El diputado Cristian Tapia Ramos, presidente de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, cuestionó duramente al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, tras sus declaraciones en el podcast «Lo que importa» del periodista Daniel Matamala, emitido el pasado 3 de julio.
En una carta formal enviada el 8 de julio, Tapia rechazó categóricamente que Pacheco haya atribuido a un informe privado, encargado por el empresario Francisco Javier Errázuriz, la cifra de US$ 6.700 millones señalada como pérdida para el Estado en el acuerdo suscrito entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama.
“Esa afirmación que Ud. hace de forma asertiva en una entrevista pública en su calidad de presidente del directorio de Codelco, refiriéndose a un informe oficial de la Cámara de Diputados, es manifiestamente falsa”, señaló el parlamentario en la misiva.
Según Tapia, dicha cifra fue calculada por la comisión parlamentaria en función de comparaciones con transacciones similares, como la compra de la empresa Arcadium Lithium por parte de Río Tinto en 2024. “La comparación sugiere que el valor mínimo de mercado del 50% del Salar debería bordear esa cifra”, se indica en el informe oficial aprobado por la comisión el 19 de mayo.
Tapia también refutó la supuesta relación entre el informe parlamentario y el estudio de la consultora Quiroz & Asociados, encargado por el Grupo Errázuriz. Afirmó que este último “fue dado a conocer mediante un artículo de prensa publicado en el diario El Mercurio el día 25 de mayo de 2025”, posterior a la aprobación del informe de la comisión.
“Nunca se recibió ni se tuvo en consideración el informe señalado, el cual además señala una cifra muy distinta a la que nosotros estimamos como perjuicio al Estado”, insistió Tapia.
El diputado lamentó profundamente lo que considera una conducta inaceptable por parte de la máxima autoridad de una empresa estatal como Codelco. “A lo que Ud. no tiene derecho es a faltar a la verdad públicamente, denostando infundadamente el trabajo que realizamos”, sentenció.
La Comisión Especial Investigadora estuvo encargada de revisar los actos del Gobierno, de Codelco y Corfo en torno al acuerdo con SQM, así como la compra de la mina Salar Blanco en Maricunga. El informe final fue respaldado por una mayoría transversal en la Cámara, y ha sido centro de debate por sus duras críticas al proceso de negociación directa llevado a cabo por la estatal.
El Ciudadano