El próximo 1 de junio de 2025 se celebrará un ejercicio inédito en la historia democrática de México: la primera elección judicial directa. Una jornada en la que millones de mexicanos y mexicanas tendremos, por vez primera, la posibilidad de votar por jueces, magistrados y ministros. La reforma judicial impulsada desde el Poder Ejecutivo y aprobada con mayoría legislativa en 2024 estableció este mecanismo que hoy se enfrenta a su principal prueba: demostrar que puede funcionar con legitimidad democrática, sin trampas, sin simulaciones, sin viejos vicios.
No hay precedente que guíe este proceso. Tampoco hay margen para que el ensayo resulte fallido. La historia no perdonará que un paso tan relevante hacia la democratización del poder judicial termine minado por la desinformación, el abstencionismo o el oportunismo político. Como ciudadano, ejerceré mi derecho al voto con la convicción de que esta elección debe salir bien. Y cuando digo “salir bien” no me refiero a que ganen los candidatos que yo prefiera, sino a que se cumplan las condiciones mínimas de una elección democrática.
Primero, que quien quiera participar lo haga de manera libre. No hay democracia sin libertad, y no hay voto legítimo sin una voluntad exenta de presiones, de coacciones o de chantajes institucionales. Esta elección no puede estar condicionada por promesas de impunidad, amenazas veladas ni líneas partidistas. En un país marcado por la corrupción judicial, votar con libertad por quienes aspiren a impartir justicia ya es un acto de dignidad ciudadana.
Segundo, que se instale el número de centros de votación previstos, y que los funcionarios de casilla cumplan con sus funciones. La logística electoral será clave. En este proceso —más que en otros— el INE tendrá una responsabilidad mayor: garantizar que la infraestructura electoral no solo exista, sino que funcione con eficacia. No se puede permitir que la complejidad del proceso justifique fallas que afecten la credibilidad del resultado.
Tercero, que los ciudadanos ejerzan su voto de manera informada, libre y secreta. Lo primero es un reto mayúsculo. Nunca antes hemos votado por jueces y magistrados. Nadie —fuera del gremio jurídico— tiene claro el perfil ideal de un ministro de la Suprema Corte, ni existen campañas tradicionales que faciliten esa decisión. Por ello, la tarea es doble: del Estado, que debe difundir con imparcialidad la trayectoria de los candidatos; y del votante, que debe asumir su responsabilidad ciudadana de informarse antes de emitir su sufragio. No basta con votar; hay que saber por quién y por qué.
Cuarto, que se realice un conteo de votos real y público, adecuado a la complejidad del proceso. No estamos ante una elección simple. Habrá múltiples boletas, candidatos y niveles de representación judicial. El escrutinio debe ser claro, verificable y transparente. No puede haber lugar para dudas ni espacios para la manipulación.
A dos semanas del proceso, los pronósticos no son alentadores. Las encuestas proyectan una participación entre el 10 y el 15% del padrón electoral. Es decir, entre 10 y 15 millones de votos. Si se confirma esta previsión, menos de dos de cada diez ciudadanos con posibilidad de votar acudirán a las urnas. No se puede construir una justicia cercana al pueblo con una participación ciudadana tan limitada. El gran riesgo de esta elección no está en los resultados, sino en la indiferencia.
La baja participación atentaría contra la legitimidad del nuevo sistema judicial. Por eso, debemos revertir el desinterés, la apatía o el escepticismo. No será una tarea fácil: los partidos políticos han sido excluidos formalmente de esta elección, pero han buscado influir a través de otros mecanismos. Llama la atención el inusual número de observadores electorales registrados. Muchos de ellos, al revisar los listados, provienen de estructuras partidistas. Es claro que los partidos políticos buscan tener presencia en los centros de votación para proteger sus intereses. Esa es una señal de alerta. Le corresponde al INE impedir que los observadores con conflictos de interés incidan de forma indebida en la jornada electoral.
Hay que decirlo con claridad: no se trata de una elección perfecta, ni mucho menos de una panacea. Pero tampoco es un desastre anunciado. No soy catastrofista ni ingenuo. Reconozco los errores del proceso, las limitaciones de la reforma y la falta de información que hoy impide a muchas personas conocer a fondo el mecanismo. Pero también creo que es una oportunidad. Un ensayo que puede marcar un parteaguas si lo asumimos con responsabilidad.
La elección judicial del 1 de junio será un espejo del estado actual de nuestra democracia. Si logramos una jornada ordenada, participativa y transparente, habremos dado un paso firme hacia la renovación del poder judicial. Si, en cambio, la elección se ve opacada por el abstencionismo, la opacidad o la intromisión partidista, habremos desaprovechado una ocasión histórica.
El peor escenario sería que esta elección sirva para legitimar a los mismos poderes fácticos que históricamente han controlado la justicia en México. El mejor, que inaugure una nueva etapa donde los jueces no deban favores a partidos, mafias o cúpulas, sino al pueblo que los elige.
Por eso, me sumo a la convocatoria a participar, a informarse, a observar y denunciar cualquier irregularidad. A exigir que se respete la voluntad popular y a rechazar el nepotismo, el influyentismo y las complicidades que tanto daño le han hecho al país. México no puede tolerar más ministros puestos por padrinos políticos ni magistrados que responden a intereses empresariales o criminales. Esta elección debe ser un punto de quiebre, no una simulación más.
En el fondo, la elección judicial del 1 de junio no es un tema exclusivo del gremio legal. Es una cuestión de justicia social. Una sociedad sin jueces honestos es una sociedad sin garantías. Y una justicia sin legitimidad democrática está condenada a reproducir las desigualdades, los abusos y la impunidad.
El 1 de junio será la prueba de fuego de una reforma que ha polarizado a la sociedad. Que ha sido aplaudida por unos, criticada por otros y desconocida por la mayoría. Pero más allá de las filias y las fobias políticas, hay una verdad que nadie puede negar: México necesita un nuevo pacto judicial. Uno que recupere la confianza ciudadana en sus instituciones, que castigue la corrupción sin distingos y que defienda los derechos sin subordinación al poder económico o político.
Esa transformación no vendrá sola. No será resultado automático de una reforma. Requiere de vigilancia, participación y exigencia ciudadana. De un pueblo que no delegue su poder, sino que lo ejerza con responsabilidad. De una ciudadanía que no acepte imposiciones ni renuncie a su derecho a decidir.
El futuro de la justicia en México empieza con una boleta. Y aunque muchos quieran minimizar esta elección, lo cierto es que lo que está en juego no es una terna ni una plaza. Es la posibilidad de que el pueblo recupere una institución que durante décadas ha sido secuestrada por intereses ajenos al bien común.
Por eso, este 1 de junio, votar no es solo un acto democrático. Es un acto de justicia. Una forma de decir basta a los jueces corruptos, a los ministros de élite, a los tribunales inalcanzables. Es el momento de construir, desde las urnas, una justicia al servicio del pueblo.
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Que nadie se quede fuera. Que nadie renuncie a su derecho. Que nadie se conforme con el silencio.
La democracia no se agota en las elecciones, pero sin elecciones libres, informadas y participativas, no hay democracia que aguante.
Este 1 de junio, México se juega el rostro de su justicia. Hagamos que valga la pena. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
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