México: Ataque incendiario a camiones mineros en Carretera de Guerrero

El 5 de julio de 2025, civiles armados quemaron al menos siete tráileres de Minera Capela (Grupo Peñoles) en la carretera federal Iguala-Teloloapan, Guerrero. Los ataques coordinados ocurrieron en tres puntos estratégicos: Tehuixtla, Xalostoc y Pachivia, paralizando el transporte de minerales.

El proyecto pertenece a Alejandro Baillères con una participación del 44% en las Industrias Peñoles, que son poseídas de manera indirecta por medio de un fideicomiso familiar del que es beneficiario en un 83%.

La violencia contra la infraestructura minera expone la frágil seguridad en el norte de Guerrero

Según reportes de pobladores locales, los ataques comenzaron cerca de las 15:00 horas cuando grupos armados bloquearon la vía federal para incendiar las unidades de transporte pesado.

Las llamas consumieron los camiones tipo góndola cargados con concentrados minerales, generando columnas de humo visibles desde comunidades aledañas a la mina subterránea Capela, operada por Peñoles desde 2020 con inversiones superiores a 340 millones de dólares.

Hasta la noche del 6 de julio, ninguna autoridad estatal o federal había confirmado oficialmente los hechos, pese a que transportistas locales vinculan los ataques con el cobro de extorsiones por parte de La Familia Michoacana.

La organización controla territorios en Teloloapan desde 2024, cuando desplazó a grupos de autodefensa comunitaria mediante enfrentamientos que obligaron al despliegue de fuerzas federales.

La mina Capela, ubicada a 670 metros de profundidad, produce diariamente 3,600 toneladas de concentrados de zinc, plomo y cobre.

Su operación tecnificada contrasta con la realidad de Guerrero, estado donde el 66% de la población vive en pobreza pese a su riqueza mineral.

Expertos consultados por Proceso señalan que este ataque refleja el patrón de violencia extractiva en la región, donde grupos criminales imponen ‘derechos de piso’ a empresas mineras mientras comunidades como Carrizalillo enfrentan amenazas de muerte por defender sus tierras comunales.

El silencio institucional tras el ataque evidencia la complicidad estructural que permite a grupos armados actuar con impunidad en zonas mineras estratégicas.

El Ciudadano