Caso Hermosilla: Valencia saca de la causa a Fiscalía que solicitó allanamientos a ministros de la Corte de Apelaciones

El Fiscal Nacional Ángel Valencia resolvió este lunes realizar un ajuste importante en la conducción de dos investigaciones derivadas del llamado Caso Hermosilla, que indagan presuntas maniobras irregulares en la designación de ministros de cortes y fiscales judiciales.

De acuerdo a la información de Ciper, mediante una resolución emitida el lunes, Valencia trasladó ambas causas a la Fiscalía Regional de Valparaíso, que estará encabezada por la fiscal regional Claudia Perivancich. Así, la investigación contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, deja de estar en manos del fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, y de la unidad de Alta Complejidad dirigida por Javier Von Bischoffshausen. La causa contra la ministra suspendida Verónica Sabaj también cambia de equipo: dejará de ser dirigida por la fiscal Ximena Chong y pasará a cargo de Perivancich.

Sabaj está siendo investigada por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial, luego de que se revelaran sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, donde se evidencian gestiones para favorecer al penalista. En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en su contra.

El caso de Antonio Ulloa tomó relevancia en marzo pasado, cuando la Fiscalía de O’Higgins obtuvo autorización del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para allanar su oficina en la Corte de Apelaciones, tras descubrir en sus chats con Hermosilla coordinaciones para influir en el nombramiento de al menos ocho jueces y tres fiscales judiciales. En uno de esos mensajes, Ulloa pedía ayuda directa: “Basta con que hables con Andrés Chadwick para que él hable con el presidente. Por favor Lucho, te lo pido por favor”.

El mismo día del allanamiento a Ulloa, la fiscalía realizó diligencias en las casas del exasesor presidencial de Sebastián Piñera, Andrés Sotomayor y del ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Mery. Sin embargo, esta última fue anulada posteriormente por la Corte Suprema, tras un recurso de amparo presentado por la defensa de Mery, quien alegó que su calidad era la de testigo y no de imputado.

La Fiscalía de O’Higgins también intentó obtener denuncias reservadas contra Ulloa que obran en poder de la Corte Suprema, pero el máximo tribunal denegó la entrega mientras se resuelve un conflicto similar ante el Tribunal Constitucional.

Según informó la Fiscalía Nacional, la reasignación de las causas se fundamenta en el “principio de unidad de acción”, con el objetivo de centralizar las indagaciones y la protección de testigos en una sola fiscalía regional, tal como establece la ley orgánica del Ministerio Público.

Con esta decisión, la fiscal Perivancich, conocida por su rol en la investigación del caso Dominga, pasará a liderar tres frentes vinculados al Caso Hermosilla: la causa sobre tráfico de influencias en nombramientos judiciales —que incluye una querella presentada por la diputada Camila Musante por la designación del ministro supremo Jean Pierre Matus— y las indagaciones contra Ulloa y Sabaj.

Polémica por allanamiento y teléfono de Mery

El operativo realizado en marzo por la Fiscalía de O’Higgins desencadenó una controversia inédita dentro del caso. La incautación del celular de Héctor Mery generó un reclamo inmediato por parte de su abogado defensor, Matías Künsemüller, quien presentó un recurso de amparo argumentando vulneraciones a los derechos de su cliente, dado que no estaba formalmente imputado.

Durante el gobierno de Sebastián Piñera, Mery fue jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, cargo en el que participaba en la revisión de nombramientos de jueces y fiscales. Por eso, el Ministerio Público buscaba acceder a sus comunicaciones con Hermosilla y Ulloa. Según se ha revelado, fue Mery quien notificó a Ulloa sobre su designación como ministro en Santiago, un nombramiento en el que Hermosilla también habría intervenido.

Finalmente, el 28 de abril, la Corte Suprema anuló la incautación del teléfono de Mery y ordenó su devolución, apenas días antes de que la fiscalía de O’Higgins fuera apartada de la causa.

Actualmente, en la investigación que ahora dirige Perivancich, se sigue la pista no solo del nombramiento de Ulloa, sino también de otros siete jueces y tres fiscales judiciales que habrían sido designados con apoyo irregular. Entre ellos figuran:

• Alejandro Aguilar, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago;
• Graciela Gómez, ministra en Santiago;
• Rafael Corvalán, magistrado de Valparaíso;
• Paulina Gallardo, ministra en Chillán;
• Gerardo Bernales, ministro en Talca;
• Verónica Sabaj, ministra suspendida en Santiago;
• María Gutiérrez, exministra que renunció en 2023;
• Macarena Troncoso y Ana María Hernández, fiscales judiciales en Santiago;
• Mónica Olivares, actual ministra en Iquique, para quien también se habrían realizado gestiones.

Con estas causas, la fiscalía apunta a desentrañar una presunta red de tráfico de influencias que alcanza a las más altas esferas del Poder Judicial.