La Contraloría General de la República identificó diversas irregularidades en 32 municipios del país relacionadas con el uso de recursos públicos durante el proceso electoral de 2024. Para ello, el organismo ejecutó un plan nacional de fiscalización, centrado en los gastos y transferencias realizadas por las municipalidades entre enero y septiembre del año pasado. El objetivo fue asegurar que los fondos públicos se utilizaran conforme a la ley, especialmente en un contexto electoral.
Como parte de este proceso, la Contraloría examinó las transferencias desde los municipios hacia entidades privadas, con el fin de verificar la ausencia de conflictos de interés y garantizar que los recursos no se usaran en actividades proselitistas ni en campañas de difusión vinculadas a candidaturas.
¿Qué reveló esta auditoría?
El informe detalla que en 10 municipios de la zona central se detectaron prácticas irregulares como gastos no justificados, uso indebido de vehículos fiscales durante días inhábiles y falta de respaldo sobre ciertas actividades financiadas.
La Contraloría detectó que el municipio de La Florida desembolsó más de 30 millones de pesos en servicios prestados a honorarios durante 2024, destinados a fines que no guardan relación con los objetivos institucionales de la entidad. Por este motivo, el organismo anunció que formulará un reparo por $23.149.811.
El informe también advierte que, en el marco de la conmemoración del Día del Dirigente Vecinal y Comunal, el entonces alcalde de la comuna presentó públicamente a candidatos a cargos de elección popular pertenecientes exclusivamente a su pacto político. Esta acción podría representar una vulneración al principio de probidad administrativa.
Adicionalmente, se identificó la entrega de 5.600 gift cards por un total de $140 millones, en respuesta a una emergencia climática, sin la documentación necesaria para acreditar que los beneficiarios realmente requerían la ayuda. Frente a estas observaciones, la Contraloría informó que instruirá un sumario administrativo.
En la Municipalidad de Maipú, la Contraloría señaló que la entidad no respondió a las solicitudes de información requeridas durante el proceso de auditoría, a pesar de haber sido reiteradas en al menos tres ocasiones. Esta falta de colaboración obstaculizó el trabajo fiscalizador, por lo que se instruirá un sumario para determinar posibles responsabilidades administrativas.
Además, el organismo detectó uso indebido de vehículos fiscales durante días no laborables, hecho que será considerado dentro del mismo proceso sumarial.
El informe también reveló que se otorgó ayuda social a siete personas que ya habían fallecido al momento de recibir el beneficio. Asimismo, se constató que seis inmuebles de propiedad municipal estaban siendo habitados por personas sin vínculo laboral con la entidad y sin contar con decreto alcaldicio que autorizara su uso.
Frente a estos hallazgos, la Contraloría indicó que la Municipalidad deberá iniciar un procedimiento disciplinario interno..
En el caso de Puente Alto, la Contraloría detectó un desembolso injustificado de $129.899.999 a la empresa Administradora de Turismo Rosa Agustina, por un evento de capacitación para dirigentes sociales. Sin embargo, no se pudo comprobar que todos los dirigentes comunales hubiesen sido invitados, lo que contradice el carácter inclusivo que debía tener la actividad. Por esta razón, se objetó la totalidad del gasto.
Asimismo, el municipio aprobó rendiciones del Club Deportivo Leydis Senior Puente Alto por más de $30 millones, sin que se demostraran los beneficios de los pasajes aéreos comprados ni la participación de sus miembros en un campeonato internacional.
También se encontraron irregularidades en el uso de automóviles fiscales, en la participación de funcionarios en campañas políticas durante horas de trabajo y en la revisión del libro de asistencia y pagos de remuneraciones. Estas observaciones llevaron a la Contraloría a exigir la apertura de un sumario administrativo en la comuna.
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