Apoyado por Matthei y Francisco Orrego: Director Jurídico (RN) de Rapa Nui fue formalizado a pocos días de asumir el cargo

Era el año 2024, y el candidato a concejal por Ñuñoa, Rodrigo Cerda (RN), se comprometía en su campaña que en caso de ser electo, se dedicaría a una fiscalización exhaustiva y minuciosa, «velando por el correcto uso de los recursos con que cuenta el municipio». Pero, no ganó, pese al férreo apoyo de Evelyn Matthei, Sebastián Sichel y Francisco Orrego.

A pesar de no haber obtenido un lugar en el Concejo Municipal de Ñuñoa, si logró ser nombrado director jurídico en la Municipalidad de Rapa Nui.

Según los antecedentes a los que el Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso, el pasado 12 de diciembre de 2024 la actual alcaldesa de la comuna, Elizabeth Arévalo Pakarati, nombró a Cerda en el cargo de Director de Asesoría Jurídica, con un sueldo bruto de $3.410.343. Debido a esto, Rodrigo Cerda habilitó su residencia permanente en el territorio insular.

A cinco días de haber asumido la Dirección, Cerda solicitó a la alcaldesa que lo autorizara a una comisión de servicios al continente, entre el 18 de diciembre al 1 de enero de 2025, con el propósito de “reunirse con abogados de ChileCompra, Contraloría General de la República, Senadores y Diputados que representa a la región, autoridades de Subdere, y otros servicios públicos que se relacionan directamente como del quehacer de la Municipalidad y de la Dirección Jurídica», lo que fue autorizado por Arévalo.

Sin embargo, su viaje ocultaba un paradero que no informó en su programa de comisión: Debía comparecer ante el Séptimo Juzgado de Garantía en calidad de imputado por el delito de apropiación indebida, ya que en caso de no hacerlo, el tribunal despacharía una orden de arresto en su contra.

Al leer el expediente de la causa, es posible confirmar que todo surgió durante el año 2019, cuando Rodrigo Cerda en su rol de abogado, asumió la representación de una habitante de Rapa Nui, en una tutela laboral contra la Fundación Niño y Patria, por vulneración de derechos fundamentales; la que terminó el 5 de agosto de 2021 por un avenimiento entre las partes, pagando la Fundación a la demandante la suma de $30.398.616; dineros que habrían sido apropiados por Cerda, quien incluso habría ocultado dicho acuerdo a su clienta.

Por lo anterior, la afectada presentó una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en donde narró que desconocía por completo el avenimiento, puesto que, Cerda en ningún momento se lo mencionó, por el contrario se lo ocultó por más de dos años, utilizando excusas de distinta índole: que habían hackeado el Tribunal de Cobranza, que por la pandemia todos los procesos judiciales estaban más lentos y se habían estancados; luego que no podía dedicar tiempo porque se estaba cambiando de trabajo, luego que tenía que atender su mudanza, para finalmente decirle que estaba muy mal de salud.

«Sacó ventaja del aislamiento geográfica y contextual que había en ese entonces, debido a que por consecuencia de la pandemia los vuelos se habían suspendido totalmente, reanudándose progresivamente recién en septiembre del 2022 para toda la población; junto con esto el servicio de internet existente en la isla no me permitía entrar de manera correcta a la página del poder judicial para poder conocer el estado de mi causa”, se lee en la querella contra el militante de Renovación Nacional.

Incluso, la víctima también reveló que le fue muy difícil notificar la querella, pues el abogado cambiaba de lugar de residencia permanentemente. La bloqueo del teléfono y de las redes sociales, logrando ubicarlo en la Corporación de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en donde prestaba servicios. Pero, para evitar que los hechos fueran conocidos por la Corporación, Cerda reconoció su apropiación y se comprometió a pagarle prontamente. Sin embargo no lo hizo, por lo que la afectada interpuso dicha acción judicial.

Finalmente, Rodrigo Cerda Morales compareció el 23 de diciembre a la audiencia de formalización vía Zoom desde Linares, muy lejos del lugar donde debía cumplir la comisión de servicios. Es más, la finalidad de su viaje era comparecer a dicha audiencia, ya que, sus pasajes aéreos de ida y regreso entre Rapa Nui y Santiago, los adquirió el 4 de diciembre de 2024, es decir, antes de ser nombrado director jurídico -como se detalla en la copia de Latam-.

Tras detectar lo ocurrido, el concejal y exalcalde de Rapa Nui Pedro Edmunds Paoa, interpuso una denuncia ante la Contraloría Regional de Valparaíso, en donde explicó que Cerda no solo faltó a la verdad ante la Municipalidad, sino que también ante el mismo Tribunal de Garantía, en donde consta en la carpeta judicial que notificar al imputado fue dificultoso, puesto que indicó direcciones, que no coincidían con su localización.

«En este contexto delictual, fue elegido por la alcaldesa para desempeñar el cargo de Asesor Jurídico de la Municipalidad de Isla de Pascua, en circunstancias, que se encontraba en calidad de imputado, y prófugo en nuestro territorio (…) Es decir, no solo estaba trabajando en sus propios intereses en horario laboral, sino que también, se encontraba muy lejos del lugar donde debía estar cumpliendo su comisión de servicios (Santiago y Valparaíso) (…) el Sr. Cerda, no solo incumplió la comisión de servicio, sino que también, defraudó dineros de la Municipalidad pues recibió una remuneración por los días 18 al 01 de enero, y desconozco si a la fecha se le pagó el viático y los pasajes, que diligentemente rechazó la Dirección de control», se lee en la denuncia a la que este medio tuvo acceso.

Según lo expuesto por el concejal Edmunds Paoa ante Contraloría, Rodrigo Cerda solicitó el pago de los pasajes y viáticos, por la suma de $1.423.448 -$939.994 por concepto de viáticos y $483.454, por reembolso de pasajes-. No obstante, la Dirección de Control de dicho municipio no cursó aquel pago, solicitándole adjuntar respaldos de reuniones programadas, debiendo solicitar a las autoridades y/o entidades correos electrónicos de respaldos, y ley del Lobby

A pesar de lo anterior, la alcaldesa ordenó el pago a Cerda de la totalidad de su remuneración de diciembre.

El Ciudadano conversó con el concejal Pedro Edmunds Paoa, quien afirmó que considera muy peligroso que las decisiones jurídicas de la isla, estén en manos de un abogado con conductas delictuales, más aún, cuando se ha apropiado de dineros de una habitante de nuestra comunidad, aprovechándose de la confianza y aislamiento.

-El señor Rodrigo Cerda Morales, se ha aprovechado de su ejercicio profesional de abogado para apropiarse de dineros de una de nuestras habitantes (…) y a los 6 días de asumir el cargo, simuló una “comisión de servicios para ir a trabajar al continente”, en circunstancias, que debía asistir al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, todo lo cual, lo efectuó, mientras era remunerado con dineros municipales.Es evidente que este abogado no cuenta con la honradez, para ocupar el cargo de Director Jurídico de la Municipalidad de Isla de Pascua y menos aún para que por sus manos pasen los recursos municipales-, dijo el concejal.

Pero, para Edmunds Paoa lo ocurrido con Cerda no es lo único que le preocupa, puesto que, reveló que por primera vez en la historia de la Municipalidad, la mayor parte de los altos cargos municipales fueron asignados a personas continentales que se tuvieron que trasladar a vivir a la isla. Para él, no existe motivo para menospreciar a los profesionales Rapa Nui que cuentan con estudios, capacidades y competencias para asumir esos cargos, y servir a la comunidad con la empatía cultural que se requiere.

-Entregar en manos de continentales la administración de nuestra isla, pone en riesgo nuestras historia, cultura y tradiciones, y demuestra de parte de la actual administración municipal un sesgo al autogobierno, lucha que históricamente ha liderado nuestro pueblo. Estoy absolutamente de acuerdo en que debe existir alternancia en el poder, y deseo que a esta administración municipal como a todas las venideras les vaya muy bien, sin embargo, no puedo dejar de manifestar mi preocupación a que la Municipalidad de Rapa Nui se convierta en una caja pagadora de favores políticos y de intereses continentales-, finalizó Edmunds Paoa.

Finalmente, el acta de la audiencia de formalización informó que Rodrigo Cerda llegó a un acuerdo reparatorio con la víctima para saldar la deuda de 1.042 UF -equivalente a $40.302.632-, confirmando el delito de apropiación indebida.

Actualmente, Cerda sigue desempeñándose como director jurídico de Rapa Nui.