En un contexto regional marcado por la judicialización de la política, el uso estratégico del sistema legal para perseguir adversarios (lawfare)y la creciente desconfianza ciudadana hacia la justicia, un grupo de abogados chilenos ha fundado la Asociación de Juristas por la Democracia (AJD).
La iniciativa busca articular esfuerzos para defender el Estado de Derecho, enfrentar la corrupción judicial y garantizar el debido proceso en América Latina, ante la persecución judicial contra movimientos sociales y comunidades indígenas, el lawfare contra liderazgos políticos y la falta de justicia frente a violaciones de derechos humanos.
«Tenemos particularmente en Poder Judicial una grave crisis. Una grave crisis que se remonta a los tiempos de la dictadura (de Augusto Pinochet) donde no cumplió su deber de administrar justicia. Donde posteriormente durante el estadio social también expresó un compromiso con la impunidad con los violadores de derechos humanos y luego se demostró que hay una corruptela entre el poder judicial y los poderes económicos, políticos en este país, que hacen imposible pensar de que estamos ante la presencia de los tribunales imparciales independientes que cumplan su labor de proteger los derechos de la ciudadanía», indicó el presidente de la AJD, el abogado Carlos Margotta.
De acuerdo con la periodista de HispanTV, Beatriz Mitchell, con la participación de másde cincuenta juristas, la asociación busca generar insumos para un debate sobre el rol que debe cumplir el poder judicial.
Asimismo, tiene como objetivo dar una respuesta colectiva ética al avance de la instrumentalización del sistema de justicia con fines políticos que ha sido utilizado en contra de liderazgos progresistas y transformadores en la región como el del presidente de Brasil, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva y los exmandatarios de Perú, Pedro Castillo y Ecuador, Rafael Correa.
«La AJD nace como una respuesta colectiva ética al avance de la instrumental del sistema de justicia con fines políticos el lawfare es utilizado en contra del liderazgo liderazgos políticos transformadores, sea proyectos que de hecho buscan el avance de nuestros pueblos, y el respeto de los derechos sociales», Anguli Tostes, abogada brasileña y fundadora de la agrupación.
Lawfare contra Daniel Jadue
A estos casos se suma el caso del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) , el cual ha evidenciado la politización de la justicia.
A pesar de más de tres años de investigación, de la inexistencia de un riesgo procesal actual y de la conducta plenamente colaborativa del exjefe comunal, la justicia chilena ha optado por dejarlo por más de un año privado de libertad sin un juicio, ad portas de las elecciones presidenciales para las que él era un posible candidato.
Al respecto, un grupo de 500 juristas, acompañado de académicos, defensores de derechos humanos y personalidades del mundo político y cultural provenientes de Chile, Brasil, Argentina, España, Australia, Suecia, Noruega, Canadá, Perú, Estados Unidos, Colombia, México, Ecuador, El Salvador, Portugal, Italia y Bélgica, entre otros, suscribieron recientemente una declaración pública para denunciar la naturaleza política de su prisión preventiva, además de exigir su liberación inmediata, alertando sobre el uso instrumental del sistema judicial para la neutralización de adversarios políticos en Chile.
Corrupción en el sistema judicial de Chile
En enero de 2025, la encuestadora Signos reveló un fuerte deterioro en la percepción ciudadana sobre el Poder Judicial en Chile
El estudio reveló que un 78,8% de los encuestados tiene “menos confianza” en el sistema judicial en comparación con el año anterior, mientras que solo un 21,2% mantiene su nivel de confianza. La opción “más confianza” no obtuvo respuestas.
Asimismo, un 88,6% de los consultados afirmó que hay un nivel alto de corrupción en el Poder Judicial, frente a un 7,3% que lo descarta y un 4,1% que no tiene una opinión formada al respecto. La percepción negativa se profundizó con la identificación de prácticas corruptas, donde un 98,2% considera que existe tráfico de influencias y un 93,1% apunta a filtraciones malintencionadas a los medios de comunicación.
«Creemos que hoy día, la debilidad en las democracias no solamente está desde el punto de vista de golpe de Estado a través de militares como era en la década de los sesenta, setenta, sino que fundamentalmente precisamente la soberanía y la independencia del sistema democrático de cada uno de los países», planteó la aboga defensora de Derechos Humanos, Alejandra Arriaza, quien forma parte de la asociación.
Al respecto, los integrantes de la AJD están dispuestos a trabajar en promover una reforma profunda al poder judicial y reafirmar el debido proceso.
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