Para este miércoles 14 de mayo estaba previsto que el Senado votara dos proyectos de ley que introducirían cambios importantes de cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias: la reforma al sistema político y la iniciativa que establece multas para garantizar la obligatoriedad del voto.
Si bien ambos proyectos estaban en los primeros puntos de la tabla de votación, finalmente la Sala del Senado terminó postergándolos por solicitud de la jefa de bancada de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, quien pidió aplazar la votación hasta que se concretara una reunión comprometida por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para discutir el alcance del proyecto.
Se trata de la segunda ocasión en que el Senado aplaza la votación de la reforma al sistema político: la semana pasada fue el senador Matías Walker (Demócratas) quien pidió una segunda revisión al proyecto de ley en la comisión de Constitución, argumentando que de esta forma se abriría el espacio «para un mayor acuerdo».
Y es que son varios los partidos que temen que, en caso de aprobarse la reforma antes de la elección parlamentaria de este año, sus partidos terminen desapareciendo. Porque si bien la iniciativa busca -en el papel- combatir la fragmentación en el Congreso y fortalecer el rol de los partidos políticos, algunos parlamentarios temen que ésta termine generando una especie de retorno al sistema binominal.
La reforma es patrocinada por senadores de la UDI, RN, Evópoli, el PPD y el PS, mientras que el PC, el Frente Amplio, el FRVS, la DC, Demócratas y el Partido Social Cristiano han mostrado reparos.
Los cambios que introduce la reforma al sistema político
Fue a fines de noviembre del año pasado que un grupo transversal de senadores presentó un proyecto de ley que llevaba tiempo conversado con el Ejecutivo pero que, por temor a enemistarse con el mundo parlamentario, el Gobierno se había negado a presentar.
La iniciativa fue patrocinada por los senadores Alfonso de Urresti (PS), Gastón Saavedra (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Rodrigo Galilea (RN) y Luz Ebensperger (UDI), y establece una serie de mecanismos que apuntan a mejorar la gobernabilidad en el Congreso.
En primer lugar, el proyecto establece que los partidos políticos que no logren obtener un 5% de votación a nivel nacional no podrán elegir parlamentarios, independientemente de los votos que obtenga un candidato en su región o distrito. Existe una excepción: en caso de que el partido logre sumar un mínimo de ocho parlamentarios, éstos sí podrán ingresar al Congreso.
Otro cambio que introduce el proyecto es el cese en el cargo del diputado o senador que renuncie al partido por el cual salió electo. En estos casos, el escaño vacante sería ocupado por un parlamentario designado por el partido político.
Además, la iniciativa impide las listas de candidatos independientes y establece que los partidos políticos solo podrán recibir financiamientos del Estado.
Si bien la idea es que el proyecto sea despachado antes de agosto -cuando se cierra el plazo de inscripción de listas parlamentarias-, los propios senadores reconocen que a estas alturas es casi imposible que esto ocurra. Incluso aunque la iniciativa sea aprobada en el Senado, en la Cámara de Diputados se requieren 89 votos para su despacho a ley.
A pesar de esto, el oficialismo ya está moviendo sus piezas para enfrentar la tramitación de la reforma en una Cámara Baja donde prima la fragmentación: esta semana, la diputada Javiera Morales (Frente Amplio) llegó a un acuerdo para cederle la presidencia de la comisión de Constitución al diputado Jorge Alessandri (UDI), con el compromiso de que éste tramitara la reforma al sistema político de forma expedita.