Senadora Campillai se distancia de gobierno de Boric por abandono de víctimas del estallido social

“El Presidente no se ha puesto los pantalones”- es la dura crítica de la senadora Fabiola Campillai en contra del gobierno de Gabriel Boric por la falta de apoyo a la Ley de Reparación Integral.

Así lo planteó la senadora, rodeada de familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el Estallido Social, dando por terminada toda relación con el Gobierno ante la falta de respuesta al proyecto de Ley de Reparación Integral.

En referencia al presidente, Campillai señaló que “se comprometió con la justicia, se comprometió con una ley de reparación, se comprometió con un sistema de verdad. Sin embargo, el trabajo ha sido nulo. No se ha trabajado por las víctimas, no se ha trabajado por los sobrevivientes”.

Ante ello, la senadora Fabiola Campillai confirmó que daba por terminada toda relación con el Ejecutivo, ante lo que consideró una inacción y desinterés del Gobierno del presidente Boric en activar una agenda en materia de derechos humanos que él mismo prometió en su camino a La Moneda.

Campillai incluso increpó al mandatario señalando que “él se comprometió, en el Día de los Derechos Humanos, ante toda la gente, en público, a dar una respuesta en enero de este año sobre si patrocinaría o no. Han pasado enero, febrero, marzo, abril y mayo, y aún no se ha puesto los pantalones ni le ha dado una respuesta a los sobrevivientes que fueron lamentablemente dañados en el Estallido Social”.

LAS VÍCTIMAS ABANDONADAS POR EL GOBIERNO

El viernes 18 de octubre del año pasado, cinco años después del estallido social más grande en la historia reciente chilena, Sebastián Méndez se quitó la vida. Víctima de trauma ocular durante el estallido, al igual que otras cuatro personas más decidió partir antes de seguir enfrentando el abandono de la sociedad chilena y la indolencia del Ejecutivo.

El primer caso fue de Milo Muñoz, quien el 23 de noviembre de 2023 se suicidó tras experimentar los daños físicos y psicológicos de 12 perdigones que impactaron en su cuerpo disparados por un carabinero el 12 de noviembre de 2019. Lamentablemente su caso no sería el primero.

Según la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular (CVTO), desde el inicio del gobierno de Boric se han suicidado tres personas, además de Milo y Sebastián. El primero tras el fin del gobierno de Piñera fue Jorge Salvo, seguido en los años siguientes por Patricio Pardo y Jonathan Vega.

La suma indica que 5 personas víctimas de trauma ocular decidieron quitarse la vida por la indolencia de la sociedad y la ausencia de apoyos del Estado.

Entre el 17 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, según un reporte de 2023 del Instituto de Derechos Humanos (INDH), se produjeron 3.777 víctimas de violencia por parte de agentes del Estado. De todo ellos, se constataron 220 personas que sufrieron algún tipo de trauma ocular, entre los cuales hubo 82 personas que perdieron la visión (37,3%), 50 estallidos oculares (22,7%) y 88 (40%) sufrió alguna lesión por trauma ocular.

Una de las personas que perdió la visión completa, además del gusto y el olfato fue la senadora Fabiola Campillai, madre de dos hijas y ex-bombera, quien el 26 de noviembre de 2919, mientras se dirigía a su trabajo recibió el impacto directo en su rostro de una bomba lacrimógena lanzada con escopetas por carabineros.

El victimario es el ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, quien luego de disparar y comentarse entre sus compañeros de patrulla que “se la habían echado”, decidieron encender los motores de sus vehículos y arrancar del lugar sin prestar ayuda alguna.

Campillai no estaba protestando, sino que se dirigía a su trabajo como operaria de la planta Carozzi, transformándose en un símbolo de la violencia policial durante el estallido. Antes la hoy senadora se había desempeñado cuidando familiares y diversos empleos, además de ser activa organizadora de eventos en beneficio de la comunidad de la Población Cinco Pinos de San Bernardo, donde además ayudó en la conformación de la junta de vecinos y el Comité de Ayuda Vecinal.

Desde el mes que comenzó el estallido hasta marzo de 2020, el INDH presentó 3.216 querellas contra agentes del Estado. Siete de estos requerimientos fueron por asesinatos ejecutados principalmente por carabineros.

EL COMPROMISO QUE NO CUMPLIÓ BORIC

El 11 de diciembre de 2021, tras enterarse del suicidio de Patricio Pardo, el presidente Boric posteó a través de X:

“No nos merecemos vivir con miedo, merecemos vivir en paz. Gracias a Fabiola Campillai y Gustavo Gatica por entregarme su apoyo. Mi compromiso es con el respeto absoluto a los derechos humanos, sin dudarlo y sin letra chica”.

Luego agregó:

“La noticia del suicidio de Patricio Pardo, víctima de trauma ocular por parte del Estado nos golpea. Le envío fuerza a sus familiares, a todas las víctimas de trauma ocular y reitero mi compromiso para que los derechos humanos estén en el centro del Chile que debemos construir”.

Pese al énfasis con que habla el presidente, todo fue una puesta en pantalla.

En diciembre del año pasado, la senadora Campillai, junto a agrupaciones y organizaciones de víctimas, entregara en el Palacio de La Moneda el anteproyecto de Ley de Reparación Integral al Ejecutivo, siendo el propio presidente Gabriel Boric quien, un día después, se comprometiera públicamente a dar una respuesta en enero pasado. Sin embargo, esta nunca llegó.

Al reclamo contra el Ejecutivo se sumó Haydee Oberreuter, sobreviviente de prisión política y tortura durante la dictadura, quien recordó la exigencia de que exista un sistema y una ley de reparación “que garantice que las personas que fueron agraviadas tengan derecho a verdad y a justicia. Para ello se requiere, sin duda alguna, la creación de una comisión de verdad. Sin duda alguna”.

Carlos Astudillo, miembro de la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social, apuntó directamente al presidente Boric: “Como sobrevivientes, estamos desilusionados. Sin embargo, creemos que esta es la oportunidad del Gobierno para revertir esta situación. Es la oportunidad de que el presidente Gabriel Boric, en la próxima Cuenta Pública, diga que va a apoyar una comisión de verdad y justicia y que también va a dar respuesta a lo que planteó este espacio: el proyecto de Ley de Reparación Integral que presentaron la senadora Fabiola Campillai y la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna. Presidente Gabriel Boric, le quedan pocos meses. La historia lo juzgará”.

PROYECTO DE REPARACIÓN INTEGRAL

El proyecto fue desarrollado durante más de dos meses en la “Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna”, convocada por la senadora en el marco del quinto aniversario del Estallido Social. En su elaboración participaron organizaciones de la sociedad civil, académicos y agrupaciones de derechos humanos.

El texto establece un marco para la reparación integral de las víctimas de violencia institucional, en conformidad con los principios y compromisos internacionales, reafirmando el compromiso del Estado con la justicia y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

La iniciativa abarca el período comprendido entre el 7 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2022. Se considera como víctimas a todas las personas que hayan sufrido violencia sexual, tortura, apremios ilegítimos, lesiones graves, gravísimas o menos graves, mutilaciones o castraciones, conforme a los delitos tipificados en los artículos 395 y siguientes del Código Penal.

Asimismo, se incluye a las personas fallecidas en el contexto de movilizaciones sociales, cuando estos hechos hayan sido cometidos por agentes del Estado, sin importar si las víctimas participaban o no en dichas movilizaciones.

Además, el proyecto contempla la formación de una Comisión de Verdad y Reparación, integrada por siete miembros con reconocida trayectoria en derechos humanos. Tres serán designados por el presidente de la República en ejercicio, y cuatro por las organizaciones de víctimas de derechos humanos surgidas del Estallido Social.

La Comisión tendrá la tarea de definir un procedimiento de calificación de las víctimas, considerando antecedentes judiciales, informes médicos y otros documentos aportados por las víctimas, familiares u organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

El Ciudadano