“No estoy pidiendo limosna, estoy pidiendo que se haga lo justo”: Extrabajadora exige al alcalde de San Ramón cumplir fallo judicial

“No estoy pidiendo limosna, estoy pidiendo que se haga lo justo”, afirmó la extrabajadora de la Municipalidad de San Ramón, Jocelyn Retamales Ortiz, quien exige al alcalde de la comuna Gustavo Toro Quintana (DC) que cumpla con un fallo judicial.

En conversación con El Ciudadano, Retamales indicó que durante más de 10 años laboró en el municipio, desempeñando diversas labores en la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Recursos Humanos y Administración Municipal, entre otros.

Señaló que en diciembre de 2023, fue notificada de un despido injustificado y en condiciones que considera «denigrantes».

«Me despidieron el 29 de diciembre, último día hábil y faltando quince minutos para que terminara mi jornada laboral, indicándome que había sido mal evaluada y que además que no había pagado una licencia médica y que me había quedado con ese dinero. Yo en ese mismo momento dije que eso no era cierto, que la licencia estaba tramitándose, les mostré los documento y no me hicieron caso, les pedí la evaluación, poco me la entregaron, nunca me la entregaron y simplemente me despidieron», relató,

«Ante esta situación, el 11 de marzo de 2024 presente una demanda laboral que demostró la existencia de subordinación y dependencia en mi relación laboral con el municipio. El resultado fue una sentencia a mi favor», dijo.

«Ellos argumentaron que no me tenían que pagar nada porque según ellos mi contratación era por horarios y por honorarios como tal yo no tengo derecho a ninguna indemnización. Lo que quedó demostrado con argumentos y con antecedentes, que yo demostré, es que yo sí tenía subordinación y dependencia. Es más, según la sentencia, aparte del monto en dinero que me tienen que pagar, tienen que pagar durante diez años las cotizaciones que quedaron pendiente. AFC, seguro de cesantía y salud, Tienen que pagar todo en concreto», explicó.

Asimismo, recordó que en un principio trató de llegar a un acuerdo, pero que la municipalidad de San Ramón rechazó pagar la suma planteada y presentó una apelación.

«El municipio devolvió la resolución y el resultado fue que se estableció que yo tenía toda la razón. Posteriormente el caso hasta la Corte Suprema, donde nuevamente se falló a mi favor, reconociendo así mis derechos laborales. La Corte Suprema reafirmó la sentencia y ordenó que me pagaran una indemnización», expuso Retamales.

En diálogo con El Ciudadano, la extrabajadora acusó que aunque el pasado mes de marzo se le notificó a la Municipalidad de San Ramón la orden de pago de las costas del juicio, hasta la fecha, la administración del alcalde Toro «no ha cumplido con su obligación legal».

«Se les dio una notificación, que tenían cinco días hábiles, primero para confirmar el monto y además diez días para pagarme Eso no se no se concretó. El municipio no dio acuso de recibo. Por lo tanto, los tribunales se volvieron a comunicar el 28 de abril para indicarles que tenían un retraso. Tampoco hubo respuesta», señaló.

Indicó que en vista de este escenario, el pasado 6 de mayo «se ha notificado en rebeldía al municipio, otorgando un plazo de 30 días para el cumplimiento de la sentencia, lo que le está generando intereses por el retraso y el patrimonio municipal seguirá siendo afectado».

«¿Qué significa esto?, que si no pagan el alcalde se tiene que ir detenido, eso es lo que llama orden de rebeldía. Se le entregó un segundo plazo y no lo cumplió», subrayó.

De acuerdo con la información que maneja la extrabajadora de la Municipalidad de San Ramón, el plazo otorgado por la justicia se cumple el próximo 9 de junio.

«En ese transcurso, el alcalde tiene que pagar y si no paga, la deuda sigue aumentando, es más, subió un millón de pesos desde la fecha inicial del 5 de marzo. Esto quiere decir que el patrimonio municipal tampoco se está cuidando, porque al no pagar, la deuda sube», afirmó.

Jocelyn Retamales dejó en claro que su objetivo es que aparte de que se le paguen todos los montos y la indemnización, es que se le «pague a tiempo», consideran lo delicado de su estado de salud.

En medio de su despido, fue diagnosticada con nefropatía por IgA, también conocida como enfermedad de Berger, un padecimiento renal crónico.

Esta condicición se produce cuando una proteína que combate gérmenes llamada inmunoglobulina A (IgA) se acumula en los riñones. Esto provoca un tipo de hinchazón llamada inflamación que, con el tiempo, puede dificultar que los riñones filtren los desechos de la sangre.

«Yo estoy en una situación de discapacidad. Estoy tramitando mi pensión de discapacidad anticipada, pero tengo que tener dinero en mi AFP. Y el dinero en la AFP no está depositado por el empleador que en este caso sería el municipio de San Ramón. Ellos tienen una deuda con mi AFP, entonces yo tampoco puedo gestionar», declaró a El Ciudadano.

De acuerdo con la extrabajadora, tiene conocimiento de otros casos de excompañeros de la municipalidad que también presentaron demandas, y en los que el alcalde Gustavo Toro «se demoró casi un año en pagar hasta que ya se vio obligado, porque ya estaba casi detenido».

Retamales señaló que ante la dilatación del pago, su situación se hace cada vez más complicada debido a la enfermedad que la afecta.

«Estoy pidiendo, casi como una situación humanitaria, que cumplan con lo establecido por la justicia, para que yo pueda recibir el dinero que me corresponde y después gestionar mi pensión de invalidez. Ha sido súper difícil enfrentar esta situación. Yo soy madre de familia, jefa de hogar. Tengo tres hijos menores de 18 años, entonces estos niños dependen de mí, estoy separada. Es una realidad que el alcalde conoce a fondo» explicó.

A través de este medio, Jocelyn Retamales indicó que su intención es visibilizar la difícil realidad que enfrentan muchos trabajadores a honorarios en Chile, quienes a menudo deben luchar contra ilegalidades e injusticias, incluso después de haber sido desvinculados del sistema y de obtener fallos judiciales a su favor.

Además, extendió un llamado al alcalde Gustavo Toro a cumplir con el fallo judicial a la brevedad posible.

«Ese dinero que me corresponde por derecho, yo lo necesito para mis hijos. Es súper lindo pintar el municipio de Morado, ponerse la bandera feminista de la boca para afuera, pero por qué no estamos pensando así en el caso de una mujer, madre de familia, que además lo necesita. El estrés causado al saber que mi fuente laboral, mi fuente de ingreso fue quitada de raíz me afectó mucho lo emocional. Me afectó en mi salud, debilitó mi sistema inmunológico y se desarrolló una enfermedad que lamentablemente es algo que tengo que asumir hasta que ojalá algún día me salga un trasplante y espero que así sea, es la esperanza que tengo, de lo contrario tengo que estar sí o sí, destinando tres días a la semana a diálisis, día por medio, tres horas, tres horas y media, cuatro horas. Entonces mi situación es una situación complicada, yo no estoy pidiendo limosna, estoy pidiendo que se haga lo justo», afirmó.

El Ciudadano contactó a la Municipalidad de San Ramón en repetidas oportunidades para obtener información y su postura sobre este caso. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de este artículo no han ofrecido respuesta alguna.