Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron este miércoles en Iquique, Región de Tarapacá, al exteniente de Carabineros Alberto Juan Fernández Mitchell, quien se encontraba prófugo desde marzo de 2024, tras ser condenado a presidio perpetuo por su participación en la masacre de 19 trabajadores en Laja y San Rosendo, ocurrida pocos días después del golpe de Estado de 1973, durante el inicio de la dictadura de Augusto Pinochet.
La detención se concretó mientras el condenado asistía a un Centro de Salud Familiar (Cesfam) Pedro Pulgar Malgrejo, ubicado en la ciudad nortina, instancia que fue aprovechada por los efectivos policiales para proceder con su captura.
La PDI mantenía activas y reservadas diligencias para dar con su paraderos, luego de que en marzo de 2024 la Corte Suprema dictara el fallo definitivo en esta emblemática causa de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y el exuniformado evadiera cumplir su condena.
Fernández Mitchell fue trasladado hasta el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, donde deberá cumplir la sentencia de presidio perpetuo impuesta en su contra por la justicia.
La orden de ingreso a cumplimiento de condena fue emitida por el ministro en visita para causas de derechos humanos de las Cortes de Apelaciones de Concepción y Chillán, Waldemar Koch Salazar.

Matanza de Laja y San Rosendo
La masacre por la que fue condenado Fernández Mitchell representa uno de los graves casos de violación a los derechos humanos ocurridos en dictadura, cuando 19 trabajadores de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) de Laja y de Ferrocarriles del Estado, de San Rosendo, fueron detenidos por una patrulla de carabineros, el 13 de septiembre de 1973, permaneciendo detenidos en la comisaría de Laja hasta la noche del 17 de septiembre, cuando fueron trasladados hasta el Fundo San Juan, camino a Yumbel, donde fueron ejecutados.
Sus cuerpos fueron enterrados en el mismo lugar y posteriormente exhumados, para ser inhumados en una fosa clandestina del cementerio de Yumbel.
En octubre de 1979, fueron desenterrados al iniciarse la investigación judicial a cargo del ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly.
El 20 de septiembre se presentó voluntariamente a carabineros de la ciudad de Los Ángeles el obrero de la CMPC Luis Sáez, dirigente sindical y militante del MAPU, quien habría sido buscado por la autoridad. Fue detenido y su cuerpo apareció seis años después cerca del lugar donde fueron fusilados los diecinueve detenidos.
Para la comisión del crimen los carabineros contaron con la colaboración de civiles y empresas de la región.
Las víctimas de este caso fueron identificadas como Fernando Grandón Gálvez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Óscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Enrique Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Juan Antonio Acuña Concha, Juan de Dios Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Mario Becerra Avello, Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Mario Jara Jara, Wilson Gamadiel Muñoz Rodríguez y Alfonso Segundo Macaya Barrales.
La causa judicial estableció la participación activa del entonces teniente Fernández Mitchell en estos asesinatos, en coordinación con otros agentes del Estado y en un contexto de represión sistemática durante los días posteriores al golpe de Estado.
De acuerdo con un reciente informe publicado estudio jurídico Caucoto Abogados, especializado en causas de derechos humanos, el exuniformado formaba parte de un listado de 16 criminales de lesa humanidad que, pese a estar condenados, permanecían impunes. Con su detención, aún quedan 13 ex agentes del Estado y 2 civiles, involucrados en el asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga; el crimen del diplomático español Carmelo Soria, Operación Cóndor, Caravana de la Muerte, Caso “Quemados” y la masacre en Laja-San Rosendo, entre otros procesos.