Una compleja red criminal integrada por nueve carabineros, receptores judiciales y abogados fue desarticulada. De acuerdo con la investigación interna llevada a cabo por la institución, los implicados ejecutaban «embargos exprés» a cambio de coimas que iban desde $50 mil hasta $220 mil por vehículo, aprovechando su investidura y recursos públicos.
Según los antecedentes, los policías falsificaban procedimientos, colaboraban con estudios jurídicos dedicados a la cobranza y engañaban a dueños de autos para retirarlos sin orden legal. La organización incluso contaba con un receptor judicial que certificaba diligencias falsas.
Según la investigación liderada por el fiscal Eduardo Arrieta Leiva, de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, la red estaba dirigida por P.A.B.A., un civil que coordinaba las operaciones y recibía solicitudes directas de abogados o estudios jurídicos sobre qué vehículos encontrar.
Bajo su mando operaba el cabo segundo C.G.E.V.C., quien además de involucrar a otros ocho uniformados, localizaba vehículos con órdenes de embargo, muchos durante sus turnos oficiales.
Entre este grupo de carabineros figura el nombre de e J.E.P.L., quien también recibía instrucciones directas del líder y prestaba colaboración durante los procedimientos. Los otros 7 restantes habrían participado en una o más incautaciones irregulares a cambio de dinero y dejando para ello de lado los deberes propios de sus servicios.
Para simular legalidad, el receptor judicial L.P.S.D. firmaba documentos falsos que avalaban su presencia en procedimientos que nunca ocurrieron, cuando según Bio Bío Chile, en realidad «era el líder de la organización el que se apersonaba al momento del retiro de los vehículos».
Casos de «embargos exprés»
Durante la audiencia de formalización celebrada el pasado jueves ante el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público presentó 19 hechos perpetrados por esta red.

Uno de los más graves ocurrió el 3 de febrero de 2024, cuando el cabo segundo C.G.E.V.C., mientras se encontraba en uno de sus turnos, ayudó a incautar un Chevrolet Sail en El Bosque, pese a que el embargo solo se «oficializó» al día siguiente con documentos adulterados. Por este procedimiento, el carabinero recibió $220 mil en su cuenta bancaria.
Según el persecutor Eduardo Arrieta Leiva, de la Fiscalía Metropolitana Sur, otro caso revelador sucedió el 27 de agosto de 2024, cuando el líder de la red, P.A.B.A., y el cabo segundo engañaron al conductor de un camión FAW F-914.
«El carabinero contactó al chofer, fingió ser un cliente y lo citó en un outlet de Quilicura. Allí, P.A.B.A. se hizo pasar por receptor judicial, y con apoyo de una radiopatrulla, se llevaron el vehículo» para “cumplir” con la resolución judicial, pero saltándose todos los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.
Durante la audiencia, el Ministerio Público detalló que en la red participaron otros funcionarios de carabineros que prestaban colaboración activa en los “embargos exprés”, así como los roles que tenían la pareja del líder de la red y una dueña de una empresa de grúas que actuaba en complicidad con el grupo, consignó Bio Bío Chile.

Formalización y prisión preventiva para integrantes de la red
En total, 15 personas, incluidos los nueve carabineros dados de baja, fueron formalizadas, a quienes se les imputaron delitos como asociación ilícita, cohecho, falsificación de instrumentos públicos y ejercicio ilegal de funciones.
La Fiscalía pidió prisión preventiva para seis de ellos y medidas cautelares menores para el resto.