El comunero mapuche Víctor Llanquileo y su abogada defensora, Daniela Sierra, criticaron las gestiones realizadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para revertir un fallo a favor de la reinserción laboral de Llanquileo, emitido por la Corte de Apelaciones de Concepción.
Se trata de un permiso para salir a trabajar que se otorga a aquellos internos que cumplan una serie de requisitos, como es el caso de Llanquileo, quien estando recluido estudió la carrera de Técnico Agropecuario en la Universidad Católica de la Santísima Concepción e hizo 500 horas de práctica.
«Eso significaba que podía salir a realizar sus labores», explica a El Ciudadano la abogada Daniela Sierra.
La profesional detalló que «el comité campesino en el que hizo la práctica quedó bastante entusiasmado con el trabajo que él podía realizar, porque los resultados fueron mejores en términos de producción, en términos de calidad de producto, en variedad de semillas».
Por ello, enfatiza la abogada, ellos quisieron contratarlo en su calidad de técnico agropecuario. Pero, agrega, «se presentó ese contrato en Gendarmería, y lo rechazaron apelando a normas del reglamento de establecimientos penitenciarios, pero no consideraron los principios generales del derecho».
Sierra cita el principio de progresividad, que lo establece la misma administración penitenciaria, «cuestión que aceptó la Corte de Apelaciones de Concepción y consideró que correspondía que él fuera autorizado a salir vía contrato, porque es lo que tiene que venir posterior a sus estudios, a su titulación, a su salida, a la práctica diaria, y también con el nivel de cumplimiento en el regreso a la unidad penal que él ha tenido».
Así, el tribunal penquista ordenó a Gendarmería autorizar la salida, resolución que fue apelada por el Consejo de Defensa del Estado, quienes, según la defensa de Víctor Llanquileo, «no tienen legitimidad activa para apelar».
Sesgo contra presos mapuche
La abogada comenta al respecto que «lo que nosotros hemos visto además, gravemente, es lo mismo que denunciaba María Inés Horvitz cuando renuncia al CDE, de que este no tiene un criterio jurídico para decidir, sino que tiene un criterio de persecución penal política para determinados sectores».
«Nosotros nos hemos encontrado ya en varias situaciones en que en lugar de apelar Gendarmería apela el CDE», advierte Sierra, apuntando a que esto «no lo hace en todas las causas penitenciarias, no lo hace con todos los presos que tienen este tipo de solicitudes, lo hace contra determinados presos mapuche, entonces ahí hay racismo, no opera la igualdad ante la ley, y eso es lo que Víctor está denunciando, cómo está actuando el Estado para conculcar derechos a determinados miembros del pueblo mapuche, vulnerando con ello la normativa nacional y la internacional vigente».
Ante esta acción del CDE, la defensa del comunero presentó un recurso de hecho, «que es un tipo de recurso que se puede presentar cuando se debe decretar inadmisible una apelación. Estamos a la espera de esa resolución, si es favorable para nosotros estaríamos listos con la autorización del permiso, si es desfavorable ya tendríamos que ir al fondo del tema y ver qué es lo que resuelve la Corte Suprema», puntualizó la defensora.
Víctor Llanquileo: «Que respeten su normativa»
Por su parte, Víctor Llanquileo envió unas palabras «para dejar en claro las intervenciones y presiones que ejerce el gobierno de turno frente a los que exigen justicia, comprometiendo gravemente el Estado de Derecho y la debida protección a los derechos fundamentales».
«En nuestro caso, cuando exigimos que respeten su normativa, hecha por ellos mismos, mientras el gobierno se hace parte para contradecir el mismo derecho. Hago referencia al Consejo de Defensa del Estado, quien ejerce presión ante la Corte Suprema para que revierta la decisión del tribunal (en este caso de la Corte de Apelaciones de Concepción), quien haciendo uso de sus facultades y respetando el derecho de los privados de libertad a la reinserción social y al principio de progresividad, y derechos consagrados en los pactos y tratados internacionales, dio lugar a mi salida por motivos laborales, derecho que se pretende cercenar por medio del Consejo de Defensa del Estado cuyo presidente es un cargo de confianza del presidente de la República», manifestó Llanquileo.
Seguidamente, resaltó que «la presión que ejerce el gobierno a través de sus distintas instituciones se hace notar cuando se trata de mapuche, por más que nieguen la prisión política en los gobiernos ‘democráticos’ de los distintos consorcios, Estado, forestales, energéticas, donde con el pretexto de seguridad buscan legitimar la invasión de los territorios mapuche, porque de ninguna manera es seguridad para la sociedad civil, si fuera así tendrían las instituciones controlando el narcotráfico».
«Con este mensaje dejamos de manifiesto que seguimos luchando por derechos individuales pero a la vez colectivos, que no se trata sólo de mapuche, también para pobres, porque con el tiempo queda más nítido que las grandes cárceles no son más que un negocio donde la materia prima es el pobre», expresó Llanquileo.
Convenio 169 de la OIT
Finalmente, desde la defensa de Víctor Llanquileo informaron que jurídicamente están apelando al Convenio 169, en el artículo 10 numeral 2, «que dice que en el caso del mapuche, el Estado deberá preferir formas alternativas al encarcelamiento si la legislación nacional así lo permite, y en este caso sí lo permite».
«Hay una vulneración evidente, nuevamente, a la normativa internacional, protectora de los derechos de pueblos indígenas, especialmente cuando están condenados y privados de libertad. Es importante considerar que la normativa penitenciaria ya tiene vulneraciones constitucionales a los derechos fundamentales, así como está plasmada, pero los sucesivos gobiernos han sido incapaces de reformar el sistema de régimen penitenciario», recordó Daniela Sierra.
«Han habido distintos proyectos de ley, ninguno ha llegado a su finalización, y los presos siguen siendo sancionados, perseguidos, hostigados, torturados, vulnerando la normativa nacional e internacional, y esa es una cuestión que también planteamos en el recurso, hoy día la situación de los privados de libertad está absolutamente al amparo de las arbitrariedades que Gendarmería quiera cometer en contra de ellos», alertó la profesional.
Seguiremos informando.
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