EE.UU. refuerza la frontera con México: segunda zona militar para frenar la migración irregular

El Gobierno de Estados Unidos anunció la creación de una segunda zona militar restringida a lo largo de la frontera con México, en un nuevo paso para reforzar su estrategia de control migratorio. El Comando Norte del país informó que el Pentágono tomará posesión de una franja de más de 100 kilómetros de extensión, la cual será incorporada a la base militar de Fort Bliss, ubicada cerca de El Paso, Texas.

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La decisión forma parte de una serie de medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, que ha incrementado sustancialmente la presencia de tropas en la frontera sur con el fin de bloquear el ingreso de migrantes y solicitantes de asilo.

La zona militar, cuya creación fue autorizada el pasado 11 de abril mediante una orden presidencial, se suma a la llamada «Reserva Roosevelt», un corredor federal de 20 metros de ancho que recorre más de mil kilómetros desde Nuevo México hasta California. En la nueva orden, Trump instruyó a los secretarios de Defensa, Seguridad Nacional, Interior y Agricultura a facilitar la cesión de terrenos públicos al Departamento de Defensa para permitir “actividades militares” bajo control del Pentágono.

El fortalecimiento del resguardo fronterizo ya ha tenido consecuencias judiciales: a inicios de semana, el Departamento de Justicia presentó cargos penales contra 28 inmigrantes acusados de violar normas de seguridad en una zona militar restringida. Este tipo de delito implica consecuencias legales más severas que el cruce irregular tradicional, considerado una falta civil.

Desde el inicio de su mandato, el presidente Trump ha transferido progresivamente tareas migratorias al ámbito militar, llegando incluso a utilizar aviones del Ejército para trasladar migrantes venezolanos a la base naval de Guantánamo, en Cuba.

Las políticas de endurecimiento fronterizo han tenido un impacto notable en el flujo migratorio: las detenciones por cruces irregulares en la frontera sur se redujeron drásticamente a menos de 30.000 en febrero, una cifra considerablemente menor a los 124.000 arrestos registrados en diciembre, durante la gestión del expresidente Joe Biden.

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