El conflicto inició en abril de 2023, cuando un grupo de personas ingresó de forma violenta al predio. Desde entonces, en ese espacio se ha formado un asentamiento donde actualmente se ofrecen más de 400 lotes sin ningún tipo de respaldo legal.
Véase también: Reemplacamiento obligatorio para transporte público en Puebla tras más de una década de rezago
Jesús González Schmal, abogado de la fundación, señaló que en un inicio se descartó la participación de la empresa Agua Inmaculada; sin embargo, nuevas evidencias han mostrado bardas levantadas por la compañía y anuncios donde se adjudican la propiedad del terreno, lo que reforzó la sospecha de que estuvieron involucrados desde el principio. Afirmó que la empresa habría financiado la ocupación con la intención de apoderarse de una parte sustancial del terreno, específicamente ocho de las 12 hectáreas en disputa.
Además de la ocupación, el abogado denunció que el resto del predio ha sido fraccionado de manera ilegal, con la venta de lotes entre 250 mil y 300 mil pesos. Explicó que los compradores reciben planos y contratos privados, pero no se entregan escrituras públicas válidas, dejándolos en una situación legal frágil. Añadió que los terrenos tampoco cuentan con servicios básicos como agua o electricidad, ni con los permisos necesarios de uso de suelo.
Uno de los aspectos más graves del caso es la supuesta participación de un notario de Tlaxcala, quien —según la denuncia— certifica falsamente que los lotes se ubican en el municipio de Cuautlancingo, lo que permitiría darle una apariencia de legalidad a las ventas.
La Fundación Julita y Antonio ya presentó denuncias ante el Ministerio Público y ante autoridades municipales, sin embargo, sus representantes lamentan la falta de respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y han solicitado la intervención de instancias federales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Hasta el momento, no se ha definido una fecha para audiencia ni se ha concretado acción alguna de las autoridades.
Ante esta situación, Carolina León Soriano, presidenta de la Asociación para la Defensa y Apoyo al Gremio Inmobiliario (ADAGI), advirtió que este caso no es aislado. Expresó preocupación por el crecimiento de fraudes similares en el norte y sur de Puebla. La presidenta de ADAGI hizo un llamado a la ciudadanía a no adquirir terrenos sin antes consultar con expertos, y recordó que existen mecanismos de asesoría legal gratuita para prevenir estos fraudes.
León Soriano también enfatizó la necesidad de que se apruebe cuanto antes la nueva Ley Inmobiliaria en el Congreso local, ya que permitiría regular con mayor eficacia el actuar de los asesores y desarrolladores del sector.
Foto: El Ciudadano
Recuerda suscribirte a nuestro boletín
📲 https://bit.ly/3tgVlS0
💬 https://t.me/ciudadanomx
📰 elciudadano.com
