Inédita decisión judicial: siete empresas fueron imputadas por receptación de madera robada en La Araucanía

La Fiscalía de La Araucanía imputó a siete empresas madereras por receptación de madera robada, en un hecho inédito en Chile. La investigación, liderada por el fiscal Enrique Vásquez y el OS-9, reveló la compra de 2.300 m³ de madera ilícita. Se enfatiza que el objetivo fue "romper la cadena del delito", persiguiendo no solo a la banda liderada por Miguel Terán y Emanuel Espinoza, ya condenados, sino también a quienes "adquirieron la madera sabiendo su origen ilícito".

Inédita decisión judicial: siete empresas fueron imputadas por receptación de madera robada en La Araucanía

Autor: Seguel Alfredo

Imputan por primera vez a empresas por comprar madera robada en La Araucanía

En un hito para el sistema judicial, la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía formalizó a siete empresas madereras por el delito de receptación de madera robada, según confirmó el fiscal Enrique Vásquez en colaboración con el OS-9 de Carabineros. La investigación, que abarcó operaciones ilícitas durante 2022, demostró que las compañías adquirieron más de 2.300 metros cúbicos de madera sustraída de predios de Forestal Mininco en Galvarino y Collipulli, según detalló Radio Cooperativa.

Las empresas imputadas son: las empresas Laminadora Los Ángeles S.A., Forestal Javier Pezoa EIRL, Inversiones Rayenco Ltda., Maderas Río Blanco SpA, Aserraderos Los Castaños Ltda., Servicios Forestales Rosario Ltda. y Procesadora de Madera Los Ángeles S.A. (PROMASA).

El fiscal Vásquez enfatizó que el objetivo fue «romper la cadena del delito», persiguiendo no solo a la asociación ilícita liderada por Miguel Terán y Emanuel Espinoza, ya condenados a 5 años de presidio (por hurto y asociación ilícita para la sustracción de madera), sino también a quienes «adquirieron la madera sabiendo su origen ilícito».

Seis de las compañías aceptaron una suspensión condicional del procedimiento, comprometiéndose a pagar entre todas, $80 millones en beneficio de escuelas rurales de Galvarino. Sin embargo, PROMASA rechazó el acuerdo, por lo que el Ministerio Público prepara una acusación en su contra. «La investigación continúa contra la persona natural que gestionó la compra y la empresa que omitió precauciones», advirtió Vásquez.

El caso marca un precedente legal, al ser la primera vez que se imputa a personas jurídicas por receptación en Chile. El fiscal subrayó que la investigación aún incluye a tres empresas pendientes de formalización, lo que podría ampliar el impacto del fallo. Las pruebas recabadas por el OS-9 demostraron que las firmas no verificaron la procedencia de la madera, pese a las irregularidades en su cadena de suministro.


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