La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum desmintió este lunes las acusaciones que vinculan al boxeador Julio César Chávez Jr. con la delincuencia organizada y su conexión con el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), exigiendo pruebas contundentes durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Fiscalía Mexicana Confirma Orden de Aprehensión desde 2023
Durante su conferencia del 7 de julio, la mandataria Claudia Sheinbaum subrayó que ‘las acusaciones deben demostrarse con evidencias’ y recordó que ‘en México toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario’.
Su declaración responde a las versiones mediáticas que asocian al hijo del legendario boxeador Julio César Chávez con el Cártel de Sinaloa tras su detención en Los Ángeles el 2 de julio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU., donde enfrenta cargos por tráfico de armas y vínculos con el crimen organizado.
La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana, dirigida por Alejandro Gertz Manero, confirmó que existe una orden de aprehensión activa contra Chávez Jr. desde marzo de 2023 por ‘delincuencia organizada y tráfico de armas’.
Gertz Manero reprochó públicamente a las autoridades estadounidenses por permitir el ingreso y residencia del boxeador en su territorio pese a conocer dicha orden, señalando que durante año y medio solicitaron su extradición sin respuesta.
Sheinbaum enfatizó que su administración ‘no establece relaciones de contubernio con nadie’ y defiende un proyecto basado en ‘honestidad y justicia’, rechazando lo que calificó como una narrativa política para desprestigiar a la 4T.
La tensión se enmarca en un contexto más amplio de señalamientos de narcopolítica en México. Analistas como Raymundo Riva Palacio advierten que las acusaciones de vínculos entre el gobierno y cárteles persistirán como ‘una constante fuente de tensión’, mencionando casos como las sanciones a la casa de bolsa Vector por presunto lavado para el narco, vinculada al exjefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo.
El arresto de Chávez Jr. exhibió falencias institucionales, ya que la orden de captura mexicana permaneció sin ejecutarse por más de dos años pese a su notoria presencia pública. Expertos en seguridad señalan que esto refleja patrones de negligencia en casos de alto perfil relacionados con el crimen organizado, donde investigaciones avanzan lentamente pese a tener alertas tempranas.
.Organismos internacionales como Human Rights Watch han documentado persistentes debilidades en el sistema judicial mexicano, destacando que solo el 1% de los delitos cometidos en 2022 fueron resueltos.
Esta ineficacia contrasta con la retórica gubernamental de combate a la impunidad. Mientras Chávez Jr. enfrenta procesos legales en EE.UU. que podrían derivar en su deportación a México, el juez federal de Baja California rechazó este 8 de julio suspender la orden de aprehensión en su contra, aunque concedió un amparo contra la incomunicación durante su eventual detención.
Sheinbaum reiteró que espera ‘la deportación para que cumpla la sentencia en México’, un caso que pone a prueba la coordinación bilateral en seguridad y los fundamentos éticos del proyecto de la Cuarta Transformación.
El Ciudadano
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