Gritos y renuncias: Las denuncias por maltrato laboral que complican al Conservador de Bienes Raíces de Santiago

El ambiente laboral al interior del Conservador de Bienes Raíces de Santiago fue descrito como «una olla de grillos» durante la investigación contra Carlos Miranda Jiménez, titular del Registro de Hipotecas y Gravámenes, acusado de maltrato laboral.

De acuerdo a la información de Interferencia, la investigación se abrió tras una denuncia presentada el 22 de agosto de 2024 por el Sindicato N°1 del Conservador, en medio de un proceso de negociación colectiva y una huelga de cuatro días. El conflicto escaló cuando Miranda irrumpió en una reunión entre los sindicatos y Francisco Barriga, primer oficial del CBRS de 82 años, a quien desconoció como interlocutor válido para las conversaciones.

Según los testimonios recogidos, Miranda ingresó a la reunión visiblemente alterado y protagonizó un intercambio verbal y físico con Barriga, obligando a suspender el encuentro. La fiscal a cargo del caso, Ana María Hernández Medina, acreditó los hechos denunciados y las secuelas que sufrió Barriga tras el incidente.

«Los testigos relataron que lo vieron rojo de vergüenza, nervioso y afligido. Posteriormente, declaró que nunca había experimentado un acoso semejante, llegando incluso a presentar su renuncia, que no fue aceptada«, detalla el informe final dirigido a la Corte de Apelaciones de Santiago.

En su resolución, la fiscal estableció la responsabilidad disciplinaria de Miranda, por actos de maltrato y acoso laboral cometidos el 21 de agosto de 2024. Como sanción, propuso una amonestación privada, al considerar que se trata de su primera infracción y que su historial funcionarial estaba exento de anotaciones negativas.

Además, recomendó adoptar medidas para mejorar el clima laboral en la institución, como la intervención de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) u otros organismos que promuevan el buen trato entre los funcionarios.

El informe fue entregado el pasado 13 de enero a la Corte de Apelaciones de Santiago, que ahora debe resolver tras escuchar los alegatos de las partes.

Consultado por el medio Interferencia, Matías Rodríguez, abogado defensor de Miranda, afirmó que la sanción aún no ha sido aplicada y que su cliente ejercerá su derecho a apelar.

Rodríguez aseguró que la fiscal «carece de competencia» para juzgar los hechos y que la denuncia busca desviar la atención de acusaciones previas contra Barriga, quien —según dijo— enfrenta denuncias por acoso laboral contra dos funcionarias del registro, actualmente bajo investigación por la Inspección del Trabajo bajo la ley Karin.

«Esta denuncia se presentó justo cuando Barriga ya estaba siendo cuestionado, y la decisión de la fiscal nace de un procedimiento que consideramos irregular», señaló.

El abogado también denunció la filtración del expediente del caso. «La revelación de este proceso, que debía mantenerse reservado hasta la resolución de la Corte, es gravísima y será perseguida en las instancias judiciales competentes«, concluyó.