El Gobierno de México ha solicitado formalmente a Estados Unidos la extradición del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, con el objetivo de que enfrenten en territorio nacional cargos relacionados con corrupción y lavado de dinero. La petición surge después de la condena de García Luna en una corte estadounidense por vínculos con el narcotráfico.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que la solicitud se mantiene vigente a pesar de que García Luna ya se encuentra en prisión:
“El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición. Una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo y en ese momento se aplicaría la extradición”.
De acuerdo con documentos presentados ante una corte en Florida, la UIF sostiene que tanto García Luna como Pereyra han incurrido en incomparecencia judicial, lo cual, según los abogados mexicanos, representa una admisión tácita de los hechos que se les imputan. El proceso legal en su contra comenzó en 2021 y contempla la recuperación de aproximadamente 745,9 millones de dólares presuntamente desviados mediante contratos públicos fraudulentos.
La UIF también ha interpuesto una demanda civil en Estados Unidos para reclamar activos vinculados a estos fondos, entre ellos propiedades en Miami. Un tribunal estadounidense ha validado el derecho de México a continuar con estas acciones legales.
En cuanto a Linda Cristina Pereyra, Gómez confirmó que se solicitará su extradición inmediata, al ser acusada de participar activamente en la red de corrupción liderada por su esposo.
Además, otros implicados en el caso han buscado acuerdos con las autoridades mexicanas. José Francisco Niembro González, exsubsecretario de Seguridad Pública, y su esposa aceptaron pagar 330 mil dólares como reparación del daño. Los empresarios Samuel y Alexis Weinberg continúan en negociaciones con la UIF.
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La jueza Lisa Walsh, a cargo del caso civil en Florida, ha urgido a las partes a definir sus posiciones, ya sea mediante acuerdos o procediendo a juicio. De aprobarse la extradición, se convocará una audiencia para determinar el monto de la reparación del daño y la devolución de los bienes adquiridos ilícitamente.
Este movimiento representa un paso clave en la estrategia del gobierno mexicano para combatir la corrupción de alto nivel y recuperar los recursos públicos desviados durante anteriores administraciones.
Foto: Redes
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