Una huelga general con amplia adhesión de sindicatos paralizó este miércoles a la provincia más austral de Argentina en rechazo a la eliminación y reducción de aranceles a la importación de productos electrónicos, medida impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei.
La protesta, convocada por gremios metalúrgicos, judiciales, petroleros y de transporte, incluyó una masiva movilización en la ciudad de Río Grande, epicentro de la industria tecnológica local. “Por la soberanía, por los derechos, por los puestos de trabajo”, se leía en una enorme bandera que encabezaba la marcha de trabajadores preocupados por el futuro de la industria fueguina.
El detonante fue un decreto oficializado el martes que reduce progresivamente los impuestos a la importación de celulares y consolas, con la promesa gubernamental de bajar los precios y aumentar la competencia. También se bajaron los impuestos internos a televisores y aires acondicionados, incluyendo los fabricados localmente.
Sin embargo, los gremios advirtieron que la decisión podría significar la pérdida de más de la mitad de los puestos laborales del sector. Según la Unión Obrera Metalúrgica, en Río Grande están en riesgo unos 11.000 empleos directos e indirectos.
“Esta medida atenta contra nuestra industria y la dignidad de miles de familias”, expresaron los sindicatos en un comunicado conjunto. Por su parte, el gobernador Gustavo Melella calificó la decisión como una “falta de empatía” del gobierno nacional.
Además, en paralelo a la huelga, el gobierno nacional emitió un decreto que amplía el número de sectores considerados “esenciales”, restringiendo el derecho a huelga en actividades como el transporte y la producción industrial continua.
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El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que no habrá marcha atrás. “Vamos a cerrar institutos y organismos inútiles”, añadió en referencia a otros recortes proyectados en áreas como la cultura.
Desde 1972, Tierra del Fuego cuenta con un régimen de promoción industrial que otorga beneficios fiscales para compensar su aislamiento geográfico. Para muchos residentes, como el exlegislador Adrián de Antueno, esta política representa un proyecto de soberanía nacional.
“Esto no es solo una protesta de fábricas, es de toda la sociedad fueguina”, afirmó Rubén Rivarola, jubilado y vecino de Río Grande.
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