«Hola Kathy…»: Los chats que complicarían a los exsubsecretarios de Piñera en el Caso Motorola

A través de un reportaje de Bío Bío -del año 2021-, se reveló que un informe de Contraloría confirmó irregularidades en la compra de cámaras corporales a Carabineros, durante la gestión de Katherine Martorell como subsecretaria de Prevención del Delito, no existiendo constancia ni “evidencia” sobre los antecedentes tenidos a la vista por la comisión evaluadora de la subsecretaría para adjudicar la licitación a Motorola -cámaras corporales-.

Por lo anterior, el Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso a la querella criminal interpuesta por la empresa The Pegasus Group Company S.A en contra de Katherine Martorell -y otros funcionarios del Gobierno de Sebastián Piñera-, por los delitos de prevaricación administrativa, fraude al Fisco, y falsificación de Instrumento Público

«La oferta que resultó adjudicada es $131.138.000 – más cara que la de mi representada, que sí cumple con todos los requisitos estipulados en las Bases de Licitación. Es decir, un 50% más cara que la oferta presentada por mi representada (…) la oferta de THE PEGASUS GROUP COMPANY S.A. fue superior en términos económicos (mejores condiciones económicas para la Subsecretaría de Prevención del Delito) y de plazo de entrega (menor plazo de entrega) (…) No se entiende el motivo por el cual podría preferirse una oferta efectuada por un proveedor, que no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en las Bases de Licitación y que, por lo demás, resultaba más onerosa para el Estado», se detalla en la acción judicial de junio de 2020.

Sin embargo, esto no queda aquí ya que, un nuevo documento de la causa revela importantes hallazgos, y que vinculan a un grupo de subsecretarios del segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

Según la «Complementación de Querella» presentada ante el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago -el 22 de mayo de 2024-, las acciones judiciales interpuestas por Pegasus se transformaron en un problema de Estado, en donde diversos representantes de Gobierno cerraron filas con el fin de atacar a la empresa, que habría “osado” querellarse, como se pudo apreciar en las comunicaciones extraídas del celular de Katherine Martorell.

«La querellada Martorell señaló no haber tocado el tema de la adjudicación con Motorola con nadie de la Subsecretaría, lo que queda desmentido por sus conversaciones a través de chat y las declaraciones de otros imputados, como es el caso de Nelson Donoso Yanten (ingeniero de la Subsecretaría): Me llamó la subsecretaria Martorell, y me pidió que le explicara en detalle respecto a la brecha de seguridad observada por Carabineros de Chile, que tenía que ver con el link señalado por Carabineros», se detalla en la complementación.

Incluso, en los chats extraídos del teléfono de Martorell se confirma que el subsecretario de Justicia de la época, Sebastián Valenzuela, manifestó interés respecto a Pegasus tras la querella en contra de la subsecretaria.

Chat del 13 de julio de 2020

Valenzuela: Hola Kathy! No ha salido ningún reportaje de Pegasus aún cierto?

Valenzuela: Hola Kathy. En la licitación de Gendarmería de tobilleras en un consorcio participó Pegasus con Synergye y Cramick. Que ahora no quisieron firmar el contrato. Las empresas con problemas según las notas de prensa han sido Synergye en Brasil…

En otro chat, la jefa de Gabinete del exPresidente Piñera, Magdalena Díaz, envió a Katherine Martorell una minuta de información sobre Pegasus, recibiendo el mismo documento el exsubsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme.

Es más, el 20 de julio de 2020, el exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli, también se comunicó con Martorell para decirle «Tengo más info de Pegasus… hablemos mañana», para posteriormente enviarle un documento titulado «Control de Identidad-Pegasus».

«El ex subsecretario Galli aportaba información respecto de mi representada. Lamentablemente, los documentos adjuntos no han sido aportados a la carpeta investigativa, siendo necesaria su pronta incorporación. El documento adjunto, que no se encuentra en la carpeta investigativa, fue circulado entre diversos personeros políticos», se lee en la acción.

No obstante, según se describe en esta Complementación de Querella, la información que consta en la carpeta investigativa, también se abordó con personas ajenas al Gobierno de Piñera, quienes habrían gestionado contactos fuera del contrato adjudicado con Motorola, como fueron las comunicaciones con una alta ejecutiva de Chilevisión, quien averiguó el contacto de Motorola en modo de «favor» a Martorell. Dicho chat data del 21 de julio de 2020.

«No había necesidad de tener contacto extra con dicha empresa, dado que el contrato tenía su propio coordinador y se encontraba gestionándose oportunamente. Tampoco parece haber sido gestionado a través de la Ley del Lobby», se afirma en el documento.

Incluso, en el celular de Martorell se pudo identificar un chat grupal denominado “MOLINA HDP” -refiriéndose al periodista de investigación Jorge Molina-, para luego cambiar su nombre a “MOLINA BIOBIO”. En él se envió el link del reportaje de The Clinic «Empresa investigada en Brasil participa en licitación de tobilleras para presos».

Además, a través de otra comunicación, Nelson Donoso envió a Martorell un archivo con el titular «Tema Metadatos brochure Motorola».

Respecto a lo anterior, los documentos enviados a Martorell por personeros del Gobierno de Piñera y mencionados en este reportaje, no fueron hallados entre la documentación incautada desde las oficinas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ni figuran en los computadores analizados.

Según plantea Pegasus en su Complementación de Querella, esta documentación que se habría gestionado de manera externa a las labores oficiales de la Subsecretaría no sería oficial o bien, no fueron incautados los computadores que realmente se utilizaban.

Tras lo expuesto en este artículo, se consultó a Trinidad Luengo, abogada de Katherine Martorell, quien aseguró en la carpeta de investigación «existen numerosos antecedentes que descartan, de manera clara y categórica, que mi representada haya realizado alguna conducta constitutiva de delito, como imputó infundadamente la empresa The Pegasus Group Company».

«Hoy, tras casi 5 años de desarrollo, la investigación se encuentra agotada y estamos a la espera de una decisión de término por parte de la Fiscalía», dijo Luengo a este medio.

Finalmente, El Ciudadano se contactó con Fiscalía Centro Norte, quienes confirmaron que la causa contra la exsubsecretaria sigue vigente, con diligencias pendientes. Además, no se pronunciaron respecto a una posible fecha de formalización.