La reciente sentencia dictada por una corte de Florida contra Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, confirma la existencia de un amplio esquema de corrupción y defraudación en México que operó impunemente durante dos sexenios consecutivos, afirmó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Gómez reveló que el pasado 22 de mayo, la jueza Lisa Walsh determinó que García Luna y Pereyra deben pagar al Gobierno de México 2,488 millones de dólares, al haber operado una red financiera en el extranjero con recursos públicos desviados.
“El dinero salió del país como parte de un Estado corrupto que se originó desde los años cincuenta y que se consolidó en el sistema político mexicano. Fue hasta el cambio de gobierno en 2018 que se empezó a conocer la verdad”.
Pablo Gómez
El titular de la UIF señaló además un fuerte contraste entre la actuación de la justicia estadounidense y la mexicana: mientras que en Estados Unidos se declaró culpable a Cristina Pereyra, en México un Tribunal Colegiado de Circuito le otorgó un amparo que le permite seguir utilizando el sistema financiero nacional sin restricciones.
Gómez también detalló que entre 2009 y 2018, dependencias como la Policía Federal, el CISEN y el OADPRS firmaron 30 contratos con el Grupo Weinberg, vinculado a García Luna, por más de 727 millones de dólares y 528 millones de pesos. De ese total, se pagaron más de 625 millones de dólares y 93 millones de pesos.
El Gobierno mexicano presentó en 2018 una demanda civil en Florida, donde los implicados operaban y tenían residencia. Como resultado, la jueza ordenó que bienes por más de 12 millones de dólares fueran devueltos a México.
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Finalmente, Gómez reveló que originalmente García Luna fue demandado por 250 millones de dólares y Pereyra por 580 millones, pero la sentencia triplicó dichas cifras. Anunció que aún está pendiente otra resolución judicial en Florida contra ambos, aunque no se precisó la fecha.
“El fallo no es conjunto, es contra cada uno de los implicados y las empresas involucradas en los actos de corrupción”.
Pablo Gómez
Foto: X
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