Milei endurece su cruzada contra migrantes: cobrará salud y educación a quienes no sean residentes permanentes

El gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que endurecerá su cruzada contra los migrantes, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)

De este modo, la administración del denominado «libertario» prevé implementar una «profunda modificación» de las leyes migratorias.

Entre las medidas se incluyen la expulsión inmediata de inmigrantes ilegales o con condenas penales, la imposición de aranceles en salud y educación pública para extranjeros no residentes, y requisitos más severos para obtener la ciudadanía argentina .

El anuncio oficial lo realizó el vocero Manuel Adorni, a través de una conferencia de prensa «de campaña» cuando faltan apenas cuatro días para la selecciones legislativas 2025 en la Ciudad de Buenos Aires.

Adorni expuso en Casa Rosada acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En su tercera conferencia consecutiva en los últimos tres días, el funcionario, que compite por un lugar en la Legislatura de la ciudad como primer candidato de La Libertad Avanza, profundizó la narrativa de mano dura contra los migrantes, consignó Perfil.

“Todos los condenados por cometer un delito será deportados”, expresó Adorni, y apuntó que en los últimos 20 años ingresaron casi dos millones de “inmigrantes ilegales” al país.

Cruzada de Milei contra los migrantes

Las medidas que comunicó Adorni también fueron presentadas por la Oficina del Presidente en una publicación en redes sociales, donde se adelantó que Milei ya dictó un DNU para modificar el régimen migratorio, que sería publicado mañana jueves en el Boletín Oficial.

En texto la administración del «libertario» señaló que aunque Argentina «siempre ha sido un país abierto al mundo», las políticas migratorias implementadas hasta al momento han «desvirtuado» el sistema que regula la entrada al país.

«Las facilidades extremas que hasta la fecha existían para ingresar a la Argentina hicieron que, en los últimos 20 años, inmigraran 1.700.000 extranjeros de forma irregular a nuestro territorio. Esta medida busca instaurar orden y sentido común en un sistema que, lamentablemente, y debido a la complicidad de políticos populistas, había sido desvirtuado», indicaron.

Por ello, desde la Casa Rosada anunciaron que endurecerán los criterios para obtener la nacionalidad argentina que impedirán que cualquier persona que tenga un historial delictivo pueda ingresar al país o que para poder entrar a la nación trasandina se deberá contar con un seguro médico.

«En cuanto a la obtención de la Carta de Ciudadanía, se endurecen los requisitos, como siempre debió haber sido, y a partir de ahora se otorgará únicamente en los casos de haber residido de manera continua en el país durante dos años, o de haber realizado una inversión relevante para Argentina. Por su parte, en el caso de la residencia permanente, se requerirá acreditar medios de vida suficientes y la ausencia de antecedentes penales», explicaron.

«Ningún extranjero condenado podrá ingresar al país, y que aquellos que cometan un delito en nuestro territorio, cualquiera sea su pena, serán deportados. Esto implica que los ilícitos con penas menores a 5 años, que no eran motivo de rechazo de ingreso al país o de deportación, desde este momento se tendrán en cuenta», indicaron en el texto.

Una de las medidas más polémicas es la implementación de aranceles en hospitales y universidades públicas para extranjeros no residentes.

Al respecto, la Oficina del Presidente, detalló que durante el 2024 «la atención médica a personas extranjeras en hospitales nacionales implicó un gasto aproximado de 114 mil millones de pesos». Por tal motivo, «se exigirá el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares, y además se impondrá la obligatoriedad de contar con un seguro médico a la hora de ingresar a la Argentina».

Esta decisión ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil, que la consideran discriminatoria y contraria a los principios de universalidad y gratuidad que históricamente han caracterizado al sistema de salud y educación en Argentina. Sin embargo, el equipo de Milei defiende esta medida, argumentando que «tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema de salud público, para que deje de ser un centro de beneficio financiado por nuestros ciudadanos».

Desde el Gobierno del mandatario de extrema derecha se autorizó a las Universidades Nacionales» a que, de optar por hacerlo, establezcan aranceles para los servicios educativos universitarios dirigidos a residentes temporarios».

«Cabe aclarar que se mantiene el acceso gratuito a la educación primaria y secundaria para todos los residentes, quienes podrán seguir accediendo de la misma manera que los ciudadanos argentinos, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Nacional». aclararon en el texto.

«La sociedad eligió al Presidente Javier G. Milei con el mandato de emprender la reconstrucción argentina. Garantizar que el dinero de los pagadores de impuestos se utilice en ellos y no en aquellos que hacen abuso de nuestros servicios públicos, que aquellos que delinquen no ingresen o sean expulsados de nuestro país, y que obtener la residencia permanente o la Ciudadanía sea un trámite exigente, constituye un paso fundamental en esa dirección», esgrime el comunicado en el que se remarca que «Sepan todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino, que en este país dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada».

Cabe recordar que Javier Milei anunció esta reforma el 1 de marzo de 2025, durante la Apertura de Sesiones Ordinarias, argumentando que Argentina no puede seguir siendo «un centro de beneficiarios pagado por los argentinos».

Sin embargo, esta cruzada anti migrantes genera controversia, ya que el DNU 70/2017, base de esta reforma, fue declarado inconstitucional en 2021 por restringir derechos humanos de migrantes y vulnerar estándares internacionales

Asimismo, las medidas adoptadas por el gobierno del «libertario» son comparadas con las políticas migratorias implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca a impulsado mayores restricciones a la inmigración e impulsado la deportación de extranjeros con antecedentes penales.

El endurecimiento de las leyes migratorias generan preocupación entre defensores de los derechos de los migrantes quienes advierten sobre el riesgo de que se incurra en políticas xenófobas y discriminatorias.