Chihuahua, Chih. En un hecho sin precedentes, la Auditoría Superior del Estado (ASE) logró una resolución sancionadora por omitir pagos millonarios a Pensiones Civiles del Estado (PCE), lo que derivó en la inhabilitación por seis meses de dos exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).
Se trata del exdirector administrativo y la exjefa del Departamento de Tesorería, quienes, pese a contar con los recursos necesarios, no cumplieron con sus obligaciones legales de transferir las cuotas correspondientes a la seguridad social de los trabajadores universitarios.
La deuda supera los 200 millones de pesos solo en el caso de la UACH
Según la ASE, la UACH acumulaba un adeudo de 209 millones 802 mil pesos con PCE, correspondiente a aportaciones omitidas por años. Esta omisión se ejecutó durante una década, entre 2015 y 2025, afectando gravemente el flujo de recursos del organismo estatal de pensiones.
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), a través de su Quinta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, determinó que los funcionarios incurrieron en una falta grave por abuso de funciones, al no garantizar ni supervisar el cumplimiento de estas obligaciones.
El desvío de recursos impactó servicios de salud y seguridad social
En el proceso se documentó que, pese a contar con el dinero, los responsables desviaron los recursos a otros conceptos no prioritarios, desatendiendo la responsabilidad con los servicios médicos y de seguridad social que brinda PCE.
“Este es un paso importante hacia la rendición de cuentas y hacia el fortalecimiento de las instituciones públicas”, declaró el auditor superior Héctor Acosta Félix, quien además subrayó que esta es la primera sanción que deriva directamente del incumplimiento en el pago de cuotas a Pensiones.
Un adeudo histórico que afecta a miles de trabajadores
Datos de Pensiones Civiles confirman que, al cierre de abril de 2024, la UACH adeudaba un total de 1,911 millones de pesos a PCE, repartidos en 453 mil 172 pagos pendientes en 73 conceptos distintos, lo cual refleja una crisis estructural de gran magnitud.
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Este caso ocurre en un contexto donde más de 62 instituciones afiliadas a PCE también tienen adeudos, por un monto total de 1,504 millones de pesos adicionales, entre los que se incluye el propio Gobierno del Estado.
Para Acosta Félix, esta sanción llega en un momento crítico para el sistema de pensiones, afectado por años de corrupción, desvíos y negligencia institucional.
“Las omisiones que afectan el servicio médico de miles de chihuahuenses no pueden quedar impunes”, sentenció.
La Jornada / Norte Digital
Fotografía: Redes
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