José Luis Abarca es absuelto por secuestro de los 43 de Ayotzinapa: sigue preso por lavado de dinero

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ratificó la absolución del exalcalde José Luis Abarca por el secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La resolución, emitida el 3 de junio de 2025, negó el amparo promovido por los padres de los normalistas desaparecidos, representados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh y abogado de las familias, había impugnado la exoneración dictada desde mayo de 2023. En esa fecha, el Tribunal Colegiado de Apelación del mismo circuito liberó también a Felipe Flores Velázquez, exjefe policiaco de Iguala, de los cargos de secuestro y delincuencia organizada.

La sentencia definitiva confirma el fallo de 2019 del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, dentro de la causa penal 66/2015. También ratifica la absolución de 18 policías municipales, inicialmente acusados de vínculos con el crimen organizado y delitos contra la salud.

El tribunal argumentó que las familias no tuvieron calidad jurídica para intervenir en las instancias judiciales, razón por la cual les negó la protección de la justicia federal.

Abarca no saldrá libre: enfrenta múltiples condenas por crímenes graves

A pesar de esta resolución, Abarca Velázquez permanece encarcelado por otros delitos federales y del fuero común. Desde el 30 de abril de 2025, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 18, en Ramos Arizpe, Coahuila, desde “El Altiplano”.

Cumple una sentencia de 20 años por el asesinato del síndico Justino Carvajal Salgado, ocurrido en marzo de 2013. Además, fue condenado a 92 años y seis meses por el secuestro y homicidio de seis activistas del Movimiento Campesino Unidad Popular (UP), incluido su líder Arturo Hernández Cardona.

Un historial de violencia e impunidad vinculado al poder político

Abarca fue arrestado en noviembre de 2014 en la Ciudad de México junto a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, tras semanas prófugo por los hechos del 26 y 27 de septiembre de ese año en Iguala, Guerrero. Entonces militaba en el PRD y ostentaba el cargo de alcalde.

Según testimonios judiciales, la Procuraduría General de la República incurrió en detenciones arbitrarias durante las primeras investigaciones del caso Ayotzinapa, lo que debilitó los procesos legales contra funcionarios implicados.

En su más reciente intento por beneficiarse legalmente, Abarca promovió un amparo por supuesta falta de atención médica en prisión. La jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo desechó el recurso, argumentando que su traslado a otro penal volvía improcedente la queja.

_Zeta

Fotografía: Jovani Pérez

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