Denuncian a doctores que usaban licencias públicas para atender en clínicas privadas
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, calificó como «totalmente reprobable» el uso de licencias médicas por parte de doctores del sector público para desempeñarse en el privado. En declaraciones a CNN Chile, la secretaria de Estado enfatizó que estos casos representan un abuso de recursos fiscales, ya que los profesionales seguían recibiendo remuneraciones públicas mientras trabajaban fuera del sistema.
Aguilera explicó que, a diferencia del sector privado -donde existen permisos sin goce de sueldo o vacaciones-, el mal uso de licencias en el ámbito público «demuestra que el esfuerzo por fiscalizar es justificado». Subrayó que estos fondos, destinados a incapacidad laboral, compiten directamente con recursos críticos para atender a pacientes enfermos.
La titular de Salud detalló que el gobierno ya implementa planes de ausentismo en establecimientos públicos y avanzó en un proyecto de ley para sancionar a «grandes emisores» de licencias médicas fraudulentas. Además, adelantó que trabajan en una reforma al cálculo de subsidios, buscando «hacerlo menos atractivo para prolongar licencias», en coordinación con Hacienda y Trabajo.
Estas declaraciones llegan tras el informe de la Contraloría General de la República, que reveló que 250 médicos usaron licencias públicas para asistir partos en clínicas privadas entre 2023 y 2024. Los datos muestran el uso irregular de 440 licencias y la asistencia a 710 partos. Un caso incluso involucró a un médico que se autogiró una licencia.
Aguilera confirmó que, hasta ahora, cinco funcionarios han sido destituidos por estas irregularidades, y que los casos más graves fueron derivados al Ministerio Público. «Todos sabemos que se está abusando de este derecho, y debemos controlarlo», insistió, reforzando la necesidad de «mejorar la legislación».
El Colegio Médico, que inicialmente criticó las fiscalizaciones, cambió su postura tras los hallazgos de la Contraloría, respaldando las investigaciones. Sin embargo, pidió «garantías de debido proceso», en un giro que refleja la tensión entre el gremio y las autoridades.
Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda dio un ultimátum de 72 horas a instituciones públicas para iniciar sumarios contra los más de 25.000 funcionarios que viajaron al extranjero con licencias médicas, exigiendo devolución de fondos o destituciones.
La polémica evidencia un sistema vulnerable al fraude, con un costo de 350 millones de dólares anuales en suplencias, según Hacienda. Aguilera cerró con un llamado a «priorizar la ética profesional» y a avanzar en reformas estructurales para evitar el colapso del sistema.
Contraloría detectó 250 médicos usaron licencias médicas para asistir partos en clínicas privadas
La Contraloría General de la República reveló que 250 médicos del sector público utilizaron licencias médicas para asistir 710 partos en clínicas privadas y hospitales entre 2023 y 2024, incumpliendo su período de reposo. Según el informe, se detectó el uso irregular de 440 licencias (27% Fonasa, 73% Isapres), incluyendo un caso donde un funcionario se autogiró una licencia para atender un parto.
El análisis mostró que 343 partos se realizaron en clínicas privadas, 358 en hospitales y 9 en otros lugares. Además, el 55% de las licencias duraron entre 1 y 5 días, mientras que un 16% superó los 15 días. Destacan los casos de 20 médicos que asistieron más de 7 partos durante sus licencias, y la Región Metropolitana concentró el 41% de las atenciones irregulares.
La Contraloría identificó que 10 instituciones de salud agrupan al 49% de los implicados, con el Servicio de Salud Reloncaví a la cabeza (23 funcionarios). Estos hallazgos han generado críticas de autoridades y gremios, mientras el Ministerio de Salud anunció fiscalizaciones reforzadas y reformas legales para evitar nuevos abusos
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