Multa a joven penquista con autismo severo por no ir a votar en Plebiscito constituyente

Lizbeth Jerez Vargas no camina, no habla y requiere asistencia permanente. Tiene 22 años y un diagnóstico de autismo profundo, epilepsia y dependencia total, pese a ello, el Juzgado de Policía Local de Penco, luego de recibir la información del Servicio Electoral (SERVEL), la sancionó por no sufragar en el pasado plebiscito de 2023.

Esta mañana concurrieron ante la Corte de Apelaciones de Concepción el padre de Lizbeth, Cristián Jerez Maureira, junto al ex-senador, Alejandro Navarro Brain, para presentar un recursos de protección que busca anular la multa aplicada a la joven.

Navarro llamó la atención de cómo una normativa diseñada para fomentar la participación electoral terminó castigando a una persona que nunca tuvo una posibilidad real de ejercer su derecho al voto.

Su padre ha debido sobrellevar la carga emocional y económica de una multa que se suma a los gastos diarios en medicamentos, terapias y cuidados constantes. Ambos sostienen que el caso de Lizbeth refleja la realidad de muchas familias invisibles para la burocracia

Navarro señaló que “cuando las instituciones olvidan la humanidad, es la ciudadanía quien debe recordársela”.

El voto obligatorio fue establecido por una reforma constitucional en 2022, que definió que el sufragio debía ser obligatorio a partir de los próximos procesos electorales, estrenándose para el Plebiscito del primer proceso constituyente.

Los parlamentarios que aprobaron dicha ley establecieron una multa entre 0,5 a 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir entre 34 mil y 340 mil pesos a beneficio municipal.

Actualmente, en el Parlamento hay intentos de modificar la obligatoriedad del voto, a través de un Proyecto de Ley presentado en julio de 2024 tendiente a modificar el artículo 15 de la Constitución, que fija una multa por el incumplimiento del deber de votar, los electores exentos de ellas y el procedimiento aplicable respecto a la sanción.

Se propuso modificar el actual monto, bajando a una multa entre las 0,5 a 2 UTM (de $34 mil a $136 mil). Sin embargo, por presiones de la derecha esta moción no ha prosperado, mantendiéndose el límite máximo de la multa aplicada hoy. Es más, en la discusión se acogió una propuesta del senador Esteban Velásquez, quien quiere reponer la suspensión de la licencia de conducir como castigo por no participar de los procesos electorales.

Del Servel informaron que la institución no aplica las multas, sino que por ley, su función es sólo informar respecto de quienes no votaron. “La multa es de absoluto criterio del juez de policía local que sopesa el caso, Servel no tiene injerencia en la multa o no”.

También desde el Servicio Electoral aclararon que “la ley establece que deben ser sacados del padrón quienes sean interdictos”, lo que incluye a personas que tengan algún grado de dificultad para concurrir a votar.

El Ciudadano