FGR confirma hallazgo de 42 cuerpos calcinados en Colima, en su mayoría de mujeres jóvenes

Colectivos de búsqueda han denunciado la falta de transparencia y la lentitud en los procesos forenses, a pesar de haber entregado 888 perfiles genéticos a la FGR

FGR confirma hallazgo de 42 cuerpos calcinados en Colima, en su mayoría de mujeres jóvenes

Autor: El Ciudadano México

A más de un año del hallazgo de un predio con múltiples fosas clandestinas en la comunidad de Agua de la Virgen, municipio de Ixtlahuacán, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el descubrimiento de restos humanos correspondientes a al menos 42 personas, en su mayoría mujeres de entre 25 y 39 años que presentaban signos de calcinación.

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El caso, que comenzó con la investigación sobre la desaparición del abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el líder comunal Antonio Díaz Valencia en enero de 2023, derivó en la intervención federal de un terreno de 42 hectáreas entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Sin embargo, el impacto político ha sido limitado, y hasta el momento, el Gobierno Federal no ha anunciado nuevas diligencias ni avances sustanciales en la investigación.

Colectivos de búsqueda en Colima y entidades vecinas acusan falta de transparencia y lentitud en los procesos forenses, pese a que se han entregado 888 perfiles genéticos a la FGR. Solo tres víctimas han sido identificadas hasta ahora, provenientes de Michoacán y Guanajuato. “La crisis forense y la omisión institucional agravan la angustia de las familias”, reclamaron colectivos en rueda de prensa.

La magnitud del hallazgo vuelve a colocar a Colima en el centro de la crisis nacional por desapariciones forzadas. Desde 2019, el estado ha acumulado casos alarmantes: en Santa Rosa se localizaron 84 cuerpos y, en 2023, otras 55 fosas con 92 víctimas fueron halladas en Cerro de Ortega, municipio de Tecomán.

A pesar de la gravedad, ni el Ejecutivo federal ni el estatal han dado declaraciones contundentes sobre el caso de Ixtlahuacán. Para los familiares de desaparecidos, el silencio institucional representa una segunda forma de violencia. Exigen que se activen mecanismos de búsqueda urgentes, se refuercen las capacidades periciales y se reconozca públicamente la dimensión del problema.

Foto: X

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