Salares Bajo Amenaza: Debate crítico sobre impactos y vacíos de la Estrategia Nacional del Litio

Conversatorio abre debate crítico sobre impactos y vacíos de la Estrategia Nacional del Litio

El pasado martes 6 de mayo se realizó el conversatorio Salares bajo amenaza: una mirada crítica de la Estrategia Nacional del Litio en la sede de la Universidad de Los Lagos en Santiago. La instancia, que se desarrolló de forma presencial y online, fue organizada por Fundación Terram, Fundación Tantí y contó con la colaboración de ONG FIMA, Observatorio Ciudadano, Pluriversos Climáticos y del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER) de la Universidad de Los Lagos.

El evento se centró en analizar los impactos sociales y ambientales de la Estrategia Nacional del Litio, además de cuestionar tanto la efectividad como la legitimidad de las políticas públicas que la respaldan.

Para este intercambio de ideas se presentaron dos documentos de investigación. En primer lugar, Pablo Madrid, geólogo de Fundación Terram, presentó Análisis crítico de la Clasificación de Sistemas Salinos según la Estrategia Nacional de Litio. Durante su exposición, Madrid cuestionó la reciente categorización de 69 salares anunciada por el Gobierno, señalando que carece de fundamentos científicos sólidos, de mecanismos claros de acceso a la información y de respeto hacia los pueblos originarios. Además, advirtió que esta estrategia incurre en incoherencias jurídicas, margina a las comunidades directamente impactadas y pone el énfasis en intereses económicos, relegando los aspectos ambientales a un segundo plano.

Por su parte, Ramón Balcázar, director ejecutivo de Fundación Tantí, presentó Red de salares protegidos: Análisis crítico de la implementación de criterios de la Estrategia Nacional del Litio, documento elaborado por la Alianza de Humedales Altoandinos. Balcázar denunció que las prácticas actuales replican una larga historia de marginación y decisiones impuestas desde el Estado, como quedó demostrado en los acuerdos unilaterales entre CORFO y SQM, así como entre Codelco y la misma empresa. Subrayó que incluso iniciativas impulsadas desde las propias comunidades —como las de Socaire, Camar y Toconao— son sistemáticamente ignoradas en los procesos de participación. Además, criticó la falta de estudios de línea base y la naturaleza no vinculante de la consulta indígena. Finalmente advirtió sobre la incongruencia de promover proyectos extractivos en ecosistemas de alta fragilidad como los salares de Coipasa y Ollagüe, sin articularlos con otras agendas urgentes, como la transición socioecológica. A su juicio, este enfoque perpetúa un modelo que pone en riesgo tanto los territorios como los derechos de los pueblos originarios.

En la segunda parte del evento se llevó a cabo un panel titulado Problemáticas y desafíos en torno a la protección efectiva de salares altoandinos, que incluyó la participación de Javiera Pérez, abogada de ONG FIMA; Rodrigo Guerrero, investigador de Espacio Público; y Juan Carlos Cayo, abogado de Observatorio Ciudadano y coordinador de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas. En este espacio de debate se intercambiaron ideas y se respondieron preguntas del público.

Javiera Pérez, abogada e investigadora de ONG FIMA, destacó la importancia de que los documentos presentados lleguen efectivamente a quienes toman decisiones en materia de políticas públicas:

“Los documentos que se han elaborado son insumos que aportan a la discusión pública, y es muy importante que lleguen a las personas que están tomando este tipo de decisiones. Tanto la Fundación Tantí como Terram tienen un trabajo territorial que permite aportar una visión desde los territorios sobre cómo se están implementando estas políticas. Muchas veces las decisiones del gobierno se toman a puertas cerradas, y con la Estrategia Nacional del Litio hemos visto que los procesos de consulta y participación se realizan después de tomadas las decisiones. Por eso, estos informes y estudios ayudan a aportar nuevo conocimiento para la toma de decisiones”, señaló.

Pérez añadió que los documentos no solo fueron pensados como análisis, sino también como herramientas concretas para incidir en la política pública:

“El documento elaborado desde la Alianza de Humedales Andinos, por ejemplo, tuvo como objetivo ser enviado a oficinas de partes y a distintos ministerios, para que de alguna manera esa investigación llegue y ofrezca otra mirada a las políticas que se están impulsando desde el gobierno”.

En esa misma línea, Ramón Balcázar valoró el encuentro como una oportunidad para fortalecer el debate con una mirada informada y territorial:

“Lo que se comparte en estos espacios es una preocupación transversal por los derechos humanos y la protección del ambiente, más allá de la sola extracción o industrialización del litio”, afirmó. Asimismo, advirtió que aún persisten brechas importantes en la Estrategia Nacional del Litio, como la baja participación vinculante de las comunidades afectadas, la ausencia de criterios claros para proteger salares cultural y ecológicamente relevantes —como Coipasa y Ascotán— y la falta de un Instituto de Litio y Salares que proporcione información independiente para la toma de decisiones.

Rodrigo Astorga, coordinador de transición socioecológica en la Fundación Heinrich Böll, también valoró el encuentro como un espacio necesario para democratizar el debate sobre el litio:

“Me parece que lo central son los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas y de participación ciudadana informada cuando hay nuevos proyectos. Todavía hay mucho desconocimiento sobre el litio, y no se ha concretado algo tan básico como la creación de un Instituto Nacional del Litio. Por eso, el rol fiscalizador de la sociedad civil es fundamental”, sostuvo.

A continuación,  ver el conversatorio completo en el siguiente enlace de YouTube.

Co información de Fundación Terram