¿Publicar o ir preso? Colegio de Periodistas alerta que la Ley Mordaza criminaliza la labor periodística

Por Camila Silva Cortés

La reciente moción parlamentaria conocida como “Ley Mordaza 2.0” ha encendido las alarmas en el mundo del periodismo. La propuesta, que busca sancionar con presidio o altas multas la difusión de antecedentes de investigaciones penales, es vista por el Colegio de Periodistas como una amenaza directa a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a estar informada.

En conversación con El Ciudadano, la presidenta del gremio, Rocío Alorda, analiza en detalle los alcances de este proyecto que —según advierte— no solo criminaliza a quienes ejercen el periodismo investigativo, sino que abre la puerta a la autocensura, el acoso judicial y el retroceso democrático en Chile. “No son los periodistas quienes filtran las carpetas”, enfatiza Alorda, subrayando que el deber ético del periodismo es poner en común aquello que afecta el interés público.

—¿Cuál es su análisis general sobre esta nueva propuesta, conocida como “Ley Mordaza 2.0?

—En general, nos parece que esta moción del Senado es una propuesta que, de alguna forma, viene a limitar la labor de periodistas y medios de comunicación que investigan causas de interés público, ya que establece sanciones penales a quienes difundan contenido de carpetas investigativas.

Sabemos que existe una práctica bastante instalada, desde la propia Fiscalía, de filtrar información. Sin embargo, la difusión de aquellos contenidos, cuando se trata de ámbitos de interés público, es deber de las y los periodistas ponerlos en común con la sociedad, de modo que las personas puedan enterarse en tiempo real de los hechos que están aconteciendo en el país, sobre todo en casos de corrupción, narcotráfico o situaciones que involucran a autoridades del poder público.

—¿Cuáles son, a su juicio, los puntos más críticos o polémicos de esta iniciativa?

—Hemos tenido acceso al texto original, a la moción del Senado y, bueno, lo que más nos preocupa es un artículo de este proyecto de ley que viene a sustituir el inciso final del artículo 226 J del Código Penal, en el que se establece que cualquier modo entregare, informare o difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

Esta sanción se extenderá a los funcionarios que hubieran participado en la investigación y a todo aquel que, de cualquier modo, informa, difunda o divulgue información relativa a una investigación. Esa modificación al artículo 226 J del Código Procesal Penal nos parece que es un exceso y que establecer sanciones de presidio para quienes difundan información es un exceso que, sin duda, limita la libertad de prensa.

Creemos que, en ese sentido, este tipo de normas que establece sanciones penales va en contra de toda la tendencia internacional en materia de libertad de expresión, que ha avanzado las últimas décadas a evitar establecer sanciones contra periodistas que investigan causas de interés público.

Es decir, el estándar internacional, en los últimos años, ha avanzado justamente a cuestionar que se establezcan sanciones al periodismo. Por tanto, esta propuesta lo que hace, justamente, es ir contra ese estándar internacional.

Y asismismo tiene una modificación esta propuesta que corresponde al artículo segundo, que viene a agregar en el artículo 161 C del código penal, el aumento también de las sanciones a quien difunda. De hecho, el texto dice que el que difunda o divulgue las piezas o antecedentes de una investigación penal será sancionado con reclusión menor en su grado medio o multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales.

Es decir, acá hay dos elementos complejos, que son dos modificaciones: una al Código Penal y otra al Código Procesal Penal, que lo que hacen es aumentar las sanciones para quienes difundan información de las carpetas investigativas. Eso nos parece grave. Esa sanción nos parece que no corresponde y que tampoco va a solucionar el problema de la filtración de las carpetas investigativas, ya que no son los periodistas quienes filtran la información de las carpetas.

—¿Qué implicancias tendría esta ley para el trabajo de periodistas que cubren temas judiciales, de corrupción o de crimen organizado?

—Yo pienso que la primera implicancia, es que este tipo de normas funcionan como prácticas limitantes al ejercicio del periodismo. Es decir, va a ser muy difícil que un periodista se arriesgue a ir a reclusión menor o a una multa de 100 a 500 UTM con tal de publicar una información. 

Entonces, son medidas que lo que buscan es evitar el avance de investigaciones en causas de interés público. Pienso que esa es una primera limitancia. Y dos, es que quienes sí, pese a estas sanciones, decidan hacerlo, decidan publicar la información, se van a enfrentar a situaciones de riesgo para el periodismo, con sanciones que, de alguna forma, dañan de manera importante el Estado de derecho, porque, efectivamente, estos resguardos de información de carpetas investigativas ya están establecidos en la ley. Entonces, nos parece que son propuestas que ponen en riesgo la labor de las y los periodistas, y ponen en riesgo a las y los periodistas en sí mismos.

—¿Esta ley podría dar pie a formas de censura previa o autocensura?

—Yo creo que este tipo de propuestas de norma buscan funcionar como mecanismos de autocensura, efectivamente, y también son herramientas que estimulan el acoso judicial contra periodistas. Porque podría pasar que, en algún caso, un periodista que fuera denunciado por filtrar información se considerara, por ejemplo en tribunales, que es de interés público y no llevara sanción, pero ese mismo profesional podría tener muchas causas.

Hoy día, justamente, observamos que el año 2024 el mayor nivel de agresiones a periodistas se llevó a cabo a través de acoso judicial, en este caso, principalmente por injurias y calumnias, que también es una figura que está en el Código Penal y que hoy día Chile tiene un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que hay que sacar la injuria y la calumnia de las sanciones penales. Entonces, estamos observando una moción del Senado que va en retroceso justamente a lo que los fallos internacionales dictan en materia de sanciones penales.

—¿Qué acciones ha tomado el Colegio de Periodistas frente a esta moción?

—Bueno, nosotros hemos sacado una declaración planteando nuestra postura. Vamos a presentarla también a la Comisión de Constitución del Senado. Estamos trabajando en una estrategia de incidencia con las y los senadores para profundizar este debate, y estamos trabajando en alianza con distintos organismos de periodistas, como la Federación de Medios de Comunicación. Nos interesa que otros sectores del mundo de la comunicación también se involucren en este debate.

Las asociaciones de medios de comunicación tienen que estar también presentes en esto, y estamos haciendo una estrategia justamente para poder dialogar con las autoridades públicas y que evidencien que aquí hay una acción peligrosa frente a la libertad de prensa. De todas maneras, hemos visto que la reacción desde otros sectores políticos y desde otras autoridades públicas frente a esta propuesta de norma ha sido cuestionar la moción, lo que nos parece una señal importante en ese sentido.

—¿Por qué esta discusión no solo debe importarle a la prensa, sino a toda la sociedad?

—Bueno, yo creo que, en general, la ciudadanía reacciona bastante bien cuando se enfrenta a temas de limitaciones a la libertad de expresión y de prensa. Yo creo que la gente, la ciudadanía, entiende que cuando la información de interés público se pone a disposición del bien común, permite que nos enteremos de situaciones relevantes para el país. Pensemos que casos como Soquimich, el caso Penta o la corrupción en el Ejército no podrían haber sido conocidos por la opinión pública si no hubieran sido difundidos por periodistas de investigación, quienes estaban llevando los casos mientras se realizaban las investigaciones.

Es decir, creo que en este sentido es importante también recordarle a la ciudadanía que sabemos de los casos de corrupción más importantes en el país gracias a la labor de periodistas que, de manera ética y correcta, pusieron a disposición de la opinión pública información clave en el momento para abordar temas de interés público.

—¿Qué mensaje le daría usted a las y los periodistas jóvenes que están comenzando en la profesión y se enfrentan a este tipo de amenazas a la libertad de prensa?

—Yo creo que es importante señalarle a las nuevas generaciones de periodistas que la libertad de prensa y la libertad de expresión no son garantías que, por estar ya instaladas en las constituciones o en las leyes, se vayan a respetar y sostener por sí mismas. Son ámbitos que tenemos que estar monitoreando. Tenemos que estar en alerta, tenemos que también ejercer estos derechos humanos fundamentales y defenderlos cuando se ponen en riesgo.

Mi invitación a las y los periodistas en formación es que se formen en materia de libertad de expresión, que conozcan sobre todo las legislaciones nacionales, en este caso la Ley de Prensa, la Ley 19.733, que ya establece algunos ámbitos de focalización en materia de interés público y de investigaciones judiciales, y que estén muy atentos respecto a que, para informar bien a la ciudadanía, para informar para el bien común, las y los periodistas tenemos que movernos bajo un compromiso irrestricto con la ética profesional. Es decir, poner a disposición información de interés público evidentemente conlleva una gran responsabilidad, y tenemos que ser conscientes de aquello.

Justamente, este tipo de mociones nos sirven para volver a reflexionar respecto a que un país con una democracia sana tiene que estar en alerta en estos temas, para resguardar siempre un derecho tan importante como es la posibilidad de que las y los periodistas realicen su labor informativa en contextos de seguridad.

Por Camila Silva Cortés