Comisión de Búsqueda de Puebla: más presupuesto y el reto de 1,800 desaparecidos

Con más de mil 800 personas aún desaparecidas en Puebla, la Comisión de Búsqueda de Personas inicia una nueva etapa en 2025 respaldada por un presupuesto de 24.2 millones de pesos, una cifra que busca dar un nuevo impulso a las labores de localización en el estado.

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Este recurso proviene de un convenio entre el Gobierno Federal y el Gobierno estatal, a través del cual la administración de Claudia Sheinbaum aporta poco más de 22 millones de pesos, mientras que el resto es cubierto por el Ejecutivo poblano. El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que los fondos se usarán exclusivamente para actividades relacionadas con la búsqueda de personas, adquisición de tecnología, y contratación de servicios especializados.

Al frente de esta nueva etapa se encuentra Juan Enrique Rivera Reyes, recién nombrado como titular de la Comisión, quien tiene la encomienda de agilizar los procesos de búsqueda y atender con mayor eficacia las demandas de los familiares.

Rivera Reyes ha explicado que su gestión buscará consolidar estrategias que prioricen la coordinación interinstitucional y el uso eficiente de los recursos. Aunque aún es pronto para hablar de resultados concretos, la expectativa es que esta administración logre reducir el rezago en la atención de los casos activos.

Desde 2019 hasta finales de 2024, en Puebla se han registrado 2,771 denuncias por desaparición, de las cuales sólo 878 personas han sido localizadas, dejando a 1,893 familias en la incertidumbre.

Por su parte, los colectivos de familiares y organizaciones de búsqueda, aunque reconocen el aumento presupuestal, han insistido en que los resultados tangibles siguen siendo escasos. En múltiples ocasiones han manifestado su preocupación por la lentitud en las investigaciones y por la falta de apoyo técnico en campo, lo que ha generado desconfianza hacia las autoridades.

El convenio estará vigente hasta diciembre de 2025, aunque existe la posibilidad de extender su duración si así lo acuerdan las partes involucradas. Por ahora, el desafío es claro: convertir los recursos en acciones efectivas que respondan a las más de mil 800 desapariciones sin resolver.

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