Javier Fano Ruiz, jefe de gabinete del alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), percibe $2.401.285 mensuales por coordinar la agenda del edil y otros $2.740.480 brutos por ejercer como “asesor legal de la administración municipal”. Estos ingresos, que en conjunto superan los $5 millones al mes, han generado sospechas sobre un posible nuevo caso de corrupción en la comuna.
De acuerdo a la información de The Clinic, la denuncia fue realizada por la Fundación América Transparente, que reveló que Fano —exlíder estudiantil del Movimiento Gremial— recibe remuneraciones tanto de la Municipalidad de La Reina como de la Corporación de Desarrollo local. Uno de los aspectos más controvertidos es que, según los registros de transparencia activa, Fano figura solo con educación media completa en su cargo municipal, mientras que en la corporación aparece como “estudiante de derecho”. Esto resulta llamativo, considerando que el puesto de jefe de gabinete requiere una dedicación casi total, lo que hace poco creíble que pueda asumir paralelamente otro trabajo remunerado.
Juan José Lyon, director de América Transparente y autor de la investigación, subraya: “No es raro encontrar dobles sueldos en municipios, pero sí en un jefe de gabinete. Es un rol que exige presencia permanente junto al alcalde. Además, resulta extraño que desempeñe funciones de asesor legal sin contar con un título profesional en derecho”.
La fundación también advirtió otras irregularidades en el caso de Fano. “Está contratado a honorarios, lo que implica que debe presentar informes mensuales de su labor, disponibles en transparencia activa. Sin embargo, sus informes no aparecen. Es el único caso que falta”, denuncia Lyon. Al revisar la plataforma del municipio, se observa que están disponibles los informes de todos los contratados a honorarios, excepto los de Fano.
Según América Transparente, este tipo de situaciones son posibles debido a vacíos legales relacionados con la gestión de las corporaciones municipales. Estas entidades pueden contratar bajo el Código del Trabajo, aplicando el artículo 22 que elimina el control horario, y simultáneamente contratar a honorarios, lo que en teoría evita la superposición de horarios. Sin embargo, en la práctica, estas condiciones son terreno fértil para irregularidades.
El caso de Fano se suma a un patrón observado en otras municipalidades, donde las corporaciones municipales han sido foco de investigaciones por falta de probidad, como ocurrió en Vitacura bajo la administración de Raúl Torrealba. Por esta razón, algunos parlamentarios han impulsado proyectos para regular estas entidades y cerrar los vacíos legales que permiten estas prácticas.
“La verdadera preocupación es que seguimos atrasados en regular las corporaciones. Son brazos del municipio que operan con rut distintos y bajo reglas más laxas, permitiendo contratos paralelos sin mayor fiscalización”, explica Lyon. Agrega que «a estas alturas es evidente que muchos casos de corrupción municipal están ligados a estas corporaciones. Hay varios proyectos de ley para mejorar la probidad que no avanzan. Necesitamos elevar los estándares de control en los municipios”.
Finalmente, el director de la fundación recalca: “La Contraloría establece que no se puede tener más de un contrato simultáneo, salvo excepciones muy específicas. Entonces, ¿por qué seguimos permitiendo que personas tengan contratos paralelos en corporaciones municipales? Ese es el problema de fondo que debemos resolver”.