Alianza Humboldt por fallo del TC en caso Dominga: «Se ha destruido la institucionalidad ambiental en Chile»

Como una decisión que pone nuevamente en tela de juicio el funcionamiento de la institucionalidad ambiental, calificaron desde las organizaciones locales y de la sociedad civil que conforman la Alianza Humboldt, el fallo dado a conocer por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional respecto al proyecto minero-portuario Dominga.

En este dictamen -recordemos- se rechazó la contienda de competencias presentada por el Servicio de Evaluación Ambiental en contra del Primer Tribunal Ambiental, a quien acusó de invadir las atribuciones del Comité de Ministros. 

Lo anterior se originó el pasado 23 de marzo, cuando el Gobierno recurrió al TC por el fallo del Primer Tribunal Ambiental (1TA) de Antofagasta, que ordenó a la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental dictar una nueva resolución sobre Dominga.

Según el 1TA, la resolución adoptada en 2023 por el Comité de Ministros, que calificó desfavorablemente el proyecto minero, no respetó los principios de imparcialidad y confianza legítima al incluir ministros y ministras que habían manifestado opiniones previas sobre el proyecto, sin inhabilitarse.

Tras esta sentencia del 1TA, los secretarios de Estado se inhabilitaron, y el 8 de enero, en un nuevo Comité de Ministros, se rechazó de forma unánime el proyecto, pero en una resolución del 11 de marzo, el 1TA invalidó la votación porque las potestades del Comité de Ministros «ya fueron ejercidas y se encuentran agotadas», para seguidamente, ordenar el levantamiento de la suspensión del procedimiento administrativo de Dominga. 

Esto permitiría a la empresa Andes Iron continuar el proceso de evaluación ambiental conforme a lo ordenado por el 1TA. Y además, el TC puso sobre la mesa un punto crucial: Cualquier impugnación sobre el fondo debe ventilarse en tribunales ordinarios mediante los recursos pertinentes. 

«El Comité de Ministros planteó que existía una disputa de competencias con el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Ahora, lo que el Tribunal Constitucional señala es que esta discusión jurídica no es la instancia adecuada para resolver si lo que el Primer Tribunal Ambiental está diciendo es legal o ilegal, para eso existen otros procedimientos», explicó el abogado Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA.

«Por lo mismo, desde Alianza Humboldt continuaremos con los demás procedimientos para que se verifique que aquello que está haciendo el Tribunal Ambiental de Antofagasta es ilegal, y que, como hemos dicho, se trata de un proyecto fallido que está bien rechazado y que debe mantenerse rechazado», sostuvo el abogado.

Comunidad se opone

«El proyecto Dominga destruyó el tejido social de La Higuera al dividir a la comunidad; pretende destruir uno de los ecosistemas más ricos y únicos del mundo, junto a los empleos que actualmente se desarrollan en el lugar; y ahora, ha destruido la institucionalidad ambiental del país», afirmó Rodrigo Flores, pescador artesanal y presidente del Consejo Consultivo de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. 

Otro de los puntos fuertemente criticados por los entendidos en la materia es cómo el caso judicial de Dominga ha ignorado a la ciencia, pues las sentencias se han escudado en tecnicismos administrativos, sin abordar jamás la arista ambiental.

Para Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana en Chile, esto se explica porque «la justicia ambiental está hecha a la medida de la industria, sin considerar el conocimiento científico de la zona, la protección del medio ambiente y la voz de las comunidades locales».

La directora de la organización de conservación marina afirma que «con el Archipiélago Humboldt no permitiremos que se repita la historia de proyectos como Celco o Pascua Lama, donde la ciencia fue ignorada y se generaron daños irreparables e irreversibles en el medio ambiente».  

Desde el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (Modema), su presidenta, Carolina Bahamondes, advirtió que «no haremos oídos sordos a la corrupción ni a la desidia, aquí hay suficiente ciencia para respaldar el rechazo definitivo de este proyecto. No vamos a permitir que Dominga se instale en nuestra comuna, vamos a continuar hasta las últimas consecuencias, levantando la voz ante la injusticia».

Por su parte, desde Alianza Humboldt Atacama Coquimbo, Nancy Duman, vocera de la agrupación, aseveró que «entendemos que el Tribunal Constitucional no tiene competencias para resolver esta controversia, no es una luz verde para el proyecto Dominga, ya que aún existen procesos judiciales en curso».

Duman agregó que «este es un proyecto que no cumple con la normativa, está viciado por sus impactos irreversibles, y hacemos un llamado a las organizaciones, a la academia y a la sociedad civil a estar alertas porque de llegar a aprobarse este proyecto sería una vergüenza para el país». 

Finalmente, Roxana Núñez, vocera legal de Greenpeace, recordó que «casi 12 años después del inicio de su tramitación, Dominga sigue sin jugar limpio. Por el contrario, ha optado por ejercer presión indebida sobre los organismos del Estado y forzar su avance de manera irregular en tribunales, en lugar de resolver sus múltiples carencias técnicas, las que provocarán un daño ambiental irreparable en la zona».

«El historial de este proyecto refleja las malas prácticas empresariales, que representan una profunda amenaza para la legitimidad de nuestra institucionalidad ambiental y el futuro en la protección de nuestros ecosistemas», añadió Núñez. 

Recordemos que las críticas al proyecto Dominga también han venido desde la comunidad científica, donde expertos y expertas que han estudiado el área han coincidido en que el Archipiélago de Humboldt es incompatible con un proyecto de estas características. Al contrario, ningún estudio serio e independiente ha avalado la iniciativa de Andes Iron.  

Seguiremos informando.