CAMPECHE, CAMPECHE, 16 DE JUNIO DE 2025. .- El Juzgado del Primer Distrito Judicial de Campeche ha dictaminado una condena de dos millones de pesos por «daño moral» contra la empresa Organización Editorial del Sureste S.A. de C.V., propietaria del periódico Tribuna de Campeche, y su exdirector, Jorge Luis González Valdez. La sentencia, a favor de Walther David Patrón Bacab, quien lleva la jefatura de Comunicación Social del gobierno de Campeche, bajo la égida de la gobernadora Layda Sansores (quien también ha interpuesto denuncias penales contra González Valdez por «incitación al odio» contra ella), impone medidas drásticas cuyo efecto en la seguridad jurídica, personal y patrimonial del comunicador, se configuran con inmediatez y contundencia.
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La resolución judicial se deriva de una serie de publicaciones realizadas en 2022, las cuales, según Patrón Bacab, afectaron su imagen y reputación. La notificación personal establece la condena a la persona moral y a González Valdez, en su carácter de Director General de Tribuna de Campeche en el momento de los hechos.
Además, el comunicador permanece vinculado a proceso por la Fiscalía de Campeche por los delitos de «incitación al odio» y «violencia» contra la titular del ejecutivo estatal de Campeche, por lo que se ordenó el cierre inmediato del periódico y la vinculación a proceso del exdirector de Tribuna.
En declaraciones la mañana de hoy, 16 de junio, en un conocido noticiero televisivo, Jorge González Valdez calificó la sentencia como un «ataque directo a la libertad de expresión» y una «instrumentalización de la justicia para silenciar voces críticas». Afirmó que la resolución sienta un precedente peligroso para el periodismo en México y que apelarán la decisión.
Según dichos del propio González Valdez, él ya se encuentra «jubilado» y solamente por no salir completamente de la esfera de los medios de información, mantiene presencia en un programa radiofónico local que se transmite los días viernes.
Exdirector septuagenario de Tribuna podría perder su casa en plazo de una semana
En caso de que los imputados no cubran la suma de dos millones de pesos en aproximadamente una semana, se activará una provisión judicial que podría derivar en el embargo de bienes para garantizar el pago de la compensación.
Este tipo de prácticas judiciales, a menudo percibidas como acciones ejercidas desde ciertas esferas del poder contra periodistas, contravienen lo estipulado en convenios internacionales firmados por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos instrumentos subrayan la importancia de proteger la libertad de expresión y prensa, limitando el uso de demandas por daño moral con fines intimidatorios o de censura.
Por ello, organismos internacionales han expresado preocupación por el incremento de litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPP) en el país.
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