Red de tráfico infantil: Chile exige a Israel extraditar a exjueza por adopciones ilegales durante la dictadura

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, dictó este lunes el primer procesamiento por adopciones ilegales cometidas entre las décadas de 1970 y 1990, en plena dictadura de Augusto Pinochet, en el marco de una red que operó en la ciudad de San Fernando, región de O’Higgins.

El magistrado envió la Corte Suprema una solicitud de extradición para una de las imputadas, quien reside actualmente en Israel.

La resolución judicial ordenó la prisión preventiva de Ivonne Gutiérrez Pavéz, exjueza del Juzgado de Menores de San Fernando, junto a Ismael Moisés Espinoza León, Carlos Sigisfredo Vega Segura, Laura Rosa Silva Sánchez y Sylvia Clara Vilches Rojas, todos procesados por el delito de asociación ilícita, por la adopción irregular de dos niños de la comuna de San Fernando, que fueron entregados a matrimonios extranjeros.

La exjueza también fue sometida a proceso por dos delitos de sustracción de menores y prevaricación dolosa. Por su parte, Espinoza León, Vega Segura y Silva Sánchez, también fueron procesados como autores de un delito de sustracción de menores.

Invocando el Convenio Europeo de Extradición que entró en vigencia a partir del 1 de junio de 2025, el ministro Aguilar solicitó a Israel la extradición de la procesada, Gutiérrez Pavéz, quien reside actualmente en ese país.

“Debido a que del proceso consta el país y lugar en que se encuentra la inculpada Ivonne Gutiérrez Pavez en la actualidad – según el informe de la PDI, de fecha 28 de abril en curso (…) y habiendo la República de Chile suscrito el Convenio Europeo de Extradición, el cual incluye al Estado de Israel como Estado miembro, Convenio que entró en vigor el día 01 de junio del presente año en curso, lo que permite solicitar la extradición de inculpados entre Chile e Israel, este ministro, dispone que se eleven los antecedentes o compulsas a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia a fin de que ese tribunal declare si debe pedirse la extradición de la referida procesada al Gobierno del Estado de Israel, país en que actualmente se encuentra”, indica la resolución, consignada por el Poder Judicial.

Red cobraba hasta 50 mil dólares por adopciones ilegales

De acuerdo con la investigación desarrollada por el ministro Alejandro Aguilar Brevis, durante la década de los ochenta existió en la ciudad de San Fernando una red integrada por abogados, sacerdotes de la Iglesia Católica, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza para detectar y entregar en adopción de niños y niñas cuyas madres eran de escasos recursos, a parejas extranjeras previo pago de montos de dineros que podrían llegar hasta los 50 mil dólares.

“En el mes de enero de 1983, previamente concertados, y actuando por vías de hecho, Ivonne Gutiérrez Pávez, Ismael Espinoza León y Laura Silva Sánchez, se apropiaron de la niña de tres años de edad de nombre Andrea con el fin de venderla al extranjero y para ello también se inició una tramitación judicial ante el propio tribunal de la Jueza Gutiérrez, en la cual el Egresado de Derecho y también parte de la organización Carlos Vega Segura, efectuó una presentación para obtener la tuición de la niña y sacarla del país para ser adoptada por una mujer de nombre G.J.D., situación que no se agotó, pero si bien se consumó, debido a la que a los días siguientes a la sustracción o robo, la madre junto a personal de Carabineros logró recuperar a su hija», detalló el Poder Judicial.

De acuerdo con la investigación, mientras se desempañaba como jueza, Ivonne Gutiérrez Pavez “autorizó rauda y aceleradamente la salida del país del hijo de la madre víctima de nombre A.A.R.R, con destino Estados Unidos el día 12 de marzo de 1983, desde el Aeropuerto A. Merino B., según da cuenta el Ordinario 271 de fojas 227, emitido por el Departamento Control Fronteras de la Policía de Investigaciones de Chile, ya que se había conformado en el año 1982, una organización -con definidos roles criminales- en la ciudad de San Fernando, cuya lideresa e integrantes mantenían conexiones permanentes con la ciudad de Santiago, a saber, con una oficina de abogados y guardería infantil, ubicadas en calle San Antonio 385, comuna del mismo nombre, como asimismo con las oficinas del Registro Civil de la época, situados en calle Moneda 1396, comuna de Santiago, según se infiere claramente de la inspección personal del tribunal reflejada en el marial audiovisual de la PDI; agrupación delictiva que tenía como objeto sustraer o robar infantes con ánimo de lucro dinerario ( US 50.000) para sacarlos del país a difieren tes destinos de Europa y Estados Unidos (EEUU)”.

“En efecto a juicio de este juez instructor, en este estadio procesal de los sumarios y – valorando los antecedentes allegados con el estándar de justificación o razonabilidad, resultan palmariamente ser constitutivos de un concurso real de delitos, atendido principalmente el carácter pluriofensivo de los sustratos fácticos asentados precedentemente, por cuanto y -cómo se he dicho- en esta etapa primigenia de los procesos se advierten más de dos delitos de manera independiente, uno tras otro. En otras palabras, son ilícitos cometidos de forma separada, con distintas acciones u omisiones, al respecto, concurren los siguientes injustos punibles: delito de 1).- dos ilícitos de sustracción de menores; ilícitos tipificados y sancionados en el artículo 142 del Código Penal; 2).- un delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 292 y sancionados en el artículo 293, del mencionado cuerpo de leyes; 3).- sustracción para atentar en contra del estado civil; tipificado y sancionado en el artículo 354 inciso 2° del cuerpo legal sustantivo penal y el delito de 4).- prevaricación, sancionado en los artículos 224 y 225 del Código Punitivo, por cuanto dada la narración fáctica de los presentes casos sub judice, que surgen de los testimonios de las ofendidas, debidamente corroborados, resulta claro que en autos, se encuentra cabalmente justificado el delito -leitmotiv- de sustracción de niño; por cuanto fueron robados o sustraídos, es decir, quitados o despojados, esto es, sacados los infantes de las esferas de resguardo que legitima y permanentemente debía permanecer en compañía materna, ya que la mamás afectadas R.V.R.R. y M.L.G. – madres niñas a la época de los hechos- se constituyeron en sujetos pasivos u ofendidas de la sustracción de menores de edad respectivamente que a la postre uno de ellos -Á.- hijo de doña R., fue sacado del país con fines de adopción en una tramitación judicial sumamente expedita. En efecto, la referida madre biológica, señora Gutiérrez, siendo debida y legalmente juramentada expresó en estrados, que “nadie me entregó información alguna, y cuando fui averiguar solo me dijeron que había sido llevado a Estados Unidos”, aseverando que “acudió a la casa de la persona a quien le entregó su hijo, y fue allí donde le informan que su hijo había salido al extranjero.” siendo enfática que, en ningún momento autorizó la entrega en adopción de su hijo, señaló el juez en su resolución.

Asimismo, planteó que en el expediente del Juzgado de Letras de Menores de San Fernando quedó consignada la firma efectuada a nombre de R.V.R.R., en donde comparecería a “renunciar a su calidad de madre, entregando voluntariamente a su hijo, por cuanto dicho aserto no se condice, en modo alguno, tanto con su testimonio, como con la dinámica de los hechos que se tuvieron por plenamente justificados, sin perjuicio que los propios testigos y exfuncionarios judiciales del tribunal en donde ejercía funciones “jurisdiccionales” la inculpada Gutiérrez Pavez».

Señaló que estos testigos expresaron en estrado que la propia jueza era quien consignaba de su puño y letra los mendaces asertos de una supuesta declinación que le asistan a las niñas madres, de sus derechos inalienables, naturales e inexpropiables por el Estado cómo progenitora, «aunado a que el tenor de su declaración en el referido expediente judicial del Juzgado de Letras de Menores de San Fernando, corresponde a un lenguaje técnico, que difícilmente la ofendida, dada condición socio cultural y minoría de edad podía haber expresado».

El magistrado Alejandro Aguilar desestimó que los delitos se encuentren prescritos al establecer que se trata de delitos de lesa humanidad perpetrados en un régimen militar y que deben ser sancionados de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto, atendiendo que “los hechos investigados acontecieron durante la dictadura militar que gobernó el país entre los años 1973 a 1989, en la cual – como se dijo- se perpetraron graves violaciones a los derechos humanos y esta mantenía por medio de sus agentes e individuos que colaboraban, la dirección y el control sobre todas las Instituciones Administrativas de la Nación».

Ministro Cordero sobre adopciones ilegales: “No basta simplemente con la persecución penal”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se pronunció este lunes sobre este primer procesamiento por adopciones ilegales cometidas entre las décadas de 1970 y 1990 y a la solicitud de extradición de la exjueza del Juzgado de Menores de San Fernando, Ivonne Gutiérrez.

En conversación con radio ADN, planteó que el desarrollo de la investigación ye estas acciones representan “una pequeña luz de esperanza para aquellos que durante largo tiempo han estado en este proceso».

No obstante, el titular de Seguridad recalcó que “no basta simplemente en este caso con la persecución penal”.

“También el Estado tiene que generar las condiciones para producir el encuentro de las familias que era el propósito del trabajo con el gobierno de Suecia en particular. Que es uno de los países receptores de niños y niñas chilenos que fueron adoptados”, indicó al medio citado.

Recordó que antes de asumir la cabeza del Ministerio de Seguridad, ejerció como ministro de Justicia y Derechos Humanos, por lo que acompañó al Presidente al presidente Gabriel Boric durante su gira por Europa “yo me reuní con las agrupaciones de adopciones ilegales“.

“Existió un primer proceso de levantamiento y ahora con la cooperación internacional se está avanzando en él”, sostuvo.

“Hay una investigación que estaba desarrollada hace un tiempo, y el Estado de Chile ha considerado que en el caso de opciones irregulares existe un crimen de violación de derechos humanos”, señaló el ministro, al tiempo que destacó que “todavía” se está realizando el catastro de los niños que sufrieron adopciones ilegales.

Aunque no se refirió a una cifra precisa de casos, Cordero indicó que se está «hablando de miles», los que ocurrieron en un transcurso de tiempo “que va desde mediados de los 60 hasta el término de la década de los 90″.

“Cuando hablamos de adopciones irregulares no estamos hablando solo del periodo dictadura (…) está asociado, entre otras, al tipo de regulación que el país tenía en su oportunidad. Y por eso, además de las investigaciones penales, Chile está avanzando en la mesa de adopciones irregulares que se instaló el año pasado, que es una mesa de trabajo con los organismos públicos, entre otros, para la consolidación de la información», indicó.

El titular de la cartera de Seguridad Pública recordó que “esto terminó siendo un tema por qué en la última década, en los países receptores de adopciones irregulares, se empezaron a detectar este tipo de circunstancias ilegales, que es lo que sucedió en Países Bajos, en Francia, en Suecia».

“Las investigaciones nacieron con niños y niñas que provenían de África, pero que a propósito de esas investigaciones se han obtenido antecedentes también de las que provinieron de Chile en la década del 70 y la década de los 80″, dijo.

Para cerrar el ministro señaló que “el país tiene mucho que avanzar” en esta materia.