Un intenso lobby se ha desplegado en las últimas horas previa a la votación por el pleno de la Cámara del informe de la Comisión Investigadora sobre el acuerdo entre Codelco y SQM. Desde el directorio de Codelco y el gobierno se han hecho ingentes esfuerzos para que el informe cuente con una baja aprobación, lo que se sumó a la fabricación de encuestas diseñadas para ser difundidas esta mañana y así dar una supuesta legitimidad ciudadana al polémico pacto que entrega a cero costo la explotación del Salar de Atacama hasta el 2060 a la empresa ligada a la familia Pinochet.
El contrato vigente firmado en 2018 entre Corfo y SQM, estableció un arriendo para la explotación de las 16 mil hectáreas del Salar de Atacama hasta el año 2030, a cambio de una cuota para el fisco que ronda el 40% de las ganancias. Luego de esa fecha, SQM está obligada a devolver las pertenencias mineras en arrendamiento y la infraestructura industrial instalada.
Pero la apuesta de Máximo Pacheco desde diciembre de 2023 ha sido promover la renovación del contrato con SQM, a través de una explotación en conjunto con Codelco. La sociedad sería a través de la Minera Tarar, manteniendo la cuprífera estatal el 50,01% del capital accionario; en tanto que SQM quedaría con el 49,99% restante.
El informe final de la Comisión Investigadora de la Cámara concluyó que el pacto con SQM está plagado de irregularidades, no se negoció con transparencia y las decisiones tomadas no tienen sustento técnico-administrativo.
EL LOBBY SOBRE PARLAMENTARIOS OFICIALISTAS
Con una votación de 72 diputados a favor, 2 abstenciones y ninguno en contra la Cámara determinó a comienzos de diciembre del año pasado la creación de una Comisión Investigadora para revisar el Acuerdo SQM-Codelco. La moción, antes de ser presentada al pleno, contó con las firmas de 62 parlamentarios que apoyaron la iniciativa del diputado de la bancada PPD-independientes, Cristián Tapia.
Según comentaron algunos parlamentarios a El Ciudadano, tanto desde Codelco como desde el mismo gobierno de Boric, se desplegaron presiones en las horas previas a la votación para tratar de impedirla. La diputada Yovana Ahumada comentó en la ocasión que “aún mientras estábamos reuniendo las 62 firmas requeridas, nos enteramos durante la sesión de la mañana que tanto el Ejecutivo como el mismo Pacheco hacían gestiones para bajar las firmas y la comisión”.
Las presiones intentaban evitar que parlamentarios oficialistas aprobaran la creación de la comisión, lo que no tuvo éxito. Votaron así a favor varios diputados reconocidamente oficialistas, como Karol Cariola, Luis Cuello, Lorena Fries, Gael Yeomans, Emilia Schneider, Catalina Pérez y Carolina Tello, entre varios otros.
El giro de los parlamentarios oficialistas fue un duro golpe al gobierno. En oportunidades anteriores, pese al rechazo a mantener en la explotación del Salar de Atacama a Julio Ponce Lerou, los diputados oficialistas se habían cuadrado con el Ejecutivo. Así ocurrió cuando el mismo diputado Tapia presentó una moción para pedir al gobierno anular el acuerdo entre Codelco y SQM, votada el 24 de Julio de 2024. En la oportunidad los diputados comunistas y frenteamplistas -como Gonzalo Winter, Maite Orsini y Claudia Mix; y comunistas como Luís Cuello y Lorena Pizarro y Tomás Hirsch (Acción Humanista)- no se sumaron a la iniciativa.
La moción le pidió al presidente Boric dejar nulo el acuerdo de asociación entre Codelco y SQM y definir la explotación del salar a través de una licitación internacional y no un trato directo. En la oportunidad fue respaldada con 41 votos a favor, 15 en contra y 10 abstenciones.
LA FABRICACIÓN DE ENCUESTAS
Las fichas se están moviendo en las horas previas a la votación del Congreso. Incluso los defensores del acuerdo movieron una encuesta realizada por Cadem, cuyos universos muestrales no superan el millar de personas. El objetivo fue dar un respaldo ciudadano al polémico acuerdo ante un gobierno miope y manipulable a través de la producción de mayorías artificiales.
También se diseñó la publicación de la encuesta, la mañana en que la Cámara debe votar el informe de la Comisión Investigadora, como forma de presionar a los parlamentarios y darle un supuesto respaldo ciudadano a una iniciativa que a medida que se han ido conociendo sus pormenores a través de las noticias, genera cada vez más críticas de parte de la ciudadanía.
Así se aprecia en una reciente publicación en la red X de Codelco, promocionada a través de pago, en la que de 80 comentarios casi todos son críticos. La mayoría destaca la entrega a la familia Pinochet del Salar de Atacama, la ausencia de una licitación y el negocio que se le entrega a SQM.
Las críticas en redes sociales al acuerdo necesitaba de una contestación importante, por lo que la fabricación de mayorías artificiales hecha por la encuestadora dirigida por Roberto Izikson y ligada a la centro-derecha piñerista.
Izkinson, según un reportaje de El Mostrador, comenzó a realizar mediciones cuando Piñera era precandidato presidencial en 2008-2009, siendo jefe de estudios de Adimark, cuyo dueño Roberto Méndez trabajaba para el candidato derechista. Con Piñera en el gobierno, Izkinson se convirtió en uno de los principales asesores de la Secretaría de Comunicaciones (Secom).
El contraste entre la opinión de la ciudadanía a través de redes sociales y la mayoría producida por Cadem es evidente. Según el estudio, habría un “apoyo transversal” para el acuerdo. Un 67% estaría de acuerdo, diciendo que es positivo para Chile. En una gama de alternativas proporcionadas por la misma encuestadora, es decir opciones cerradas, se redujeron las posibilidades de respuesta enfocándolas en un supuesto desarrollo económico para el país. ¿quién podría estar en contra de dichas alternativas en el papel? Pues, estas eran la “capacidad del acuerdo para reactivar o mejorar la economía” (45%), “generar nuevas oportunidades laborales” (28%) y “facilitar la explotación sustentable de un recurso estratégico como el litio” (17%).
Se trató de una gama de alternativas cerradas que asociaban el acuerdo con el progreso, el desarrollo, la mejora de la economía y, como no, instalar el concepto ‘sustentable’. Obviamente, ante el encuestado suena muy lindo todo eso.
También fabricaron una supuesta mayoría ciudadana de que un 55% de la ciudadanía “considera que el próximo gobierno debería concretar este acuerdo para asegurar el liderazgo de Chile en el mercado mundial del litio, frente a 36% que prefiere su reevaluación”.
La encuesta fue reproducida sin cuestionamiento alguno por parte de los grandes medios, los mismos que en sus páginas en los últimos dos años han recibido generosa publicidad de SQM. No se cuestionó la metodología, el pobre universo muestral y, mucho menos, las alternativas cerradas.
La publicación de la encuesta es parte de un dispositivo mayor para defender el acuerdo con SQM promovido por el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien de mañana comenzó a mover la cuña en los medios masivos de que “este acuerdo marca un antes y un después para Chile. Por primera vez, una empresa estatal, a través de una potente asociación público-privada liderará la producción de litio en el Salar de Atacama, con el expertise privado acumulado durante 30 años, una gobernanza pública robusta, con criterios de sostenibilidad y un modelo que asegura que el valor de este recurso estratégico se quede en el país. Estamos muy orgullosos de este paso histórico y, también, profundamente felices de que los chilenos y las chilenas lo reconozcan y lo sientan como un logro propio”.
Sin embargo, análisis de geólogos y economistas dan cuenta de que el pacto con SQM no conviene a erario público.
Un cálculo sobre el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del Salar de Atacama, hecho por el economista Camilo Lagos, dio cuenta que se subsidia con 5.200 millones de dólares a la empresa de Francisca Ponce Pinochet. En tanto, el patrimonio público pierde capturar unos US$ 4 mil millones al no operar directamente en el acuífero atacamaño o llamar a licitación. Tampoco hay en la actual negociación, compromisos exigibles de tecnología limpia ni de industrialización local.
firma del convenio. Así lo ha manifestado el economista y abogado Julián Alcayaga, quien plantea que el acuerdo es inconstitucional, ya que aún está vigente el DL 2.886 que reserva al Estado el litio, una reserva constitucional redactado por la Junta Militar que no ha sido abolida.
Por su parte, el geólogo José Cabello, persona competente (QP) en minería y miembro del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos de Chile (CEMEC), comentó a El Ciudadano que “la regla básica de la minería es si uno tiene un yacimiento de gran calidad, lo que debiera hacer es quedarse con él un cien por ciento.
El Ciudadano
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
Relacionados
Contrato de Codelco con Morgan Stanley revela falsa narrativa oficial sobre trato directo con SQM
Hace 3 semanas
