El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al Congreso y al sistema judicial de frenar la reforma agraria, uno de los compromisos centrales del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC. En su intervención durante una sesión de la Comisión Intersectorial de Reforma Agraria, realizada en la Casa de Nariño, el mandatario lanzó duras críticas contra la falta de voluntad institucional.
“No nos están ayudando los jueces en general, precisamente porque no están tomando decisiones, sino guardando en el escritorio los procesos”, denunció Petro. Señaló también que el proyecto para activar la jurisdicción especial agraria está detenido en el Congreso, pese a la obligación adquirida por el Estado colombiano ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Petro destacó que su gobierno ha entregado 569 mil hectáreas de tierra a campesinos, aunque reconoció que esa cifra apenas representa un avance parcial frente a la meta de un millón de hectáreas, lo cual equivaldría al 30 % de lo pactado en el acuerdo.
“La jurisdicción especial agraria sigue durmiendo el sueño de los justos”, añadió el presidente, cuestionando el incumplimiento legislativo de una de las reformas estructurales más esperadas por las comunidades rurales y víctimas del conflicto armado.
Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) advirtió sobre el recrudecimiento de las amenazas contra sus equipos técnicos, quienes desarrollan tareas de restitución en territorios históricamente controlados por el narcotráfico y el paramilitarismo.
El director de la ANT, Felipe Harman, denunció que grupos como el Clan del Golfo y los Mellizos operan en regiones como Puerto Boyacá, La Dorada y Cimitarra, donde intentan impedir que las tierras recuperadas sean devueltas a sus legítimos propietarios.
“Estas acciones violentas consolidan el despojo histórico”, afirmó Harman, al subrayar que los ataques no sólo detienen los procesos de formalización, sino que refuerzan el control territorial de grupos armados.
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Petro concluyó que la parálisis en la reforma agraria responde a un “colapso judicial”, a la falta de compromiso del Congreso y a la presión ejercida por intereses ligados al despojo de tierras.
Fotografía: Redes
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