Retroceso civilizatorio: Parlamento de Irak aprueba penas de cárcel para relaciones homosexuales y para quienes vistan de forma «afeminada»

Si bien la iniciativa contemplaba originalmente la pena de muerte para las personas homosexuales, este punto finalmente fue modificado en el Parlamento. A pesar de esto, desde organizaciones de derechos humanos han calificado de "espantosas" las violaciones a los derechos de las personas LGBTIQ+ en Irak.

Retroceso civilizatorio: Parlamento de Irak aprueba penas de cárcel para relaciones homosexuales y para quienes vistan de forma «afeminada»

El Parlamento de Irak aprobó el pasado sábado una ley que establece penas de cárcel para las relaciones homosexuales, así como para quien cambie su sexo biológico o se vista «de forma afeminada».

Se trata de la Ley de Lucha contra la Prostitución y la Homosexualidad, la cual fue respaldada principalmente por los partidos chiitas conservadores, quienes aseguran que buscan «proteger a la sociedad iraquí de la depravación moral y los llamamientos a la homosexualidad que han invadido el mundo».

La iniciativa establece penas de entre 10 a 15 años de cárcel para las personas que tengan relaciones homosexuales y al menos siete años de cárcel para quienes promuevan la homosexualidad o la prostitución. También se impone entre uno a tres años de cárcel a las personas que cambien su sexo biológico o se vistan de forma «afeminada».

Cabe destacar que el proyecto contemplaba originalmente la pena de muerte por actos homosexuales, lo cual fue modificado luego de la fuerte oposición presentada por países occidentales.

Desde Human Rights Watch condenaron las nuevas penas hacia la comunidad LGBTIQ+, asegurando que vienen a empeorar aún más la situación que viven las personas homosexuales en Irak, quienes ya enfrentan violencia y amenazas tanto por parte de grupos armados como religiosos.

«La aprobación por el Parlamento iraquí de la ley contra el colectivo LGBT confirma el espantoso historial de violaciones de los derechos de las personas LGBT en Irak y supone un duro golpe para los derechos humanos fundamentales», declaró Rasha Younes, codirectora interina de Human Rights Watch.

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