excepción confirma la regla. El gobierno ha adoptado una práctica habitual de llevar a cabo campañas de seguridad recurrentes dirigidas a barrios con una alta concentración de refugiados en El Cairo, Alejandría y otras ciudades, que incluyen redadas domiciliarias y detenciones masivas —prácticas que el EIPR documentó en un informe publicado en agosto—.

Ennarah hace referencia a las cifras citadas en un memorándum publicado por los relatores especiales de la ONU el 13 de enero sobre la situación actual de los derechos de los refugiados. El memorándum, que él describe como un documento que recoge «el colapso del sistema de protección de refugiados y migrantes en Egipto», reveló que los casos documentados de refugiados detenidos por la policía —independientemente de si poseían o no un permiso de residencia válido— aumentaron de unos 250 en el primer trimestre de 2024 a 1.125 en el primer trimestre de 2025.

Asimismo, se señaló un aumento del 121 % en las detenciones de personas registradas en el ACNUR entre enero y agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, así como un incremento del 150 % en los casos de expulsión denunciados que afectaban a refugiados registrados, solicitantes de asilo y titulares de recibos de cita para el registro, en términos interanuales durante ese mismo periodo.

El memorándum advertía de los crecientes riesgos a los que se enfrentan los refugiados en Egipto debido a «la falta de reconocimiento de los recibos de la cita para el registro del ACNUR como herramienta de protección efectiva antes de la inscripción completa, la imposibilidad de obtener la residencia legal a tiempo y el mayor riesgo de detención arbitraria y deportación». Ennarah describe la situación resultante como una en la que «te ves, en la práctica, obligado a vivir en la ilegalidad».

Las campañas no distinguían entre personas refugiadas y migrantes, ni entre quienes tienen residencia válida y quienes no, afirma. Algunos refugiados han sido deportados a pesar de poseer permisos de residencia válidos después de que la policía les confiscara sus documentos y los remitiera a la fiscalía sin papeles, lo que condujo a su traslado a la administración de pasaportes o a la Agencia de Seguridad Nacional, que a continuación dictó órdenes administrativas de deportación.

Aunque se ha prestado especial atención a la persecución y deportación de refugiados sudaneses, Ennarah afirma que esto ha ido adquiriendo cada vez más el carácter de una persecución basada en el color de la piel.

«Lo he visto con mis propios ojos varias veces en la estación de metro de Dokki», afirma. «Es una zona con una gran presencia de inmigrantes. Si estás allí y ves a una persona sudanesa, en menos de un minuto aparece un agente de policía y le pide la documentación. Ahora, sin exagerar, cualquier persona negra que camine por la calle en Egipto corre el riesgo de que un agente de policía la detenga, le pida los documentos de residencia y la arreste. Si tienen suerte, quizá salgan libres». Ennarah señala que ha recibido numerosas denuncias de incidentes similares en los que se ven implicados migrantes de Kenia, Nigeria y otros países africanos.

Una migrante de Kenia comenta a Mada Masr que la policía le confiscó su pasaporte a mediados de diciembre tras detenerla en Maadi. Los agentes le dijeron que estaban buscando a una empleada de limpieza nigeriana acusada de robo.

Egipto expidió su propia ley de asilo en diciembre de 2024, que formalizaba la asunción por parte del Gobierno de la responsabilidad de examinar y conceder las solicitudes de asilo, una función que el ACNUR había desempeñado durante décadas.

Sin embargo, todavía no hay indicios visibles de que se haya puesto en marcha el nuevo sistema de asilo. La ley establece la creación de una comisión permanente para asuntos de refugiados encargada de resolver las solicitudes de asilo en un plazo de tres meses desde su promulgación, así como la adopción de normas de desarrollo en un plazo de seis meses. Ninguna de estas medidas se ha llevado a cabo.

Ennarah destaca los aspectos positivos que promete la ley tras su aplicación, como garantizar a los refugiados el derecho al trabajo, a la asistencia sanitaria y a la educación. Pero teme que «todo esto carezca de sentido» en el marco de una política ejecutiva que carece del «pilar fundamental: la prohibición de la expulsión y la protección jurídica que garantiza que una persona no sea deportada de vuelta a su país de origen».

La ley también se inscribe en el contexto del acuerdo de asociación estratégica de Egipto con la Unión Europea para el periodo 2024-2027, que incluye la cooperación para frenar el tráfico de refugiados y migrantes a través del Mediterráneo. Al mismo tiempo, la retórica oficial de los últimos dos años ha hecho hincapié en que Egipto acoge a lo que las autoridades describen como nueve millones de personas descritas oficialmente como «invitados», una cifra que, según el Gobierno, supera la capacidad del país en medio de las crisis económicas. La cifra se refiere al número total de migrantes internacionales que residen en Egipto, incluidos los refugiados. Campañas paralelas en línea han amplificado los discursos xenófobos, culpando a los refugiados de las dificultades económicas, el desempleo y la delincuencia.

La semana pasada, Saheeh Masr señaló una campaña online contra los refugiados en X, coincidiendo con la reciente escalada de deportaciones. Según la publicación, la campaña está impulsada por cuentas que han liderado campañas similares contra los refugiados en los últimos dos años.

En medio de las crecientes campañas, las embajadas de Sudán y Siria en El Cairo instaron a sus ciudadanos que residen o que buscan protección en Egipto a asegurarse de llevar consigo en todo momento documentos de residencia y de refugiado válidos. La embajada siria describió las medidas como «campañas de inspección periódicas» sobre la situación legal de todos los extranjeros, calificándolas de procedimiento ordinario y recurrente cada año. El embajador de Sudán en El Cairo, Emad Eddin Adawy, expresó su agradecimiento por lo que describió como las facilidades concedidas por el Gobierno egipcio a los ciudadanos sudaneses y afirmó que estaba vigilando lo que denominó «campañas mediáticas sistemáticas destinadas a socavar la santidad de las relaciones entre Sudán y Egipto».

Sin embargo, informes y fuentes de derechos humanos describen un clima generalizado de terror alimentado por las campañas de detención y deportación y por la incertidumbre jurídica que rodea la situación de residencia — un clima que ha hecho que muchas personas refugiadas tengan miedo de salir de sus barrios, incluso para ir a trabajar, llevar a sus hijos al colegio o comprar productos de primera necesidad.

*Artículo publicado originalmente en WIRE.